México, Estado vasallo de Washington versus Venezuela
Carlos Fazio
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Rebelión
23 mayo, 2017
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El modelo de dominación estadunidense sobre
México se basa en la doctrina de la “soberanía
limitada”, y se realiza bajo la forma indirecta de control ..
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Tras la llegada al poder de los unipolaristas y
militaristas de la Casa Blanca, México va camino a convertirse en el principal
Estado satélite regional de Washington. Según el Diccionario de
política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, el término califica la
condición “paracolonial” de sujeción
y dependencia de un Estado respecto a otro. Satélite es el Estado cuya
actividad política, económica y militar, interna e internacional, es
dependiente del Estado dominante. La condición de satélite conlleva de hecho
(si no de derecho) la pérdida de la independencia y la soberanía nacionales. El
Estado satélite no está en condiciones de ejercitar una política exterior
autónoma, aunque conserve de manera formal, nominal o relativa todos los
simulacros de la independencia y la soberanía.
El modelo de dominación
estadunidense sobre México se basa en la doctrina de la “soberanía limitada”, y se realiza bajo la forma indirecta de
control ideológico, político, económico y militar. Pero a su cualidad de
satélite México suma en la coyuntura su condición de vasallo, término que
designa comúnmente al Estado que está subordinado política e ideológicamente a
una potencia, especialmente en el contexto de un sistema internacional
premoderno. Verbigracia, el actual papel de la “diplomacia” mexicana en el seno de la Organización de Estados
Americanos (OEA), añejo instrumento de control semicolonial de EU de la época
de la guerra fría, donde el vasallaje −antaño como ahora− implica
obligaciones de apoyo político y asistencia militar subordinada al poder
hegemónico.
La asimétrica lógica
imperial inter-hemisférica se aplica bajo la fórmula hegemonía + violencia, lo
que implica desde las contrapartes más débiles de la relación vasallaje +
obediencia. En ese sentido, por mandato de Washington a últimas fechas México
se ha convertido en un agente ralentizador del proceso integracionista
subregional desde su interior; en una quinta columna que de manera
colaboracionista con el poder imperial ha venido trabajando para provocar la
implosión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
organismo intergubernamental (sin EU y Canadá) heredero del Grupo de Río.
En la fase actual EU tiene
en la mira a Venezuela. La estrategia de guerra no convencional −con eje en la
inteligencia tecnológica, las operaciones sicológicas, la manipulación
propagandística, la distorsión informativa y la fabricación de percepciones vía
la intoxicación de noticias falsas− se lleva a cabo desde el Comando Sur del
Pentágono, a cargo del almirante Kurt Tidd, en estrecho contacto con el
consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, general H.R. McMaster.
Como antes en Libia, o
Siria, en el marco de la “Operación
Venezuela Freedom 2” es previsible que la estrategia imperialista dirigida
a generar una guerra civil en Venezuela, cuenta de tiempo atrás con fuerzas
especiales que actúan de manera clandestina en territorio venezolano y que en
caso de una intervención militar directa del Pentágono serán apoyadas (la
denominada “fase tenaza”) por
infantes de marina de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (US military's Joint
Task Force Bravo), ubicada en la base aérea de Soto Cano (Palmerola), Honduras,
y tropas aerotransportadas de despliegue rápido de la base FOL (Lugar de
Operaciones de Avanzada) de Leticia, en Colombia.
A su vez, la sala de comando
político del golpe de Estado contra Venezuela está instalada en la OEA, y como
Estado vasallo de Washington, México ha sido llamado a jugar un papel singular.
Por instrucciones del aprendiz de canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique
Peña Nieto, el representante mexicano ante el organismo, el protagónico Luis de
Alba, desempeñó un rol clave el pasado 3 de abril, cuando en una sesión ilegal
se dio un golpe institucional en el organismo.
Tras despojar de la
presidencia y vicepresidencia pro tempore de la OEA a Bolivia
y Haití, De Alba instó en dos oportunidades a votar un documento injerencista
contra Venezuela sin votación (por consenso), y cuando vio que no contaba con
los votos necesarios pidió un receso para hacer el control de daños. Reanudada
la sesión, en otro acto fraudulento impulsó un “consenso por mayoría” (sic), lo que a la postre, tras el
falso supuesto de que se había aprobado la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, dio
vía libre a la escalada de manifestaciones opositoras armadas de corte
terrorista, que en 50 días ha dejado como saldo una treintena de
muertes.
La
larga mano de Washington en la escalada terrorista
En su fase actual de escalamiento del conflicto, que
incluye el asedio y hostigamiento de embajadas y funcionarios diplomáticos
venezolanos en el mundo (por ejemplo en España y México) por turbas de
clase-medieros en el exterior, el plan de intervención encubierta de Estados
Unidos en Venezuela se está aplicando con base en una estrategia donde se
articulan diversas formas de lucha, entre ellas, movilizaciones pacíficas
combinadas con barricadas y una violencia callejera de corte paramilitar
catalizada con equipos provistos con armas cortas, explosivos caseros, escudos,
chalecos protectores, guarniciones de brazos y piernas propios de una unidad
antimotín, que ponen en práctica acciones directas similares a los de una guerrilla urbana; operaciones
encubiertas con fuerzas especiales en el terreno; sabotajes y saqueos, a lo que
se suma una guerra mediática que utiliza un lenguaje orwelliano (doble-habla),
bi-conceptual o doble estándar, salpicado con el manejo de propaganda blanca,
gris y negra.
Con una amplia y programada
cobertura mediática de exportación internacional con un sesgo
político-ideológico predeterminado y que sigue el guión maniqueo: “Maduro dictador” vs. “Oposición democrática”, las marchas “pacíficas” y actos vandálicos
−impulsados y financiados por los políticos y empresarios golpistas de 2002 y
la red de agencias de Washington−, están concentradas en menos del 1% del
territorio nacional venezolano; en 19 municipios controlados por la derecha,
siendo el foco principal del terrorismo neonazi el municipio de Chacao, de
aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. En el resto del país la vida sigue con
normalidad.
Cada día las imágenes
exhiben que los protagonistas de la violencia callejera (donde hay
paramilitares y francotiradores infiltrados y bandas de malandros pagados
como mercenarios) están pertrechados con escudos y costosos equipos de ataque:
máscaras antigases, atuendos especiales y armas contundentes diversas, algunas
de fabricación artesanal o casera, pero las corporaciones mediáticas los
presentan como los modernos “luchadores
por la libertad”, recuperando la denominación aplicada por Ronald Reagan a
la “contra” nicaragüense en su guerra
clandestina contra el gobierno sandinista en los años ochentas.
Inscritas en la “agenda común” de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD), los empresarios de Fedecámaras y los obispos conservadores
católicos, las acciones clasistas y racistas para “calentar la calle” –incluido el ataque contra un hospital materno
infantil con 54 niños en su interior y la quema del joven Orlando Figuera cerca
de la plaza Altamira, en Chacao, por parecer “chavista”− y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un
enfoque de “cerco y asfixia” operado
por el almirante Tidd desde el Comando Sur, siguen los patrones de los manuales
de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EU, como la Circular de
Entrenamiento 18-01 sobre la guerra no convencional.
Otro
objetivo: “Hacer gritar la economía”
La guerra irregular o asimétrica funde las doctrinas
de la manipulación sicológica vía grandes corporativos mediáticos tipo CNN,
O’Globo, Televisa o Newsweek con la guerra económica de monopolios y
oligopolios transnacionales y venezolanos, que siguen el esquema aplicado en
Chile por la administración Nixon, su secretario de Estado Henry Kissinger y la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) con Richard Helms, para derrocar mediante
un golpe militar al presidente constitucional Salvador Allende.
Entonces en Chile, como
ahora en Venezuela, se trata de “hacer
gritar la economía”. De allí que desde el fallido golpe de Estado de 2002,
un grupo de corporaciones transnacionales y oligopolios locales vienen
impulsando el desabastecimiento selectivo y programado de alimentos (Alimentos
Polar de Lorenzo Mendoza; Cargill Venezuela, Heinz, Nestlé y Hermanos Herrera
C.A., empresa distribuidora de Kellog's, General Mills y Procter & Gamble),
lo que mediáticamente es difundido bajo matrices simbólicas equivalentes a “largas colas” y “hambruna”; de productos farmacéuticos y medicinales (Abbott,
Roche, Novartis, Bayer, Pfizer, Sanofi, Merck, Astrazeneca, Glaxo); de
productos de higiene personal (Johnson & Johnson, Kimberly Clark,
Colgate-Palmolive); maquinaria y repuestos, alterando, boicoteando o saboteando
de manera facciosa los mecanismos de distribución, a lo que se suman la
inflación inducida y el bloqueo comercial y financiero internacional encubierto
de las corporaciones del ramo (Moody´s Investors, Standar & Poor’s, Fitch
Ratings, Credit Suisse, Bank of America, J.P.Morgan, Morgan Stanley y Deutsche
Bank).
México,
segundo país más letal del mundo
En ese contexto, en su papel de Estado satélite y como
medida de presión contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás
Maduro, México, país considerado por el Instituto de Estudios Estratégicos de
Londres (IISS, por sus siglas en inglés) con más asesinatos en el mundo en 2016
a consecuencia de la guerra al
narcotráfico, sólo detrás de Siria (que vive una guerra civil con
intervención extranjera), ha venido impulsando entre los países de la Alianza
del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) el retiro de embajadores y reducir sus
misiones en Caracas a nivel de encargados de negocios, como paso previo a una
eventual ruptura de relaciones diplomáticas en la OEA; lo que sin duda fue un
tema abordado en la reciente entrevista entre los presidentes Donald Trump y
Juan Manuel Santos en la Casa Blanca.
La calificación de México
como el segundo conflicto más letal del orbe −es decir, con niveles de
violencia de un país en guerra abierta− y con una intensidad consistente en los
últimos diez años a la par de lo que ocurre en Siria, Afganistán y Yemen, lo
hace impresentable para hablar de la aplicación de “cartas democráticas” contra terceros países. Máxime, cuando a
diferencia de Venezuela, donde no hay un sólo medio de prensa censurado ni un
solo periodista preso, muerto o desaparecido, México lleva el triste récord de
126 periodistas asesinados y 50 desaparecidos del año 2000 a la fecha.
En eso, también, resalta el
doble rasero de la OEA y Washington por razones político-ideológicas. En ese
contexto, y a instancias de la dupla McMaster/Tidd en aplicación de la “fase tenaza” de la Operación Venezuela Freedom 2, es previsible que en la reunión de
cancilleres prevista para el 31 de mayo, la OEA eche a andar un bloqueo
financiero y comercial contra Venezuela, como los aplicados en tiempos pasados
contra Cuba y Nicaragua; para ello Washington viene presionando a los países
angloparlantes del Caricom. La intervención militar multilateral está en el
último lugar de las opciones.
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