viernes, 19 de mayo de 2017

CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO: pueblos por la vía legal y la movilización pacífica

Más de 100 conflictos sociales por minería en México
Por Nancy Flores
Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017
17 mayo, 2017

Entre enero y mayo de este año se han intensificado 17 movimientos sociales contra la minería; pero son más de 100 conflictos activos derivados de la indiscriminada concesión del territorio mexicano a la industria extractiva. Los megaproyectos, impuestos sin consulta previa.
Hasta el Telpizáhuatl, el cerro más alto de Juba Wajíin (o San Miguel del Progreso, en español) llegó la amenaza de la minería. Enclavada en La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, la comunidad indígena me’phaa se enfrenta a la primera etapa de un megaproyecto extractivo: la declaratoria que libera las tierras a favor del capital minero.
El de Juba Wajíin es uno de los 17 movimientos de resistencia contra la minería que se han intensificado en lo que va de este año; además, desde 2011 (cuando estalló) forma parte de la lista de 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país.
De ese centenar, en Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva, refiere el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico, de la maestra Sol Pérez. Y el de Juba Wajíin se intensificó en marzo pasado, porque el sistema judicial ha omitido proteger los derechos de los afectados.
Por ello, la comunidad me’phaa se enfrenta a la segunda liberación de su territorio para concesiones mineras, decretada en 2016 por la Secretaría de Economía. “La libertad de los terrenos es para que cualquier empresa interesada los tome”, explica en entrevista con Contralínea la abogada de la comunidad, Maribel González Pedro.
La declaratoria de libertad es el acto por medio del cual la autoridad permite a las empresas mineras (nacionales o extranjeras) presentar solicitudes de concesiones para exploración y explotación de minerales, refiere información de la Secretaría de Economía.
“La comunidad de San Miguel del Progreso ha manifestado que la declaratoria emitida por la Secretaría de Economía vulnera sus derechos como pueblo indígena, incluido el de la propiedad territorial, porque ese acto de la autoridad derivará en la concesión y [posteriormente] en un proyecto minero, sin que se les haya consultado al respecto”, dice la abogada González Pedro, integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Al igual que en otros conflictos –como el de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla (Contralínea 535)–, en el de Juba Wajíin se omitió consultar previamente al pueblo originario, pese a que el Estado mexicano está obligado a hacerlo por diversos tratados internacionales, en especial por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la propia ley local.
“Sobre la [falta de] consulta, la Secretaría de Economía ha dicho que no se viola ningún derecho porque la liberación no es un proyecto minero. Además, argumenta que [en el caso de Juba Wajíin] no se trata de una comunidad indígena y que no va a ser afectado su territorio”, señala la abogada de Tlachinollan.
González Pedro aclara que la afectada sí es una comunidad indígena: los me’phaa o tlapanecos. Además, la abogada subraya que la ausencia de consulta sí viola el derecho de los indígenas a decidir sobre el destino de su tierra.

En Juba Wajíin habitan unas 3 mil 800 personas que, en su mayoría, son productores agrícolas de subsistencia, indica el Centro de Derechos Humanos de La Montaña. Agrega que la comunidad obtuvo, desde 1994, el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 6 mil 801-34-13.4 hectáreas, para beneficio de 420 comuneros, “acreditando así la posesión de su territorio con un carácter comunitario e indígena”.
La lucha
A Juba Wajíin le cayó el Corazón de Tinieblas –como se le denominó a la doble concesión minera– en 2011 y, desde entonces, la amenaza de la destrucción se ha incrementado. Por eso los me’phaa han emprendido dos rutas de defensa: “la vía legal y la movilización pacífica, en una lucha regional por el territorio de La Montaña de Guerrero”.
Por la vía jurídica, en el juicio de amparo 429/2016 la comunidad pide que el decreto de Economía se declare nulo, porque no fue consultada y porque las tierras indígenas están protegidas, explica la abogada González Pedro.
“Éste es el segundo amparo que promueve la comunidad en contra de la amenaza sobre su territorio por la actividad minera. La primera acción legal inició en julio de 2013 y la revisión del amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la discusión en torno al tema no se dio, porque la Secretaría de Economía canceló las concesiones que afectaban el territorio indígena y la Primera Sala de la Suprema Corte sobreseyó el caso [en 2016]”.
La abogada detalla que habían pedido a la Primera Sala no sobreseerlo porque la Secretaría tiene la facultad, porque así lo marca la Ley Minera, de liberar los terrenos 30 días después de que las empresas desistan o cancelen sus concesiones. “Pero la Corte no fue al fondo del asunto y lo sobreseyó. Y eso es lo que pasó: Economía emitió nuevamente la libertad de los terrenos”.
Maribel González recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sola amenaza a tierras indígenas es razón suficiente para que las comunidades puedan ampararse.
“Ahora la juez Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, tiene en sus manos una decisión muy importante: la protección del territorio indígena en La Montaña de Guerrero”, indica la abogada.

En caso de que se les niegue el amparo, los indígenas se irán al recurso de revisión, además del proceso de organización comunitaria que llevan, dice González Pedro.
Los 16 conflictos reactivados
Guerrero no es la única entidad federativa azotada por la conflictividad minera. En el documento Impacto de la minería metálica en el recurso hídrico –de la investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sol Pérez–, se advierte que son 103 conflictos vigentes a lo largo del país.
Según el análisis, es Chihuahua la entidad con más problemas de este tipo, al registrar 13 conflictos; le sigue Zacatecas, con 12; Puebla, con ocho; Oaxaca, con siete; Chiapas, Michoacán, Baja California Sur y Sonora, con cinco cada una; San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima, con cuatro; Veracruz, Querétaro e Hidalgo, con tres; Jalisco, Coahuila y Estado de México, con dos; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente.
Además del conflicto de Juba Wajíin, otros 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año, revelan datos recabados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.
Ahí, a inicios de mayo­, vecinos de la comunidad Nuevo Balsas pidieron la intervención del relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Leo Heller. Y es que poseen un estudio que comprueba que el agua del río Balsas que consumen está contaminada 300 por ciento más de los límites permisibles por los trabajos de la minera Media Luna.
Otro es el de Miacatlán, Morelos, profundizado por los supuestos sobornos y apoyos que estaría entregando la trasnacional de origen canadiense Álamos Gold a afectados, y con ello desactivar el conflicto, según denunció el pasado 8 de mayo el Movimiento de Ciudadanos Morelenses contra la Minería. El megaproyecto busca explotar siete concesiones sobre 16 mil hectáreas en Miacatlán, Xochitepec y Temixco.
En los 17 conflictos también se encuentra el de Santiago Laollaga, Oaxaca, en resistencia contra las concesiones mineras a favor de Cementos Apasco, SA de CV; Minera Plata Real, S de RL de CV, y Cooperativa la Cruz Azul, SC. Ahí, comunidades zapotecas buscan reunir más de 7 mil firmas, interponer un amparo colectivo y crear la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño.
También el de Ixtacamaxtitlán, Puebla, ahondado porque empleados de la trasnacional canadiense Almaden Minerals amenazaron e insultaron a habitantes de la comunidad Loma Larga que se oponen al megaproyecto minero Ixtaca, el 1 de mayo pasado. Tres días después, los agraviados fueron citados por la Fiscalía General del Estado para “evitar un proceso jurisdiccional” por impedir los trabajos de explotación en la zona.
En Huauchinango, Puebla, la desesperación de los indígenas totonacos y nahuas de 25 comunidades y municipios de la Sierra Norte –agrupados en la Organización Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio y sus Pueblos– llegó al punto de pedir audiencia con el papa Francisco. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, e incluyó la solicitud al líder espiritual de realizar una oración para que esos pueblos enfrenten las agresiones de los megaproyectos de Wal-Mart, Grupo México, Almaden Minerals, Deselec 1-Comexhidro e ICA.
También en Puebla, un día después, organizaciones civiles, indígenas y activistas ambientales crearon un frente común contra proyectos mineros, hidroeléctricas y de extracción hidráulica, en el marco del foro estatal Por la Defensa del Medio Ambiente y contra el Capitalismo Ecocida, que se llevó a cabo en Izúcar de Matamoros.
Chiapas, una de las entidades con más conflictividad social, también presentó un caso: el 12 de abril, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio denunció contubernio entre el gobierno estatal y la minera Puntal, SA de CV. Pues las autoridades no han atendido las denuncias de hostigamiento, amenazas y bloqueos contra los ejidos que se oponen a la actividad minera.
En Oaxaca se reactivaron tres conflictividades este año. En San Mateo Macuilxóchitl, la asamblea comunitaria denunció a inicios de abril la militarización del estado ante la resistencia de pueblos indígenas a la imposición de megaproyectos mineros. Por ello, acordó impedir la instalación de una base militar en territorio zapoteco.
En el Istmo de Tehuantepec, el representante común de la resistencia a la minería y las altas tarifas de la energía eléctrica de San Pedro Tapanatepec, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el 9 de abril, lo que originó más descontento.
En Guerrero también se registraron más estallidos de descontento social: en la Costa Chica-Montaña, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio –que aglutina a los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos– reactivaron las acciones de oposición a las concesiones mineras en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia.
Mientras que en Cocula y en Chalchihuites, Zacatecas, ocurrieron dos actos de amedrentamiento armado. En febrero, la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que las canadienses Torex Gold Resources y Panamerican Silver recurrieron a la violencia armada para despojar tierras.
Según la organización, el 31 de enero grupos de “civiles” armados instalaron retenes en Atzcala y Mezcala (Cocula), para impedir un bloqueo de opositores a la minería. Ese mismo día, fueron desalojadas 47 familias de la comunidad Colorada (Chalchihuites) por guardias privados –armados– de Panamerican Silver. La empresa destruyó las casas y se apropió del terreno.
En Tepehuacán, Hidalgo, a fines de marzo, habitantes de la comunidad de Otongo de Guadalupe exigieron a la minera Autlán que repare el daño al ambiente que ocasionó con sus labores en la demarcación.

En Valle de Bravo y Temascaltepec, Estado de México, comunidades denunciaron en marzo pasado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las minas La Guitarra y El Coloso, de la canadiense First Majestic, por la contaminación de manantiales y del río Temascaltepec. Demandaron el cierre inmediato de ambos proyectos pues, señalaron, empresa vierte químicos, entierra residuos tóxicos en el subsuelo y realiza explosiones que generan impactos irreversibles.
Otro conflicto reactivado es el de la Sierra Norte de Puebla, donde habitantes de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac tomaron pacíficamente las instalaciones de la Minera Autlán, a mediados de enero, para exigirle frenar su proyecto minero en la Sierra Norte de Puebla. La compañía fue autorizada por la Semarnat para realizar estudios para extracción de oro el 28 de diciembre de 2016.
Pero los megaproyectos mineros son mucho más. Tan sólo en 2015, se contabilizaban más de 300 proyectos extractivos en el país, que se concentraban principalmente en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Taxco, la Cuenca del río Balsas, la sierra de Querétaro, Oaxaca y Chiapas (Ecoosfera, 24 de agosto de 2015).

En el caso de Juba Wajíin la resistencia es total. Para los me’phaa, el terreno liberado para la minería no estará nunca a la venta, pues se trata de un territorio sagrado: en el cerro Telpizahuatl habita Ajkhunn, el señor San Marcos que representa el rayo y que, desde ahí, los protege. Aunque ahora son ellos quienes tienen que socorrer a la deidad: la destrucción de esas tierras podría ocurrir en cualquier momento.