En dos años 166
agresiones contra comunidades indígenas en México por megaproyectos
Universidad Iberoamericana,
Desinformémonos
26 abril, 2017.
Isidro Baldenegro, líder ambientalista y defensor del
bosque y el territorio rarámuri fue asesinado el 15 de enero en Coloradas de la
Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Baldenegro, al igual que
Berta Cáceres, defensora hondureña de los ríos y el territorio, fue reconocido
con el premio Goldman, considerado el Nobel de la defensa del ambiente. A pesar
del reconocimiento internacional, ambos defensores indígenas de la tierra y el
territorio fueron asesinados en un lapso de nueve meses.
El asesinato de Isidro Baldenegro
sucedió, además, durante la visita oficial que el relator especial sobre
la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo a
México a principios de año. Al hacer público su informe preliminar [1] al final de la visita, el relator
Forst denunció este homicidio y pidió un minuto de silencio para honrar a
Isidro junto con todas y todos aquellos que fueron asesinados en México
mientras defendían los derechos humanos [2].
En el marco de la visita del
relator Forst, desde la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México se preparó un informe sobre la situación de las
personas defensoras de la tierra y el territorio en contextos indígenas y
campesinos en México.
En dicho documento, se logró
dar cuenta de 166 agresiones en contra de comunidades campesinas e indígenas de
México, en el contexto de 66 conflictos por la tierra y el territorio
documentados en un ejercicio de seguimiento de prensa en el periodo 2014-2015.
Estas agresiones ocurrieron en 22 estados, principalmente en la zona sur del
país. Es importante enfatizar que Chiapas, Oaxaca y Puebla, los estados en los
que se dieron más agresiones son también tres de las entidades con mayor
presencia de población y territorios indígenas del país. Las formas de
violencia que se registraron abarcan desde 53 episodios de hostigamiento y
amenazas hasta 17 casos de graves violaciones a los derechos humanos como
torturas, desapariciones y asesinatos.
Los conflictos registrados
se dieron en el contexto de proyectos de inversión, infraestructura y
desarrollo con participación de capitales locales y trasnacionales. La disputa
por los territorios y el aprovechamiento de sus bienes naturales no es un tema
menor, y además es una amenaza recurrente para las comunidades indígenas y campesinas
de nuestro país y a lo largo de Latinoamérica. Una peculiaridad de México es
que más de la mitad de la superficie nacional está repartida entre algo más de
30 mil ejidos y comunidades [3], es decir que la tenencia de la
tierra es mayoritariamente social y comunitaria. Por ello, es imposible
plantear grandes obras de infraestructura o proyectos de inversión económica,
sin considerar los derechos e intereses de las comunidades que habitan los
territorios, y cuyo aprovechamiento les está legalmente asignado.
Varias de las modificaciones
constitucionales en la llamada reforma energética de 2013 están encaminadas a
priorizar toda actividad vinculada con la energía (extracción, generación,
distribución) por encima de otros usos de la tierra. La incertidumbre y vacíos
legales al respecto han sido caldo de cultivo para conflictos y abusos contra
las comunidades. En cuatro de cada cinco casos documentados en el informe al
relator hubo violaciones procedimentales, es decir, que se echaron a andar los
proyectos sin respetar mecanismos de consulta y deliberación comunitaria. En
dos terceras partes de estos procesos irregulares se registraron, además, formas
de violencia: ante lo ilegítimo del emprendimiento económico, se recurrió a
agresiones para frenar o distraer el descontento de los pueblos afectados.
Un factor preocupante es que
el Estado es identificado como el responsable de 67 de las agresiones. Ya sea
por la omisión ante violaciones procedimentales y agresiones perpetradas por
particulares, o mediante la participación activa en forma de represión y
persecución judicial, los casos documentados en el informe al relator hacen ver
que el Estado mexicano no cumple con las salvaguardas suficientes y necesarias
para las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos
territoriales.
Como colofón, apenas
terminada la visita del relator, se conoció la noticia de otro asesinato en la
sierra Tarahumara. Juan Ontiveros, líder rarámuri y compañero de Isidro
Baldenegro en la defensa del bosque, fue capturado por hombres armados y
asesinado en la comunidad de Choréachi, también en el municipio de Guadalupe y
Calvo, el 31 de enero. En 15 días, las comunidades de la sierra chihuahuense
perdieron a dos de sus líderes en asesinatos que pese a las promesas, no han
sido esclarecidos por la fiscalía local ni por el gobierno federal.
En un contexto de ausencia
de garantías por parte del Estado, las y los defensores de la tierra y el
territorio en México están sujetos a amenazas y en la mira de graves agresiones
y despojos por la voracidad del mercado y los proyectos económicos, extractivos
y de infraestructura. ¿Quién defiende a quienes defienden el ambiente que nos
sustenta, la casa que compartimos? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos como
sociedad civil a conocer las historias de los defensores en las notas sobre sus
asesinatos?
NOTAS:
[1] Hipervínculo para informe
preliminar de cierre de misión:
[2] Hipervínculo a descripción
sobre defensores de derechos humanos:
[3] Reyes, J.A., J.P. Gómez, R.O. Muis,
R. Zavala, G.A. Ríos y O. Villalobos. 2012. Atlas de Propiedad Social y
Servicios Ambientales en México. Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura. Cooperación Técnica Registro Agrario Nacional – Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. México. 157 pp.
Comentarios