El Estado mexicano
mantiene una política de agresiones y persiste en la estrategia de contrainsurgencia
contra el EZLN
Redacción
Desinformémonos
Foto:
@CdhFrayba
23
diciembre 2016
Ciudad
de México / Desinformémonos. La
lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por los derechos
como pueblos indígenas, así como los proyectos autonómicos que mantiene, “siguen siendo blanco de ataques por
estructuras gubernamentales”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas (Frayba) que recientemente presentó su informe anual “Los caminos de la resistencia”.
En el documento, Frayba
señala que “la disputa por las tierras
recuperadas sigue en marcha, pero encuentra la postura firme de los zapatistas
de construir alternativas al sistema capitalista desde lo local, lo
alternativo, lo comunitario, lo independiente, lo propio, buscando experiencias
de autonomía cada vez más integrales”.
De la misma forma, asegura
que en el estado de Chiapas persiste una situación de conflicto armado interno,
desde que en 1994 nació el movimiento zapatista, el 1 de enero. “Los elementos de análisis que nos conducen
a ello son varios. En primer lugar, no hay un acuerdo de paz y nunca se han
atendido las demandas del EZLN, y en segundo porque con acción y aquiescencia,
el Estado mexicano mantiene una política de agresiones y también persiste en la
estrategia de contrainsurgencia implementada por los distintos niveles de
gobierno”.
El informe también denuncia
que agentes del Estado, de todos los niveles de gobierno, continúan como
colaboradores en las amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados,
encarcelamientos, liberación de órdenes de aprehensión y la disputa de las
tierras.
Sin embargo, “persiste la resistencia y la construcción
por parte de las comunidades y bases de apoyo del EZLN que, con sus
iniciativas, continúan convocando a personas, intelectuales, luchadores y
organizaciones independientes de todas parte del mundo”, señala. Ejemplo de
ello es el Seminario “El pensamiento
crítico frente a la hidra capitalista”, así como el Festival CompARTE, realizados entre 2015 y 2016.
Frayba asegura que existe
una conflictividad generalizada desde varios ámbitos, como actores locales y
municipales vinculados con partidos políticos que generan violencia, grupos de
choque relacionados con ayuntamientos para crear un ambiente de “ingobernabilidad” y justificar el uso
excesivo de la fuerza pública contra los movimientos de resistencia.
Sostiene que “el aumento de la seguridad sirve para
aumentar la presencia policial y militar con el pretexto de combatir el crimen
organizado con el cual se controla a la población y el territorio; el Estado de
excepción de facto”.
El informe está conformado
por cinco capítulos con temas nacionales no sólo de Chiapas, sino también de
problemáticas generales que se enfrentan en todo el país, como megaproyectos,
violaciones a los derechos humanos, desplazamiento forzado, represión, entre
otras.
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