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GeoComunes
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Por Aldo Santiago y
Heriberto Paredes
Agencia SubVersiones
/01 junio, 2016/
Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo
Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo
extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas
organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como
testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de
marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de
la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la
región mesoamericana sin comparación.
En esta entrevista, Castro
nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como
de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el
contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del
extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle
frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el
costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.
He aquí, pues, la
conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus
palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual
se encuentra la región mesoamericana:
Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo
que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo
que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos
resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este
programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras
en que se está implementando?
Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del
asesinato de Bertha Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre
comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con
Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos
están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para
garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre
comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que
modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera,
ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que
realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los
países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión
no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas
transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y
se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy
pobre.
Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP),
entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que
llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por
energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los
recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no
va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene
aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía,
las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta
muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar
los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así
plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de
monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos
de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos,
etc. Se requiere cantidades enormes de energía.
Entonces viene un primer
proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer
energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo
lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica
implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera
desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel
entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería
generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser
el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban
a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a
invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no
sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio
para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos
damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la
región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos,
absolutamente todos.
En este contexto se junta
otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de
Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de
gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o
inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los
gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto
invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a
ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas.
Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo
limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado
de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco
Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la
energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en
todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60%
de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos
sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso
ha implicado endeudamiento a los gobiernos.
No se esperaban el
resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas
que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo
discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía
sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del
norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en
Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy
fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de
luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las
represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses
en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y
eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas,
campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Bertha.
Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen
los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los
interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas
transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño.
¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?
Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses,
obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que
prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos
en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran
negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por
supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado,
bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son
las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos
privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que
entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un
proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas
constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos
blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente
de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la
empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y
vendedora de la electricidad.
Entonces, vender la
energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc.,
pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí
hay otro interés.
Otro nivel es la misma
oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera
concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y
ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran
la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas,
en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay
una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima
ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna
norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco
funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando
tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que
se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para
poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la
reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los
proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto
socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el
banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental
africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí
empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos. Cuando se puso
la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco
menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y
canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos
incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de
la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está
metido.
Entonces al mismo tiempo
se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos
responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué
criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas
transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son
masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta
cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes
bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de
Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos
son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los
países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo
local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van
a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los
intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno
europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen
prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar
concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc.,
y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan
construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El
Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás,
bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio
ambiente.
Quería definir algunos
datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta
cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo,
intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los
últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más
que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con
esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado
de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas
regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia
en toda la región?
Hay varias líneas que lo
explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen
organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico,
forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región
centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que
no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las
inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es
necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa
Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.
Los gobiernos han
modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal
forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de
ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación,
ahora es incluso terrorismo, incluso
es secuestro, porque no pudieron
pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen
que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policíaca
bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en
ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.
También reflexionamos
sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las
empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal
forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde
las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de
libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno
bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso
le llaman competencia desleal–, o hay
una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay
bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para
ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel
legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan
para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los
tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación,
de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una
concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado,
o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno
afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa,
la empresa dice: tú me estás bloqueando
la inversión, tú me quitas tantos
años de ganancia que tú me los vas a pagar y esas demandas están al día en
los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse
incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre
empresas y gobiernos.
Entonces las empresas
acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo
afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales
en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo,
gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa
petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina,
Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las
inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones
de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países
de África y América Latina.
Eso dimensiona que, si los
gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de
los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda
de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador,
como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo,
también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si
el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se
amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la
que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tú me la pones en orden,
tú, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos
para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la
expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos
les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que
pagar millones y millones de dólares a esa empresa.
Y estamos hablando, tan
sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones
de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de
concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no
quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han
entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica
la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras
que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al
medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las
empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar
tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20
veces para poder pagar eso.
Estamos hablando de muchísimas
más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de
carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de
concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda
la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de
contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a
respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que
están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a
uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una
empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en
Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas,
igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual
se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado
las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus
países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la
extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa
es el territorio.
O sea, las corporaciones
necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas,
oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes
ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en
las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes
cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los
campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más
territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL
es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que
es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre
comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado
transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay
hasta ahora.
Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación
de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del
golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y
en otros casos como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de
Estado-corporación?
Eso es impresionante, lo
que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura
total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la
aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas
ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales
(ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo
lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir
visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus
propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a
tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se
plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener
viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener
todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle
ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al
mercado asiático.
No es novedad, hay muchas
experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la
panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando,
insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde
existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos
encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la
estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel
mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos,
en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las
corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han
asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan.
Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son
políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente
legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias
empresas, de sus propios proyectos de inversión.
Y el caso de las Ciudades
Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando
la soberanía nacional.
En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le
queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo?
¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es
verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte
específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del
extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como esta o como otras?
Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que
los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección
política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible
ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta
disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse
en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los
políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo
mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar,
para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de
credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que
este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.
El COPINH estuvo en esta
disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o
no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento
social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunsión
y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del
movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro
proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir
y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente
porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos
en el caso de Bertha, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que
hacerlo. Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es
ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar
solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de
prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo
vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es
el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia
es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de
estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco
contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en
muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan
los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas, petróleo,
fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia
grande.
Y además de la
resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es
bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos
generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos
a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la
última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una
de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales,
económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica
de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay
que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que
empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.
Durante asamblea,
representantes de distintas comunidades cajamarquinas acordaron intensificar
las acciones contra la minera Yanacocha. Existe el consenso de marchar hacia
Lima durante el contexto de la COP20 para denunciar la destrucción de la
industria.
Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa,
como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra
hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas
de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su
historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y
que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una. Nosotros le
llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y
son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no
homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el
socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera,
acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal,
cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con
criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Bertha: ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo.
Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a
un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos
viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que
necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que
este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de
hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque
además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la
reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia,
alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como
además de esta resistencia desgastante podemos ir generando vida y podemos
generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se
incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un
antídoto a esta realidad que estamos viviendo.
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