Por Rodrigo Caballero
Agencia SubVersiones
30 de abril de 2016
Una tormenta perfecta se formó para dejar a 20 mil personas
desprotegidas en la época de sequía que se aproximaba, se trató de una
combinación de bajas lluvias, huracanes fuera de temporada y la falta de
voluntad para actuar por parte del gobierno del estado de Michoacán, que se
confabularon para agudizar la crisis en una de las regiones más ricas y, al
mismo tiempo, una de las más pobres de México.
El alto volumen de
pérdidas y los bajos niveles de agua, ya no solamente para agricultura y
ganadería sino para las propias personas, provocaron una señal de alerta tanto
para investigadores como para los mismos campesinos.
En agosto de 2015, era el
final de una lánguida temporada de lluvias en la región del Bajo Balsas de
Michoacán –ubicada en el corazón de Tierra Caliente– y Eduardo Lombardi
coordinaba un programa de monitoreo del agua, sólo para encontrar que los pozos
comunitarios estaban entre el 30 y 40% de su capacidad, signo de que la sequía
azotaría inminentemente la zona.
El Programa de Monitoreo
Comunitario de la Calidad del Agua se trata de un estudio de 64 sitios de agua
para consumo humano, ubicados en los municipios de La Huacana y Churumuco, a
230 kilómetros de la ciudad de Morelia, mismos que deberían estar a su máxima
capacidad por tratarse del mes de agosto. Sin embargo, en 2015 las cosas fueron
distintas.
Había poca agua para
consumo humano y los ríos comenzaban a secarse siendo apenas el final del mes
de agosto. Entonces, investigadores como Eduardo Lombardi dejaron los pozos y
pasaron a los cultivos donde un porcentaje alto de la cosecha se secó por falta
de lluvias, eran plantíos de jamaica, ajonjolí, maíz y sorgo que tuvieron
pérdidas de hasta el 85% del producto.
«A finales de la época de lluvia los pozos están llenos y esta
vez no estaban llenos, inclusive ya había ríos secos, preguntamos a los
campesinos ‘¿hubo cosecha? no, no hubo cosecha’, entonces se emite la alerta
temprana porque nos dimos cuenta que se nos venía encima una contingencia enorme», relató Lombardi.
Sin embargo, aún con los
primeros signos de la sequía sobre la mesa, era necesario comenzar un monitoreo
de la zona para conocer cuál era la magnitud de la contingencia que
enfrentarían los pobladores del Bajo Balsas, sobre todo en los municipios de La
Huacana y Churumuco.
A la red se integraron
instituciones que ya formaban parte del propio Programa de Monitoreo, como el
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), el Grupo Balsas,
la Fundación «Gonzalo Río Arronte»,
la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana y el Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
La peor en 85 años
El problema no es, en sí, la sequía, de acuerdo con Eduardo
Lombardi, ya que es una temporada estacional y que se repite año con año en
Tierra Caliente michoacana, sino la falta de lluvias durante el verano y las
escasas cosechas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de unas 20 mil
personas, todas ellas distribuidas en 13 ejidos del municipio de Churumuco y 5
ejidos del municipio de La Huacana.
De hecho, estos municipios
registran periódicamente tiempos de sequía consideradas como severas, como las
encontradas en 1930, 1957, 1987 y 2002. Siendo la de 1930 la que más se parece
a la actual por su intensidad y volumen de pérdidas.
De acuerdo con el reporte
de investigación de la contingencia, a inicios de 2015, El Niño, «un fenómeno
oceánico y atmosférico que produce cambios y anomalías en las lluvias y
temperaturas» de países ubicados en la cuenca de océano Pacífico, se
presentó como uno de los más fuertes que se tienen registros en la historia.
A lo largo de la república
mexicana, El Niño provocó tanto
lluvias torrenciales como sequías severas en zonas secas del país como lo son:
el Istmo de Tehuantepec, la península de Baja California, así como la costa de
Guerrero y Oaxaca y por supuesto la cuenca del Río Balsas, que abarca
principalmente Michoacán pero también una parte de Guerrero.
En el Bajo Balsas, las
consecuencias de El Niño fueron
lluvias discontinuas y escasas, provocando que los campesinos perdieran sus
cultivos originales y tuvieran que resembrar sus parcelas. Esto duplicó el
trabajo y la inversión de dinero en la zona, mismo que no rindió frutos con la
llegada de la cosecha.
Sin embargo, este fenómeno
también se agudizó con la llegada del huracán Patricia a las costas del océano Pacífico, paradójicamente, las
lluvias no redujeron la sequía sino que la incrementaron puesto que las pocas
cosechas que habían resistido fueron arrasadas por las aguas torrenciales y las
toneladas de jamaica y ajonjolí apiñadas en los campos para deshidratarse se
mojaron, generando hongos que echaron a perder el producto.
Otro efecto del huracán Patricia fue el humedecimiento de los
pastos secos del fin de la temporada que terminó pudriendo el poco zacate que
podían consumir las vacas de los ganaderos locales e, incluso, la humedad llegó
a la leña y pudrió una parte de la madera que venden los agricultores a fin de
ganarse un ingreso extra.
Las consecuencias son la
reducción en las fuentes de agua comunitarias, bajas ventas, carestía de
productos básicos, racionamiento, migración y aumento de actividades como la
tala, pesca y caza inmoderada. Pero sobre todo está el impacto en la seguridad
alimentaria y en la salud de la población, ya que se encuentran en una región
de alto impacto en enfermedades como el dengue y la chikungunya.
Todos estos factores,
incluyendo la nula o tardía respuesta por parte de autoridades de los tres
niveles de gobierno, formaron una vorágine de elementos que terminaron por
incrementar la vulnerabilidad de los habitantes del Bajo Balsas. De hecho, la
desatención gubernamental provocó una reacción comunitaria convocando a
reuniones de la propia sociedad civil, a fin de afrontar la sequía.
Hasta el momento se han
realizado 5 reuniones en diferentes partes de la entidad, las primeras dos en
la Casa de Gobierno del Estado de Michoacán, mismas a las que no asistieron
funcionarios públicos que tuvieran capacidad de tomar decisiones acerca de la
problemática que acechaba al Bajo Balsas.
Época de vacas flacas
Para octubre de 2015, las zonas por debajo de los 600 metros
sobre el nivel del mar perdieron todas las cosechas de maíz y por encima de
dicha altitud el rendimiento de estos cultivos fue de apenas un 40%, en
comparación con las de 2014.
Además, las pérdidas de
entre el 85 y 90% de los cultivos de sorgo, jamaica y ajonjolí provocaron que
el ingreso familiar promedio cayera al punto de poner en riesgo la seguridad
alimentaria.
Esto significa que está en
juego el «acceso físico, social y
económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente
para satisfacer los requerimientos nutricionales de las personas», según la
definición de seguridad alimentaria de la Organización para las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Por otro lado, la poca
producción de maíz y sorgo además provocó una baja producción de pastos y
forrajes, vaticinando una temporada difícil para la manutención del ganado que
vive en la región.
De acuerdo con
estimaciones hechas por los propios pobladores de La Huacana, mantener una veintena
de vacas requiere al menos 6 toneladas de forraje distribuidas parcamente
durante la temporada seca, lo que implica un costo de 24 mil pesos para los
pequeños ganaderos. El problema es que si no hay cosecha y no hay venta, es más
difícil conseguir el dinero para mantenerlas.
–He comprado 2 toneladas de forraje para el ganado a 3,500 y 4,000 pesos
la tonelada, no nos queda otra más que vender una o dos (vacas) para seguir comprando la demás– aseguró
un productor en la zona de La Huacana.
–¿Cuántas vacas tiene?
–Vacas, vacas tengo unas 17, tengo tres terneras, de por sí el ganado no
creas que se recuperó esta temporada de aguas, nosotros las echamos al monte
hace como dos meses y no se han recuperado nada, el pasto ya seco no las nutre,
yo compré rastrojo para irlas «maiceando» pero no están bien nutridas.
–¿Cuánto les dura una tonelada de forraje?
–Bueno depende porque, por ejemplo, a las terneritas que están
más o menos ahorita no les estamos dando y a las otras «terciadito», imagínate,
si les damos
[de comer] bien a todas no nos alcanza,
se las lleva recio.
–¿Con cuántas toneladas saca la temporada?
–Yo creo que así dándoles «salteadona», con unas 6 toneladas
alcanza para salir la temporada de secas y tengo que vender una o dos de cajón,
a lo mejor tres pa’salir la temporada, ya una vez que lleguen lluvias se
sueltan nomás, ya habiendo zacate verde se la mantienen ellas solas.
Por esa razón, en la
última reunión de ejidatarios del Bajo Balsas, el doctor Alejandro Velázquez
Montes, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM,
refirió que el modo en que se desarrolla la ganadería en la zona es erróneo.
«Está bien documentado, 7 u 8 kilos de productos agrícolas de
calidad son necesarios para conseguir un kilo de carne de mediana calidad en
una buena época, entonces creemos que en una economía tan básica como la de
esta zona, la ganadería no es una apuesta sustentable» agregó el investigador
del CIGA.
Esto significa que los
pocos ganaderos de la región sacrifican productos como el maíz, que podrían
consumir las familias que se encuentran afectadas por la sequía, para que coma
el ganado, lo que intensifica la crisis alimentaria y pone en riesgo a los
productores de la región.
Desatención gubernamental
En total, la Unión Regional de Cooperativas «Arroyo San Pedro Jorullo» y cinco
cooperativas comunitarias más, tuvieron consecuencias graves por la pérdida de
casi el 90 por ciento de la cosecha, según una encuesta realizada por sectores
sociales, académicos y comunitarios que se organizaron solos en la zona.
Marcoeri Guzmán Aguirre,
productor de la Unión de Cooperativas «Arroyo
San Pedro Jorullo» aseguró que de las 40 toneladas de jamaica y ajonjolí
que cosecharon en 2014 ahora solamente cosecharon 3 toneladas, es decir, apenas
el 7% de lo que obtuvieron un año atrás.
En entrevista, Guzmán
relató que el ajonjolí y la jamaica orgánica –que solamente se produce en
Michoacán y se ha convertido en un ícono de la región– se cosechan casi
exclusivamente para su venta, apoyando el gasto familiar de unos 2 mil
productores en la región.
«Nosotros producimos jamaica orgánica, nadie más produce como
nosotros porque no andamos metiendo que conservadores que pesticidas, no, todo
natural con eso se distingue nuestra producción pero no podemos producir mucho
porque no es industrializado» reveló el productor quien también es miembro del
Grupo Balsas.
Macoeri ha ocupado cargos
como comisario ejidal, coordinador de proyectos comunitarios y, actualmente, es
miembro del Consejo de Comercialización de la Unión de Cooperativas. Él se
encarga de ventas, comercialización y seguimiento a compradores de jamaica y
ajonjolí en la región por lo que para finales de 2015 se encontraba
técnicamente sin trabajo.
«Ahorita no coordino ventas, de qué, si nos quedamos
prácticamente sin cosecha, por eso venimos aquí a buscar soluciones y por eso
me parece indignante que no se presenten los miembros del gobierno para,
juntos, buscar una solución» agregó con tono serio.
En ese momento, Macoeri se
refería a la segunda reunión, realizada en la Casa de Gobierno del Estado de
Michoacán, para combatir la contingencia, el viernes 13 de noviembre de 2015.
En aquella ocasión, se
apersonaron más de 50 productores y jornaleros de la zona del Bajo Balsas,
quienes viajaron 230 kilómetros desde sus comunidades hasta la capital del
estado en autobuses rentados para una reunión oficial. Por parte de las
instituciones gubernamentales, sólo cinco funcionarios públicos se presentaron
al lugar y uno de ellos llegó con una hora y media de retraso.
Tuvieron representación la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a
nivel federal, así como sus homólogas en Michoacán, SEDRUA y SEMARNACC, pero
faltaron casi la mitad de los funcionarios que fueron invitados.
Ni siquiera estuvo
presente el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quien la
organización del Bajo Balsas le envío una invitación tres semanas antes, y a
pesar de que había entregado becas a jóvenes michoacanos –en el mismo lugar–
horas previas a la reunión programada por los ejidatarios.
Otro personaje que brilló
por su ausencia fue el diputado local, Raymundo Ortega Arreola, quien no
solamente es el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Michoacán sino que también es legislador electo en el Distrito XXII conformado
por municipios como La Huacana, Múgica, Arteaga, Gabriel Zamora, Tumbiscatío y
Churumuco.
Estas ausencias fueron
catalogadas como «una falta de respeto»
por el representante de la cooperativa de pescadores de Guadalupe Oropeo,
Daniel Lozano Cruz, quien dijo: «me da
tristeza que uno tenga que levantarse a las 4:00 de la mañana para estar aquí
en Morelia por algo que nos afecta muchísimo y ellos que están aquí no se
presentan».
El 6 de enero de 2016,
durante un evento conmemorativo, el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, Raymundo Arreola, respondió ante los cuestionamientos de
su ausencia ante la crisis que afecta los municipios que lo postularon a su
cargo.
–Hicimos un recorrido ya, precisamente por el
asunto climático y sobre todo por la baja precipitación pluvial que hubo en la
región, ya hay un compromiso de los alcaldes, ya hay un compromiso con SAGARPA (…) y esperamos una respuesta pronta.
–¿Y desde el poder legislativo?
–Desde el legislativo, nosotros lo que necesitamos
es precisamente que a través de este nuevo presupuesto de más de 300 millones
[de pesos], más de lo que estaba presupuestado para el campo, pudieran
atenderse temas de sequía.
Tras la insistencia por
parte de los productores del Bajo Balsas, en la tercera reunión de ejidatarios
se integró a un representante del diputado Raymundo Arreola a los trabajos y el
21 de abril de 2016, el presidente de la Mesa Directiva exhortó al gobernador,
Silvano Aureoles Conejo, para que asignara recursos a los afectados de la
sequía.
No obstante, hasta el 27
de abril, a los productores sólo les han entregado el seguro de contingencia
para reponer algunas de las pérdidas que tuvieron durante la sequía del 2015.
Movilización comunitaria
Ante la falta de «voluntad
política», como lo describió la doctora Ana Burgos, de la UNAM, la red de
alerta temprana que se formó para estudiar las dimensiones de la sequía pronto
se transformó en una red comunitaria dedicada a combatir la sequía.
A fin de conocer la forma
de contener el fenómeno meteorológico, Olga Flores e Irma Núñez, la
coordinadora técnica y la tesorera del Grupo Balsas respectivamente,
coordinaron un estudio que buscó los métodos comunitarios que se aplicaban para
combatir la sequía desde 1930.
Estas acciones son
coordinadas en conjunto entre la población del Bajo Balsas y las instituciones
académicas y comunitarias, mismas que arrastraron a las instituciones públicas
a unirse a la solución con base en acciones concretas.
Para cuando llegó la
cuarta reunión de seguimiento, el 10 de marzo de 2016, el problema de la sequía
comenzaba a causar estragos, ahora los campesinos veían como las reservas de
agua se iban acabando con la mitad de la temporada seca por delante.
Aun así, instituciones
como la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) apenas se integraban a los
trabajos con la presencia de Luis Jaime Bernés Barreda, jefe del departamento
de evidencia y manejo de riesgos de la SSM, quien se fue con la promesa de
revisar los estantes de los centros de salud del Bajo Balsas para hacer un
inventario de las medicinas que, según los pobladores, no existen.
Además, en esta ocasión ni
SAGARPA ni SEMARNAT enviaron delegados que respondieran a las peticiones del
Programa de Empleo Temporal (PET) y la agilización de pagos de programas como
el de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola
(PROGAN) y el de Apoyos Directos al Campo (PROAGRO Productivo).
No obstante, esto no
impidió las acciones de seguimiento a la contingencia por parte de los mismos
pobladores de la región, quienes incluso ya se movilizaron para llevar 20
toneladas de maíz a las comunidades más golpeadas por la sequía y preparan un
segundo envío similar en las próximas semanas.
Día a día, técnicos
comunitarios de cada ejido, monitorean la salud, alimentación, ganado, huertos
y problemáticas de los pobladores, a medida que la sequía avanza. Todo esto se
discute en las reuniones de seguimiento y juntos exponen medidas para
contenerlos.
Ahora cierran filas para
evitar que los pobladores migren físicamente o busquen combatir la sequía
mediante actividades ilegales de pesca, tala y cacería. De hecho, en tres
ejidos de La Huacana –Guadalupe Oropeo, Cayaco y Sinahua– los propios
pobladores ahora denuncian la caza inmoderada e intentan detenerla.
Pero muchas de sus
actividades se mantienen suspendidas por el propio aparato gubernamental
incapaz de llevar el ritmo de la organización comunal. Por ejemplo, la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) todavía no puede responder si se pueden usar
camiones oficiales para traslado de toneladas de maíz que fueron comprados por
los propios pobladores.
En cada reunión, la
SEDESOL envía nuevos funcionarios que tienen que empaparse de nuevo en la
problemática y se comprometen a cosas en las que no hay seguimiento real. Si
esto sucede a nivel federal, las instituciones estatales son menos capaces de
responder, sobre todo tratándose de una administración que apenas llegó en
septiembre de 2015.
«Entendemos que los funcionarios van entrando, algunos nos
dicen ‘déjame siquiera sentarme en la silla’ y les contestó: ‘por mí te puedes
revolcar en la silla todo lo que quieras, pero esta problemática se te viene
encima estés o no bien sentado en el cargo’», comentó Eduardo Lombardi.
De acuerdo con
estimaciones realizadas por el grupo de 15 investigadores y más de 30 técnicos
comunitarios y coordinadores desplegados en la zona, el combate de la
contingencia requiere de unos 52 millones de pesos en total. Dinero que
serviría para comprar lo necesario a fin de garantizar primordialmente la
seguridad alimentaria de 50 mil habitantes.
Sin embargo, apenas este
26 de abril de 2016, se hizo entrega de 13 millones 762 mil pesos como parte
del seguro por contingencia, a casi 2 mil 500 productores, por la afectación
que tuvo la sequía en 9 mil hectáreas de la cuenca del Bajo Balsas.
Estos apoyos se dieron por
parte de SAGARPA y la SEDRUA en Michoacán, dependencias que apoyaron con el 80%
y el 20% de los recursos respectivamente. Sin embargo, el dinero apenas cubre
la mitad de los daños, la mitad de los productores y solamente un 26% de lo que
requieren los productores para salir de la crisis ambiental que enfrentan.
Soluciones en proceso
«No hay una solución, hay acciones en conjunto que tenemos que
empezar a implementar para que en algún punto salgamos del problema […] y las instituciones tienen que irse sumando a la solución porque no
podemos esperar a que ellos vengan a solucionarla, los tiempos de respuesta de
las autoridades son lentos y para cuando respondan, vamos a tener encima la
peor sequía que hemos visto», vaticinó la doctora Ana Burgos en noviembre
de 2015.
Ahora, a finales de abril
de 2016, el técnico del ejido Oropeo, Víctor Manuel Vidales –un joven de menos
de 30 años– relató que ya se sienten los efectos más graves de la sequía,
problemas de los que fueron advertidos con meses de anticipación durante los monitoreos
de la calidad de los pozos de agua.
En su última reunión, este
miércoles 27 de abril de 2016, los productores expusieron su preocupación por
la caída de las reservas de agua y maíz para consumo humano, sobre todo en los
ejidos bajos donde la cosecha de maíz fue prácticamente nula.
Lugares como Guadalupe
Oropeo, Oropeo y Sinagua, racionan a sus habitantes dándoles únicamente 2 horas
de agua diarias. En otros puntos, las bombas de agua de los pozos comunitarios
se apagan solas cuando no hay presión líquida suficiente para mantenerlas
funcionado.
En la carretera que lleva
al municipio de Churumuco, dos pares de vacas muertas de sed se encuentran
tiradas a un lado del camino, luego de ser abandonadas por sus dueños que no
tienen la posibilidad de darles alimento y agua suficientes. Todas las señales
indican que la sequía se extenderá al menos hasta el mes de julio, cuando
regularmente las aguas empiezan a caer.
No obstante, hay otro
inconveniente, cuando se presenta un fenómeno como El Niño, es muy probable que exista su contraparte La Niña, otro fenómeno atmosférico que
tiene un efecto opuesto al primero. Una Niña, actualmente alteraría los ciclos
de lluvias que caen en el Bajo Balsas michoacano, poniendo en riesgo las
cosechas de septiembre, octubre y noviembre de 2016.
Por ese motivo, los
técnicos comunitarios deberán continuar monitoreando la escasez del agua,
mientras generan más soluciones en conjunto para los 20 mil habitantes del Bajo
Balsas michoacano, todo a falta de un plan de contingencia otorgado por las
propias autoridades.
«Ahorita los arroyos están secos» aseguró el técnico
comunitario Víctor Manuel Vidales, «ya
estamos sintiendo que se viene la peor parte» remató, antes de subirse al
camión que lo regresaba a su comunidad, donde, en conjunto con productores,
investigadores y ejidatarios, se dedica a combatir la tormenta perfecta.
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