jueves, 4 de febrero de 2016

El robo por hambre (famélico) en México encierra a 7 mil personas, la mayoría mujeres, en la cárcel

Robar por tener hambre y no tener dinero para comprar comida mantiene en prisión a 7 mil personas en México. La mayoría de los presos que cometieron estos robos por necesidad son mujeres. El 90% de los denunciantes de este delito son representantes de tiendas afiliadas a la ANTAD
Por Guadalupe Fuentes López
octubre 14, 2015
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo). – En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.
“En el Código Penal no se habla de robo famélico, lo ubican sólo como robo, las personas que hurtan comida no tienen ni siquiera para pagar una fianza y como no tienen una defensa adecuada las encierran y pasan hasta 10 años en la cárcel por este delito”, explicó a SinEmbargo la licenciada Olivia Garza de los Santos, directora de Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.
El Código Penal Federal contempla en su artículo 367 que “comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.
“El robo famélico encaja totalmente en lo que dice el Código Penal Federal en el artículo 367, aunque si se comprueba que se apropió de algún producto para satisfacer sus necesidades entonces no se le aplica pena; pero si a la persona se le atribuye otras circunstancias, como el hecho de que cometa el delito con más gente o que vaya armada, eso constituye un agravante”, expuso el profesor Carlos Enríquez Escallon, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
El académico detalló que para acreditar que alguien ha cometido un delito y acreditar que alguien es merecedor a un beneficio que le otorga la Ley tiene que probarlo.
“Si hay 7 mil presos en la cárcel por cometer este tipo de delitos quiere decir o que no probaron lo suficiente su inocencia y ni el Ministerio Público ni el juez les creyó y de todas maneras consignó. Quizá puede ser un exceso por parte de las autoridades”, expuso.
El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera la excluyente del delito de robo cuando existe un estado de necesidad justificante.
“A nivel federal las personas que cometen este tipo de delitos llegan a pasar hasta 10 años en prisión porque normalmente es el delito más el agravante; es decir que se cometa el robo en un lugar cerrado o si va acompañada de alguien se considera como pandilla, el delito no va solo”, dijo Olivia Garza.
Wal-Mart es una de las tiendas afiliadas a la ANTAD que más denuncias por robo famélico presentan a autoridades. Foto: Cuartoscuro
LA ANTAD Y EL ROBO FAMÉLICO
Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son las que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos, no sólo se les acusa de este delito, también las acusan de intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales.
“La tienda que más ha afectado a las personas por el delito de robo famélico es Wal-Mart, aunque hay muchas de la asociación AMDA, también está Superama y OXXO”, reveló la abogada Garza de los Santos.
La también ex presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, aseguró que la política de estas tiendas de autoservicio es denunciar y no otorgar el perdón.
“Es muy triste que una madre que tiene que llevar de comer a sus hijos que se robó unas alitas de pollo la encontremos en Santa Martha Acatitla porque la tienda no le quiere otorgar el perdón”, dijo.
Para desalentar el llamado robo hormiga, que incluye a los alimentos, estas tiendas departamentales se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 90% de los procesos penales que en contra de las personas que cometen robo famélico son acusados por los abogados de las tiendas afiliadas a la ANTAD.
El Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de 2014 de la ANTAD señala que en 2014 se tuvieron 31 mil 461 incidencias de robos, 2.0% más que en 2013.
En el Distrito Federal, a partir del año 2008, los diputados de la ALDF aprobaron una serie de reformas al Código Penal que cambia horas o días de prisión por trabajos comunitarios, siempre y cuando el presunto culpable compruebe que fue por necesidad y es la primera vez que lo hace. En casos de reincidencia, contempla, habrá prisión.
“La tendencia en la ALDF en la legislatura que me tocó era bajar las penas para que las personas que hubieran robado por hambre pudieran salir de la cárcel, también se cambió el tipo penal, antes el robo era un delito de oficio y ahora se cambió al de querella, entonces si la parte agraviada otorga el perdón, las personas pueden salir en libertad”, mencionó Olivia Garza.
Refirió que desde la ALDF se impulsó convenio con la afianzadora Insurgentes para que las personas que hubieran cometido delitos como el robo famélico pudieran alcanzar la fianza pagando 500 pesos y recobrando su libertad de manera inmediata, sin embargo, en el resto del país no ocurre así.
La también ex Diputada panista de la ALDF añadió que los capitalinos les cuesta 138 pesos diarios el que una persona esté privada de la libertad. “La proporción del costo es muy grande y finalmente no hay un tema de reinserción social, por eso nosotros estamos más por las alternativas a la prisión, que haya una sanción como una poda de árboles, una pinta de banquetas, este tipo de acciones donde la comunidad reciba un beneficio, que le demos una segunda oportunidad a estas personas”,  subrayó.
Olivia Garza adelantó que desde la sociedad civil se estará impulsando a que se realicen las modificaciones que se hicieron en el Distrito Federal para no criminalizar la pobreza.
“Yo creo que el delito de robo debe ser perseguido pero en función y en proporción del daño causado, en este caso que son robos de hambre no se debe criminalizar la pobreza en ningún estado de la República”, enfatizó.
De acuerdo con el especialista en Derecho Penal, Carlos Enríquez, la falta de recursos económicos que enfrentan los presos que cometieron robo famélico, los obliga a someterse a otros reos para poder subsistir en la cárcel. 
ALGUNOS CASOS
–Distrito Federal
En septiembre pasado el periódico Reforma publicó el caso de una mujer que robó en un establecimiento de Bodega Aurrerá una charola de carne y una mantequilla porque no tenía dinero y necesitaba dar de comer a sus hijos. La señora fue llevada a juicio por no poder pagar los 59 pesos que costaban los alimentos, a pesar de que confesó el robo y el por qué lo había cometido.
De acuerdo con el diario de circulación nacional, la representación de Wal-Mart se negó a alcanzar un acuerdo repertorio como lo establece el sistema penal acusatorio para delitos no graves y pidió enviar el caso ante un juez.
Bodega Aurrerá es el nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México de la filial mexicana de Wal-Mart.
Finalmente, el Juez Séptimo Penal del Sistema Procesal Acusatorio, Prudencio González Tenorio, resolvió la no vinculación a proceso y dejó a Nancy en libertad, con el pago de los 59 pesos, sin que la mujer llegara a pisar la cárcel.
Otro caso ocurrió en el Wal-Mart Toreo. Una mujer de 30 años, madre de cinco hijos fue detenida el 19 de junio del año pasado por robar una mermelada, un yogurt y un frasco de Nutella.
Era la primera vez que la señora Patricia López Nazario cometía robo, por ello, podía quedar en libertad si se llegaba a un arreglo con la parte afectada, sin embargo, el abogado de la tienda de autoservicio se negó a otorgarle el perdón.
La Fiscalía en Miguel Hidalgo le pidió una fianza de 12 mil 785 pesos para no ser consignada al reclusorio.
En julio de 2014, la señora Ana María intentó robar en un Wal-Mart dos paquetes de carne y uno de camarón para darles de comer a sus hijos, pero fue descubierta y fue condenada a seis meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos.
La mujer acudió el 23 de julio del año pasado a la tienda de autoservicio ubicada en Avenida Cuitláhuac, en la delegación Azcapotzalco y sustrajo los alimentos, al darse cuenta de que fue sorprendida dejó la comida antes de pasar la línea de cajas y trató de salir del establecimiento.
Sin embargo, personal de la tienda la alcanzó y le mostró los productos que pretendía robar, la regresó, le hizo un ticket del monto y llamó a una patrulla. Ana maría fue llevada al Ministerio Público donde le pidieron 27 mil pesos para dejarla libre, dinero que no pudo pagar y fue llevada a prisión.
–Oaxaca
El señor Juvenal López Lucas fue acusado por el gerente de la tienda Aurrerá, Sergio Javier Pérez Mancera, del robo de dos pares de sandalias y dos charolas con desechos de costillas, con un valor de 372.90 pesos.
López Lucas, quien es albañil, fue llevado a la cárcel el 6 de septiembre luego de que el Juez Tercero de lo penal aplicó el rigor de la Ley al indígena zapoteco de 30 años al dictarle auto de formal prisión por considerarlo presunto responsable del robo de mercancía a la tienda de autoservicio.
“Sí, robé. Mis hijos tenían hambre y yo también. Se me hizo fácil guardarme los productos entre la ropa; pensaba vender las chanclas para comprar la leche de mis dos hijos y las costillitas para comerlas con mi esposa”, declaró Javier Pérez al diario local Tiempo en Línea.
El señor comentó que se encontraba sin empleo luego de que la obra en que trabajaba fue suspendida por no contar con permisos para construir los departamentos.
El caso provocó indignación entre la comunidad de Oaxaca, quienes alzaron la voz por la injusticia que las autoridades manejaron en el caso.