Agencia SubVersiones/
09 diciembre, 2015/
Por Valentina Valle y
Heriberto Paredes
En el contexto de tensión que caracteriza la
meseta p’urhépecha michoacana desde principios de septiembre de 2015, el día lunes 7 de diciembre se dio
el enésimo episodio de violencia, en esta ocasión hacía los estudiantes del
Centro Regional de Educación Normal de Arteaga. Los hechos ocurrieron entre
Arantepacua, municipio de Nahuatzen, y Zirahuen, municipio de Salvador
Escalante, donde un grupo de normalistas fue atacados y reprimidos por parte de
elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mientras se dirigían a
una actividad de «boteo» en la caseta
de cobro del susodicho municipio de Zirahuén, sobre la carretera Siglo XXI
Pobladores
de Arantepacua cuentan que los normalistas tenían días en la comunidad,
buscando respaldo frente a las amenazas del gobierno del estado: «los muchachos se sentían muy inseguros en
Cherán, y por esta razón vinieron a buscar cobijo en Arantepacua. Pero desde
ahí vino el pitazo que hizo que los agarraron en la autopista y nosotros
creemos que haya sido el presidente municipal Miguel Prado, brazo derecho del
gobernador Silvano, que puso los normalistas».
El
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que involucró no sólo los
estudiantes sino también sus padres y elementos de la sociedad civil que
acudieron al lugar de la agresión para defender a los jóvenes, se acabó con un
saldo de 53 normalistas y un número impreciso de heridos, entre los cuales un
comunero de Arantepacua cuyas condiciones siguen críticas. La situación empeoró
cuando la sociedad civil reaccionó a las detenciones arbitrarias reteniendo al
comandante del operativo:
Cuando detuvieron a los muchachos allí se
juntó la gente, los comuneros y sobre todo los padres de los normalistas. Hubo
agresiones por parte de los GOES, hubo golpes y disparos, no de arma de fuego
pero de armas de goma. En este entonces hubo más detenciones y otros 45
normalistas fueron retenidos, junto con varios comuneros. Entre tanta agresión,
los policías no se dieron cuenta que los comuneros habían detenido el
comandante de los GOES. Inclusive el secretario general de la Sección 18 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de Michoacán, Juan
José Ortega Madrigal, estuvo abogando para los normalistas, porque ni siquiera
los habían llevado a la procuraduría, sino que los tenían detenidos abajo del
puente de Zirahuen, amenazándolos que si no entregaban el comandante los iban a
desaparecer. Fue hasta las 10 de la noche que los llevaron a la procuraduría y
en la madrugada, como a las 2, tras la liberación de los 45, también se liberó
al comandante. Sin embargo los 53 siguen detenidos. Todos están heridos, algunos
padres graves, uno tiene una herida de un balazo de goma en la pierna. Cuando
se supo que se iba a hacer la negociación andaban los helicópteros de la
policía federal rodeando el pueblo, así que ahora todos están muy asustados,
prácticamente todo el pueblo está atrincherado, resguardado.
A pesar
de esta situación de violencia e incertidumbre, los comuneros nos comentan que
la mayoría de las personas en Arantepacua está con los normalistas, apoyándolos
con comida y recibiéndolos en las casas para que puedan descansar y bañarse. La
situación en el municipio de Nahuatzen, de hecho, hace que la inconformidad de
los estudiantes sea compartida por los demás integrantes de las comunidades
que, cabe recordar, rechazaron la instalación del presidente municipal Miguel
Prado Morales y, desde el pasado mes de octubre, mantienen tomada la
presidencia y cerrados los accesos a la cabecera municipal.
El ataque
a los normalistas se inserta así en un panorama de represión hacia una
comunidad que ha decidido levantar la voz para poner un alto a la corrupción y
a la colusión de la política con el crimen organizado, volviéndose de esta
manera blanco de la ira gubernamental que no acepta obstáculos en la
realización de sus planes de control del territorio. La toma, forzosa, de
posesión del presidente Prado, la imposición de su sistema de seguridad
encabezado por Silviano Murguía González, alias «El Tauro», reconocido ex-Templario de la zona, la implementación
del mando unificado y la aplicación de la reforma educativa son todas caras de
la misma moneda, señales de cómo el gobierno de Aureoles, en línea con la
política priísta federal, no tiene la menor intención de dejar espacio a
ninguna forma de organización desde abajo.
La
reiteración de que «no habrá otro Cherán»,
que el gobernador subrayó en las entrevistas concedidas durante la visita de
trabajo en el puerto Lázaro Cárdenas, –que recordamos es una de las nuevas
Zonas Económicas Especiales (ZEE) de México– confirma la postura del ejecutivo
hacia las demandas de Nahuatzen para que sus peticiones de justicia puedan
aparecer como una insubordinación finalizada a objetivos políticos. Los comuneros, sin embrago, siguen
desmintiendo que haya fines ocultos detrás de su lucha y repiten que ellos
siempre estuvieron dispuestos al diálogo con las autoridades, pidiendo como
única condición que no les impusiera un sistema de seguridad emanado del crimen
organizado. Evidentemente, en el Michoacán posterior a las autodefensas, esto
ya es algo imposible.
Todo
surge a raíz de que aquí, un grupo de muchachos fueron a una caseta, la de
Zirahuen, con la intención de juntar algo de dinero para el sostenimiento de su
movimiento; fueron a botear pero cuando llegaron ya la policía los estaba
esperando, así que no permitieron la bajada de los muchachos que iban en un
autobús y en el otro los obligaron a bajar.
A
continuación el testimonio directo de uno de los padres de familia que
participó en esta situación. Sus palabras complementan la relación de hechos y
confirman lo sospechado: que más allá de un enfrentamiento ocasionado por los
normalistas, los cuerpos de seguridad estatales ya tenían pensado este episodio
como un mecanismo aleccionador frente a las protestas contra la reforma
educativa.
Nos comunican a nosotros. Nosotros somos
miembros del Consejo Coordinador de Padres de Familia en Lucha, nos comunican a
la base de aquí que había esa intención. Entonces nosotros acudimos al lugar
con la idea de rescatarlos o más bien de hacer alguna negociación con la
seguridad que estaba ahí, la policía, para ver si se lograba algún acuerdo para
que nos hicieran la entrega de esos muchachos.
Nos esperaron pero no hubo tal
diálogo, ellos se aferraban a que se estaba cometiendo un ilícito, que no son
los espacios para manifestarse, los argumentos que ellos utilizan; entonces
empezó la provocación, los tiros, empezaron a decir palabras, a querer
replegarnos pero como íbamos estudiantes y padres de familia, de alguna manera,
momentáneamente no les hicimos frente pero tuvimos que replegarnos poco a poco
y de tal forma que estuvimos más cerca de frente con la policía y fue cuando
inició la, en ese caso, a través de palabras, las ofensas y hasta llegar a los
golpes.
Desafortunadamente no pudimos ni
rescatar a los muchachos que tenían arriba del autobús y pues sí, inició la
gresca en ese momento porque no hubo entendimiento ni ellos quisieron escuchar
y por lo tanto pues ya las cosas, enardecieron en ese momento los ánimos, fue
de esta manera que empezó la gresca. Empezaron a disparar lo usual, balas de
goma, gases lacrimógenos y desde luego la reacción de los estudiantes y de los
padres de familia fue defendernos, porque los ánimos subieron y también tuvimos
que hacerle frente a la policía para tratar de resguardar y rescatar a los
muchachos que estaban en manos de ellos.
En ese momento empezó la batalla
campal y desafortunadamente no pudimos rescatarlos y hubo varios heridos,
ahorita no sabemos dónde se encuentra un padre de familia de una comunidad
vecina, de aquí de Arantepacua; fue una situación muy grande porque nos
replegaron, nos persiguieron, y ya alcanzamos a subirnos a los autobuses, más
no todos, varios se metieron entre los árboles ahí en el monte y ya más tarde
se localizaron a más muchachos y algunos padres de familia directamente en ls
hospitales. Esa fue la situación y el problema fue la falta de diálogo.
Nosotros tuvimos un acercamiento
allá en México, una mesa a nivel federal, pero cuando digo nosotros es como
padres de familia, y la posición es no a la evaluación educativa, no a la
reforma como tal y allá el señor Enrique Miranda Nava [subsecretario
de Gobernación] fue muy preciso en
decirnos que la ley es la ley y quien no quiera acatar esa ley aquí el
gobernador ya sabe lo que tiene que hacer. Así con esas palabras, no se me van
a olvidar, expresamente así lo dijo y ya anoche nos venimos a la base donde
tienen su campamento los muchachos y ya nos fuimos a Morelia porque nos citó el
secretario de gobierno para una nueva mesa de diálogo.
El
aparente diálogo que ofreció el gobierno de Michoacán es sin duda emblemático:
el traslado de los 53 normalistas detenidos a penales federales. La vieja estrategia
de la zanahoria y el garrote es ahora la faceta más conocida del nuevo gobierno
de Silvano Aureoles, que en poco tiempo ha vuelto el estado, un polvorín que
amenaza con estallar en una nueva confrontación interna y sobre todo, con el
surgimiento de nuevos poderes político-criminales locales.
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