Nahuatzen combate al crimen
organizado
Agencia
SubVersiones
Publicado el
25 oct. 2015
Silvano Murguía González, ex
policía municipal y ahora abiertamente delincuente, es acusado por la comunidad
p'urhépecha de Nahuatzen de ser el responsable de extorsiones y amenazas así
como de varios delitos. Hartos de la protección que recibía este tipo –hasta la
semana pasada– de parte del presidente municipal Miguel Prado, las y los
comuneros deciden poner fin a esta situación a través de la organización de su
propia seguridad y justicia.
Agencia SubVersiones
Por Valentina Valle y
Heriberto Paredes
18 noviembre, 2015
Fotografías del año
nuevo p’urhépecha 2013 celebrado en la comunidad de Nahuatzen.
Michoacán continúa siendo
un nido de incertidumbre. No es con la llegada de Silvano Aureoles a la
gubernatura que la situación de contubernio entre el crimen organizado y
funcionarios públicos y políticos va a terminar. Aún falta mucho por
investigar, por denunciar y sobre todo por impedir que se repita, y eso es algo
que tiene muy clara la población en general: para reconstruir una vida más
calmada es necesario acabar con el problema del Estado criminal desde la raíz,
no sólo atacar sus síntomas.
La meseta p’urhépecha es ejemplo de que sólo la lucha por desterrar
definitivamente al enemigo puede dar cabida a una manera diferente, más
orgánica y legítima, de organización social. En este sentido la lucha que
emprende el municipio de Cherán en abril de 2011 resulta un ejemplo
determinante que influirá en los municipios colindantes y los de toda la
región, a veces visiblemente, en muchas ocasiones con el silencio de los
pueblos indígenas. Desde aquel momento el foco de resistencia y de autonomía
que desató la comunidad cheranense se ha mantenido encendido y con una fuerza
cada vez mayor, pese a la guerra vivida en el resto del estado y, sobre todo,
pese a las distintas estrategias que el gobierno estatal y el federal han
implementado para silenciar las revueltas y levantamientos ocurridos entre 2012
y 2014.
Nahuatzen, sede del año nuevo p’urhépecha en 2013, se colinda con
Cherán, con tal cercanía que la diferencia entre un contexto en donde no hay
partidos políticos y se ha optado por la recuperación de un gobierno comunal, y
el otro, plagado de criminales de todo tipo, políticos y sicarios, cobradores
de cuotas, halcones, tiradores, es vertiginosa. Nahuatzen, la cabecera
municipal, se ha mantenido en silencio pese a la revuelta de su vecina Cherán y
pese a la fiesta de la autonomía que se vive hasta ahora ahí. No así algunas de
sus comunidades, quienes pasaron del control criminal de La Familia Michoacana al de Los
Caballeros Templarios junto con algunos intentos de resistencia, fueron
acalladas rápidamente.
Muy cerca, en octubre de 2012, la comunidad de Urapicho –municipio de
Paracho– decidió levantarse en armas y conformar una Ronda Comunitaria, uno de
los modelos de seguridad con más tradición entre las comunidades indígenas;
siguiendo el ejemplo de Cherán, integrantes de esta comunidad indígena colocan
barricadas en las entradas del pueblo, se cubren el rostro y usan las pocas
armas que logran recuperar para combatir al crimen organizado. Muy pronto,
emisarios del gobierno estatal llegan a la comunidad y se entrevistan con los
representantes de la ronda y llegan a un acuerdo: el establecimiento de una
Base de Operaciones Mixta (BOM). Meses después de instalada, en la comunidad no
hay un ambiente de seguridad y calma, la población sigue asustada y desconfía
de los desconocidos que pasan por la calle, el ejército patrulla y la policía
estatal recorre los caminos cercanos. Se sabe que aún están presentes Los Caballeros Templarios sólo que ahora
operan de manera más selectiva y más discreta, siempre detrás del cobijo
castrense y policiaco.
En abril de 2013 –tan sólo mes y medio después de que se levantaran las
autodefensas en Tierra Caliente– un nuevo intento por seguir el camino de
Cherán, da sus primeros y únicos pasos como Policía Comunitaria. La comunidad
indígena de Turícuaro, perteneciente al municipio de Nahuatzen, cuenta con
algunos comuneros que deciden tomar las armas para intentar expulsar al crimen
organizado y reconstruir el tejido social que muerte y miedo han dejado roto.
No son muchos y no tienen el completo respaldo de la comunidad, por lo que
resulta fácil infiltrarles y cooptar a quienes no están tan convencidos, de tal
suerte que este intento de construir una seguridad comunitaria acaba
desestructurado.
Finalmente, las Comunidades P’urhépechas Unidas (Cherato, Cheratillos,
Oruscato y 18 de marzo, todas ellas del municipio de Los Reyes) deciden
impulsar la figura de la Ronda Comunitaria en su territorio tras la
desaparición del presidente del comisariado de Bienes Comunales el 22 de marzo
de 2013; desde aquella fecha no se le volvió a ver al funcionario del cabildo
que se negó a cobrar cuota a los comuneros por cada hectárea de aguacate
producida ya que consideraba esto como una deshonra a la comunidad: extorsionar
a su propia gente y entregar este dinero a un grupo criminal.
Luego del levantamiento armado de estas cuatro comunidades, la Ronda
Comunitaria logra consolidarse como un cuerpo de seguridad que contiene
medianamente a los Templarios,
mientras que en el sur de este municipio las autodefensas combaten a muerte
contra el mismo grupo criminal. Hasta la fecha, al Ronda Comunitaria se
mantiene activa aunque disminuida en número, sin embargo, continúa siendo uno
de los focos de resistencia que componen la meseta p’urhépecha y que anteceden a
a la crisis que recientemente evidenció en Nahuatzen el actual contubernio
entre cártel y ayuntamiento.
El violento despertar de Nahuatzen
En cada una de las
barricadas que bloquean el paso a las entradas de Nahuatzen las llamas de las
fogatas iluminan los rostros cubiertos de una veintena de hombres. No están
armados, pero palos y piedras están a la vista al lado de la enramada que les
sirve de cobijo. El chofer del autobús que de Pázcuaro sale a Cherán reporta
continuamente su posición a la central y, pasando la barricada, pregunta
preocupado si al regresar le darán paso: son las ocho y media de la noche y a
las nueve los comuneros cerrarán la carretera. La tensión es tangible pero la
respuesta afirmativa, así que el camión sigue. A diez minutos de distancia,
Cherán, con su plaza animada de gente y niños jugando no parece otro municipio,
sino otro mundo. Ahí, al día siguiente se da un encuentro con algunos comuneros
de Nahuatzen que, por razones de seguridad, deciden salir del pueblo para
contar su historia.
La raíz de los eventos que, a la mitad de octubre, prendieron los
reflectores mediáticos sobre su pueblo, proviene de una problemática que la
comunidad vivió, en junio pasado, con la colindante localidad de Sevina. En
aquel entonces, el enfrentamientos entre los pobladores fue imputado a la
disputa por la posesión de mil 400 hectáreas de tierra, conflicto que,
aparentemente, se remonta a finales de los noventa y estaría relacionado con
una resolución sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales emitida
por el Tribunal Agrario. Sin embargo, al parecer los predios en conflicto
tienen más que ver con la campaña electoral de Miguel Prado Morales, candidato
a presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) –en
coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), el
Partido Humanista (PH) y el Partido Nueva Alianza (PNA) –, que con esta
resolución agraria de 1999.
Resulta, de hecho, que las tierras que los habitantes de Nahuatzen
fueron a reclamar después de las elecciones, habían sido prometidas por Prado a
comuneros de Sevina que, frente a la victoria electoral del susodicho
candidato, exigieron ver recompensado su voto. La solución propuesta por Prado habría
sido utilizar unas maquinarias procedentes de Morelia y destinadas a marcar los
límites con la comunidad cercana de Comachuén, para modificar la pertenencia de
estos predios al colinde con Nahuatzen. Al percatarse del engaño, comuneros de
la cabecera municipal habrían acudido al lugar en disputa, donde fueron
recibidos por elementos de la Fuerza Ciudadana, acompañados por el
representante de Bienes Comunales, Noé Chávez, y otros sujetos encapuchados.
El resultado del enfrentamiento fue un herido, cinco vehículos
incendiados, una caseta de vigilancia destruida y, más a largo plazo, casi un
mes de bloqueos carreteros. A finales de junio el gobierno estatal logró calmar
la discordia a través de una mesa de diálogo y algunos exponentes políticos de
la precedente legislatura acudieron al lugar, como la titular de la Secretaría
de Pueblos Indígenas, Martha Josefina Rodríguez o el subsecretario de Gobierno,
Jesús Santillán Gutiérrez; el 24 de junio se firmó una supuesta tregua, cuyas
resoluciones, sin embargo, denuncian los habitantes de Nahuatzen, que nunca
fueron concretadas. Lo que en cambio se concretó fue la organización popular,
que precisamente en este contexto vio el surgimiento de un Consejo Ciudadano,
formado por representantes de los cuatro barrios de la cabecera municipal y de
una Ronda Comunitaria que, aunque desarmada, se encargó de la seguridad del
pueblo. Esta es origen tanto del Consejo Ciudadano que se opuso a la
instalación del aparato de seguridad de Prado en el pasado mes de octubre, como
de los siete «vigilantes» que
resultaron heridos por el mismo.
La historia continua con la toma de protesta del ahora presidente
municipal, Miguel Prado, el 1 de septiembre del presente año. Los comuneros
cuentan que su primera acción como alcalde fue presentarse al pueblo acompañado
por la Fuerza Indígena de Urapicho y un equipo de seguridad al mando de
Silviano Murguía González, originario de Turicuaro, conocido en la región como
«El Tauro» y señalado como jefe de plaza de los Caballeros Templarios, encargado
del «cobro de piso» y de varias otras
actividades delictivas perpetradas en la zona. Nahuatzen, que vivió esto como
una abierta amenaza en su contra, respondió organizando una primera toma de las
instalaciones municipales para rechazar la imposición de este cuerpo de
seguridad, cuya finalidad, ya sabía, no iba a ser el cuidado del pueblo sino su
destrozo.
Y por esta razón rechazó también la primera oferta de Prado que, en
búsqueda de un acuerdo, prometió someter su seguridad pública a averiguaciones
para comprobar su viabilidad. Los comuneros fueron muy claros: no es un asunto
de aprobar exámenes, sino de que sea gente del pueblo la que se encargue de la
seguridad.
En este punto de la narración, de hecho, toma espacio el recuerdo del «Güero», un director de seguridad de
Huetamo que les fue impuesto después del homicidio del alcalde interino
Wilfrido Flores Villa, asesinado en Pátzcuaro en febrero de 2013 y que por
meses mantuvo la población en estado de terror con constantes amenazas de «levantarlos hasta Tierra Caliente y ahí
matarlos». Además, otra fuente de desconfianza fue la presencia, a lado de
Prado, del secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del
PRD, Martín García Avilés. Originario de Nahuatzen y hermano de Leonarda García
Avilés, regidora elegida en la planilla de Prado, Martín García no dejó un buen
recuerdo de su mandato como presidente municipal, y sus paisanos se dicen ahora
preocupados por su cercanía no sólo con Prado sino también con el gobernador
Silvano Aureoles Conejo. Luego de esta confrontación, que los testigos
definieron «una batalla campal» y
donde los comuneros fueron golpeados por los acarreados y amenazados de «amanecer en bolsas» por el propio
presidente municipal, se rompió todo diálogo con las autoridades. Lo que siguió
fue el levantamiento de la barricada rumbo a Arantepacua y la decisión de
mantener la Ronda Comunitaria, financiándola a través de las cuotas que los
puestos del tianguis pagan al ayuntamiento para la renta del espacio público.
Este precario equilibrio duró poco tiempo. El 16 de octubre fue el
último día en que los integrantes de la Ronda pudieron utilizar el dinero del
tianguis como fuente de sustentamiento. El día siguiente, elementos encabezados
por «El Tauro» se encargaron de
cobrar dichas cuotas y el Consejo Ciudadano reaccionó con la decisión de tomar
la presidencia municipal y sacar a las Fuerzas Indígena y Ciudadana ahí
asentadas. La euforia por la iniciativa popular duró un puñado de horas, antes
de que en la madrugada, entre el 17 y 18 de octubre, un operativo conjunto de
estas dos Fuerzas y algunos elementos encapuchados llegaran a la explanada
municipal y empezaran a insultar, golpear e inclusive torturar personas que
estaban apoyando el movimiento. El saldo fue de varios heridos y dos
secuestrados.
La respuesta fue inmediata: se decidió acudir al domicilio particular de
algunos personajes de la comunidad y obligarlos a intervenir para resolver el
asunto. Abraham Serna Maldonado, sindico propietario que los pobladores
denuncian como ex encargado del narcomenudeo local; Marín Alvarado Paleo,
empresario local propietario de un bar donde el pueblo denuncia se reúnen
cabecillas locales del crimen organizado y presunto integrante del escuadrón
policíaco del «Güero» y del «Tauro»; y la regidora Leonarda García
Avilés, fueron llevados a las instalaciones tomadas y amenazados de
linchamiento si no hubiesen encontrado la manera de regresar a los «levantados». Tras unas horas y varias
llamadas, se dio a conocer la ubicación de los secuestrados, que fueron
encontradas en un terreno baldío, vivos pero fuertemente golpeados, y los tres «rehenes» fueron liberados. La noticia
tuvo fuerte resonancia mediática y las autoridades estatales intervinieron.
El lunes 19 de octubre integrantes del Consejo Ciudadano acudieron
entonces a Morelia para la firma de un acuerdo, que reconocía su constitución
frente a un notario y establecía que ni el edil Prado ni su equipo de seguridad
operarían desde la cabecera municipal. El clima de fiesta que recibió el
Consejo de regreso de la capital tuvo sin embargo muy breve duración: alrededor
de las ocho y media de la noche llegaron veinte y ocho camionetas de
granaderos, acompañados por elementos del ejército y de la Fuerza Ciudadana.
Las campanas de Nahuatzen, que se mantuvieron calladas durante estos dos años
de levantamientos en el estado de Michoacán, ahora alzaron su voz y el pueblo
se unió para defenderse de la embestida policíaca e intentar responder con
cohetes a los lacrimógenos, y con palos a las balas.
Hubo heridos y dos comuneros detenidos, mientras que el pueblo logró
retener tres granaderos, un hombre y dos mujeres, «nuestra garantía para que nos restituyeran los compañeros que se
llevaron». La cifra de siete policías detenidos, manejada por la prensa
oficial, esconde los detalles del intercambio de estos «rehenes», y no cuenta que los cuatro federales, al llegar a Nahuatzen,
para rescatar sus compañeros fueron interceptados por dos camionetas de sujetos
armados de procedencia desconocida, razón por la cual pidieron, frente al
desconcierto de los comuneros, quedarse en el pueblo por lo menos hasta la
mañana siguiente. Después de este último acontecimiento, una tensa calma ha
regresado poco a poco en las calles de la cabecera pero a más de un mes de la
primera protesta todavía no se ve una solución de este conflicto, y ninguna
información oficial ha sido difundida acerca de la situación de gobernabilidad
del municipio, ni por parte del gobierno del estado ni por la dirigencia del
PRD.
Los comuneros se dicen unidos y decididos a seguir en su resistencia
hasta las últimas consecuencias, en un plan de fortalecimientos de la Ronda
Comunitaria y del Consejo Ciudadano. Por el otro lado, parece que el presidente
Pardo sigue sin encontrar un ayuntamiento dispuesto a recibir su cabildo y se
haya visto rechazado por Sevina, Comachuén y hasta por su propia comunidad
Arantepacua. Rumores reportan que está operando desde Turicuaro bajo la
protección del «Tauro», y tal vez
desde allí firmó, en privado, el Convenio de Mando Único Policial cuyas
fotografías aparecen en su estatus de
Facebook del día 7 de noviembre. A esta altura, y recordando las palabras de un
poblador de Nahuatzen que dijo: «el
Estado no sabe la bestia que ha despertado», lo único que se le puede
desear es que, como anuncia en las redes sociales, el presidente y su equipo
sean de verdad «conscientes de la
responsabilidad que esto conlleva».
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