Tonalá, Chiapas a 19 de
Junio de 2015
Boletín 07
Publicado por Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Amenaza la
CFE con embargar y denunciar penalmente en un plazo de 48 horas a través de un
despacho particular.
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado y recabo
información proporcionada por el Sr. Elías Palacios Ovando integrante del
Frente Cívico Tonalteco AC y del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de
Chiapas de la ciudad de Tonalá, Chiapas, a quien le requieren el pago de su
adeudo de manera extrajudicial mediante un despacho jurídico particular.
El día 11 de Junio
aproximadamente a las 18:30 hrs., en el domicilio del Sr. Elías Palacios Ovando
ubicado en la Av. Galeana, Esquina Callejón Mayorga; se presentó la Lic. Maritza
Torres manifestando ser empleada de la CFE y requería que de manera inmediata
acudiera a la Agencia Comercial de Tonalá para pagar su adeudo, caso contrario
lo demandarían ante las autoridades correspondientes, así mismo le hizo entrega
de una dictaminación extrajudicial del
despacho jurídico REDCORD con domicilio en la ciudad de Monterey, Nuevo León
con fecha 09 de Junio de 2015.
El documento signado por
el Lic. Juan Jesús Salazar Cordero en calidad de Representante Legal especifica
que se constituirá a su domicilio un actuario judicial del Tribunal Superior de
Justicia, posteriormente requiere que en un término de 48 horas realice el pago
de su adeudo que asciende a un total de $178, 379.00, caso contrario señalará
bienes de su domicilio para que estos sean embargados, y en caso de oponerse refiere
el documento se empleará el uso de la fuerza pública, rompiendo cerraduras y
será arrestado por 72 horas.
En el último párrafo de
dicho documento hace mención que de acuerdo al artículo 368º se procederá a
denunciar ante el Agente del Ministerio Publico por el delito de robo o fraude.
Por lo que este Centro
de Derechos Humanos manifiesta su preocupación debido a que este tipo de actos
solo abonan a incrementar la
criminalización y judicializar la lucha civil y pacífica de miles de usuarios
que exigen al Estado Mexicano una tarifa justa de energía eléctrica y su
reconocimiento constitucional como un derecho humano. Así también agudiza la
situación de pobreza de los usuarios de energía eléctrica que se han declarado
en resistencia civil en contra de los altos cobros de la Comisión Federal de
Electricidad.
La energía eléctrica es parte
del derecho humano a una vivienda adecuada. La ONU, a través del Comité de
Expertos que revisa los compromisos de los gobiernos como el de México, de
respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que:
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua
potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”[1]
La lucha por el acceso a la energía eléctrica y a una tarifa
justa es una lucha legítima que se inscribe en la lucha por los derechos humanos.
El gobierno tiene la obligación de escuchar, atender y respetar esa lucha. La
Declaración de los Derechos de los Defensores de la ONU[2] dice:
Artículo 12
1. Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las
autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a
toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio
legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho,
individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al
reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con
inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de
violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por lo que este Centro
de Derechos Humanos Digna Ochoa exige al Gobierno de Federal, Gobierno de
Chiapas y a la Comisión Federal de Electricidad:
Se ponga fin a todo tipo
de hostigamiento en contra de los usuarios en resistencia civil,
particularmente a los integrantes del Frente Cívico Tonalteco.
Se tomen las medidas
necesarias para frenar estos actos de hostigamiento y en todo momento se
priorice el dialogo entre los usuarios en resistencia civil y la paraestatal.
Se respete la lucha
civil y pacífica de los usuarios en resistencia civil en contra de los altos
cobros de energía eléctrica de la CFE.
[1] Observación general Nº 4: El derecho a una
vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
[2]
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea
General de la ONU 53/144
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