Escrito por
Silvia Ribeiro
Miércoles, 11 Febrero 2015
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Investigadora del Grupo ETC
La Jornada
La Jornada
Texto
completo en: http://www.lahaine.org/seguir-sembrando
Publicado en Proyecto Ambulante:
Pese a
que alimentan a la mayoría de la población mundial, con mejor calidad y con la
menor cantidad de recursos, las políticas oficiales en casi todo el mundo se
dirigen a terminar con la vida campesina. La alimentación es apenas una de las
muchas funciones vitales para la sociedad que nos aportan las y los campesinos.
México tiene una situación única, conquista de la Revolución Mexicana de
1910: más de la mitad de su territorio está bajo formas colectivas de propiedad
de la tierra, en 2 mil 360 comunidades agrarias y más de 29 mil 500 ejidos, que
tienen cerca del 60 por ciento de bosques y tierras de cultivo. No se trata
solamente de productores agrícolas o forestales, son formas de vida que
integran una totalidad económica, social, cultural y política.
El encono contra los campesinos e indígenas se manifiesta en México en una
mezcla surreal de políticas adversas, programas asistencialistas y
clientelares, crímenes como el de Ayotzinapa, represión y negación, que lleva
varias décadas. Pero ante todo ello, con asombrosa terquedad y una creatividad
que los poderosos no consiguen descifrar, persisten las resistencias y más
allá: la afirmación de identidades, de la comunalidad y los bienes comunes.
Uno de los ataques más graves se desató en 2014 con la aprobación de la
reforma constitucional para privatizar la energía y su séquito de leyes
secundarias, que entre otros atropellos, legalizó el despojo de la tierra en
propiedad social y profundizó el saqueo del agua a favor de empresas
trasnacionales petroleras, mineras y otras. Para entender el tema, sus alcances
y posibles defensas, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano
(Ceccam) y Grain, acaban de publicar el folleto Reformas energéticas, despojo y defensa
de la propiedad social de la tierra, disponible en www.ceccam.org ywww.grain.org . Es un documento de la serie Sembrando
viento, cuya característica es el manejo riguroso de la información con
un formato popular, incluyendo un periódico mural.
Con la reforma energética, el gobierno y legisladores abrieron las
compuertas para entregar al capital trasnacional riquezas naturales (gas,
petróleo, electricidad, agua y minería) e infraestructura para extraerlas, que
juntas representan más de 50 por ciento del producto interno bruto. Como resume
el documento, pese a que formalmente lo niegan, el paquete de reformas
terminó de facto con
la custodia estatal de los bienes de la Nación y con el concepto mismo de
propiedad originaria de la nación, una innovación del constitucionalismo
mexicano que ha sido clave en la defensa de los derechos territoriales de
pueblos y comunidades.
Ya se había tratado de privatizar la propiedad social de la tierra desde
1992, con la reforma del artículo 27 constitucional y la aplicación posterior
del programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares Urbanos), patrocinado por el Banco Mundial. Según la
investigación de Ana de Ita, al condicionar la certificación de la tierra a la
entrega de apoyos y diversos trámites, la mayoría de los ejidos tuvieron que
entrar en el programa, pero casi tres cuartas partes lo hicieron certificando
la propiedad de la tierra en forma colectiva. Solamente en la superficie
equivalente a un 4.4 por ciento de la tierra en propiedad social, se hizo todo el
proceso para ejercer la propiedad individual y potencialmente entrar en el
mercado de tierras. Paralelamente, y al contrario de lo que pretendía el
gobierno, en la pasada década y por acción de los propios campesinos, el
régimen y la superficie de tierra en propiedad social incluso aumentó.
La intención de las sucesivas reformas y programas era terminar con el
carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad social,
para convertir la tierra en mercancía, en meros bienes raíces o inmuebles,
despojándola de paso del entramado concreto y simbólico que siempre ha sido,
para destruir la relación de las comunidades con su territorio, base
fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad
civilizatoria de los pueblos.
Las leyes secundarias legalizaron el establecimiento de servidumbres
energéticas de cualquier terreno que contenga potencial para extraer
hidrocarburos, electricidad, minerales y agua, declarando prioritaria ese tipo
de explotación sobre cualquier otra actividad. En forma absurda, declararon
esas actividades como de orden público (irrenunciables para el interés social)
y de utilidad pública (con fines de beneficio general), pese a que estarán en
manos de trasnacionales que buscan la explotación para lucro y fines privados y
que así sabotearán el uso agrícola, alimentario y forestal, su vocación más
necesaria, concreta y útil de muchas maneras.
A esto se le agregaron figuras como ocupación temporal y superficial,
también absurdas, porque la tierra devuelta luego de décadas de explotación
energética estará devastada e inservible, aunque se pague alguna mínima
compensación.
El gobierno pretende matar dos pájaros de un tiro: abrir el mercado a las
trasnacionales de la energía y al mismo tiempo terminar con las trabas para
privatizar la tierra y librarse de las comunidades y ejidos.
Buscan crear divisiones, dirigiéndose a los ocupantes de las parcelas que
quieren explotar, no a la colectividad. Por ello es fundamental que ejidos y
comunidades reafirmen su derecho al consentimiento previo,
libre e informado, no sólo a consulta,
cuyo resultado puede manipularse. Pero sobre todo, destacan en el documento,
las comunidades se preparan a reafirmar la asamblea, la capacidad colectiva
para defenderse, desde mantener sus propias semillas a fortalecer estatutos
comunitarios que puedan usarse contra estos nuevos ataques.
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