Escrito
por Carlos Fazio
Lunes,
15 Septiembre 2014
De manera paulatina, la información sobre la represión gubernamental en
San Salvador Atenco fue desnudando los aspectos más horrendos del protofascismo
mexicano. De la mano de una guerra antisubversiva que no se atrevía a decir su
nombre, irrumpió en México la tortura sexual; una doble tortura. Los
testimonios de las presas políticas del penal de Santiaguito, en el Estado de
México, no dejaron lugar a duda: revelaron que sus captores-violadores tuvieron
un mismo patrón de conducta sádica y lasciva. Señalaron que fueron encapuchadas
o les cubrieron la cara con su propia ropa; las desnudaron de manera violenta;
las sometieron al peor trato verbal y a insultos sexistas (“putas”, “perras”, “hijas de la chingada”, “pendejas”) mientras las golpeaban con
saña en todo el cuerpo; tocaron sus genitales y su ano con brutalidad; en
muchos casos las penetraron con sus dedos y con diversos objetos, y en alguno
con el pene; varias fueron obligadas a hacer sexo oral, en algún caso de manera
tumultuaria; durante varias horas fueron sometidas a tortura física,
psicológica y moral; las amenazaron de muerte para que no denunciaran las
vejaciones; las mantuvieron incomunicadas y en un estado de indefensión física
y mental. A todas se les negó asistencia médica y legal de su confianza, lo que
aumentó su vulnerabilidad.
En Atenco fue evidente que hubo un cambio en la modalidad represiva del
régimen de Vicente Fox y los organismos de seguridad del Estado. Con un
antecedente: las técnicas de “interrogatorio”
utilizadas contra los altermundistas detenidos en el marco de
la Cumbre de Guadalajara, en 2004, ya combinaban distintas formas de
tortura con la desnudez de la víctima, la humillación, el ataque lascivo. Las
mujeres fueron violadas y ultrajadas de manera intencional, como un medio
de degradación humana y desmoralización, de aniquilación y desvalorización.
En ese sentido, como dijo la dirigente del Grupo Eureka, Rosario Ibarra,
fue “una violación de Estado”. Y como
apuntó Adolfo Gilly, “se violaron
mujeres, seres humanos, no [sólo] derechos
humanos”. Pero además es necesario inscribir los hechos como parte de otra
cuestión: la de Atenco fue una acción de tipo contrainsurgente. Y en ese marco,
la tortura buscaba generar un sentimiento de terror en el resto de la
población.
Los mandos del operativo contrainsurgente, vicealmirante Wilfrido
Robledo Madrid, jefe de la ASE, y el general de brigada Ardelio Vargas Fosado,
jefe del Estado Mayor de la PFP –apoyados en Atenco por el experto en
contraterrorismo Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de
Investigaciones-, dijeron a la opinión pública que actuaron en contra de un “grupo violento”, constituido por “secuestradores”, “homicidas” y “delincuentes”.
En ese contexto hay que analizar los hechos, incluida la tortura con su componente
sexual.
Cabe destacar que la tortura es un instrumento político de la dominación
violenta ejercida a través del Estado que busca crear un clima de miedo en la
población. Es una actividad intencional y premeditada, programada de manera
sistemática y científica para la producción de dolores físicos y psíquicos,
que, además, constituye un asalto violento a la integridad humana.
LOS
POLICIAS NO VIOLAN POR QUE NO SON TONTOS:
W.
ROBLEDO
Durante una entrevista al vicealmirante Wilfrido Robledo, el director
del semanario Milenio, Carlos Marín, y el reportero Ciro
Gómez Leyva, le preguntaron:
- ¿Tus policías violaron a tres mujeres?
-No, no. No, hombre, olvídate.
Los policías no son tontos. Es falsa la versión de las violaciones […] Sus abogados tienen que salir a la ofensiva […] A veces dicen que hubo tortura. Ahora sacan
lo de las violaciones. Es parte de su estrategia […] No hubo ninguna violación.
En declaraciones posteriores, el comisionado de la ASE afirmó que
durante el traslado de prisioneros y prisioneras de Atenco a Santiaguito “no sucedió absolutamente nada” y que
ocho policías que fueron investigados por actos de violencia “están limpios”. Cinco días después,
Robledo, quien asumió su responsabilidad como jefe del Operativo, informó que
se había aplicado “la prueba del
polígrafo” a 50 policías que participaron en los traslados y que, con
base en los exámenes realizados, “no se
han encontrado indicios de responsabilidad en actos de abuso sexual o
violaciones contra las detenidas”. Las aseveraciones del funcionario fueron
refutadas por organizaciones humanitarias, que cuestionaron ese método y
adujeron que el jefe de la ASE “busca
darle valor definitivo al polígrafo y fundamentar una autoexculpación,
negándose a la posibilidad de una investigación rigurosa e imparcial”.
Con un negro historial en su haber –a sus antecedentes represivos por la
intervención en la UNAM Robledo sumaba, en 2012, una investigación en su contra
de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) por la
adquisición ilegal de dos aeronaves y la adjudicación directa de varios
contratos cuando se desempeñaba como comisionado de la PFP, y en 1977 el
periódico The New York Times publicó su nombre en una lista de
funcionarios mexicanos “que no deberían
ocupar cargos jerárquicos en un régimen nuevo y honesto”-, en la
coyuntura de la toma de Atenco el comisionado de la ASE se
autoerigió en paladín del Estado de derecho. Sin embargo, tras asumir que el
operativo del 4 de mayo lo había coordinado él, cayó en algunas contradicciones
con respecto a la capacitación profesional de sus subordinados. Declaró: “Tampoco tenemos al mejor policía
equilibrado psicológicamente. Ahí tenemos que hacer mucho trabajo, pero en el
momento de los trancazos, las cosas también dependen de los perfiles. Tenemos
que ir platicando del uso y el abuso de la fuerza del servidor público”.
Un par de días después se divulgó una denuncia formal ante la
Procuraduría General de la República sobre los maltratos, vejaciones,
violaciones y abusos sexuales que sufrieron 23 de 47 mujeres detenidas, en
particular siete de ellas. El representante legal de las ofendidas, Juan de
Dios Hernández Monge, señaló que “al
menos 23 tiene el problema de haber sido violadas por penetración de
pene, con los dedos u otros objetos”.
Añadió que “un hombre fue violado
con un tolete”. A su vez, en una carta a la opinión pública las 47
denunciantes acusaron: “Fuimos tocadas,
pellizcadas, pateadas, golpeadas con puños, toletes, macanas y escudos en
senos, nalgas y genitales. Mientras seguían amenazándonos, fuimos mordidas en
senos, pezones, orejas, labios y lengua. Penetradas con dedos y objetos,
algunas obligadas a hacer sexo oral mientras se burlaban de nuestra condición
de mujeres”. Se quejaron, también, de negligencia médica; algunas
padecieron infecciones vaginales o en las heridas.
Según un reportaje periodístico, la noche del 3 de mayo el
vicealmirante Robledo le planteo una disyuntiva al gobernador del Estado de
México, Enrique Peña Nieto: “Me dejan
hacer el operativo o de lo contrario renuncio ahorita”. Después, “con el procurador estatal Abel Villicaña
dijo que se iba a ver en la necesidad de ‘freír judicialmente a unos cuantos
policías’, Wilfredo le advirtió ‘que ni se le ocurriera tocar con el pétalo de
un citatorio a cualquiera de sus muchachos, pues habían actuado tal como la
situación ameritaba’…”
Comentarios