Mineras de Canadá compran autoridades y ejercen “su gobierno” en zonas indígenas de Chiapas, acusan líderes
CANADIENSES INVADEN CHIAPAs
De acuerdo con Gustavo Castro Soto, coordinador de
la organización Otros Mundos –integrada en Rema–, el daño que hacen las
empresas que trabajan en la actividad minera en Chiapas –sean nacionales o
extranjeras– causan grandes afectaciones al ambiente así como a los ejidatarios
al explotar sus tierras; sin embargo, destacó que “el gran problema de que dichas compañías no sean sancionadas se debe a
la corrupción mexicana”.
Empresas extranjeras han
llegado y se han ido, pero sus concesiones se quedan en el territorio mexicano
para continuar explotando la tierra con la extracción de oro, zinc, plata y
barita, pero nadie conoce el nombre de estas firmas porque no existe una
regulación en los registros que debería realizar la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), “todo es parte de
la misma red de corrupción”, explicó Castro Soto.
El activista detalló que en
Chiapas, concesiones entre 2010 y 2012 han sido otorgadas inicialmente a un
total de 51 propietarios diferentes. De todos ellos, 41 son mexicanos y el
resto extranjeros entre Canadá y Chile.
“Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas
concesiones ya expiraron, otras empresas han cambiado de nombre y otras
empresas o particulares han vendido sus respectivos permisos”, dijo.
“Entre el 2000 y el 2006 se llevaron a cabo
muchas concesiones para explorar en Chiapas. A partir del 2006, el gobierno
federal modifica la ley minera que permitiría obtener una sola concesión por
exploración y explotación”, explicó la organización Otros Mundos en su
informe “La actividad minera en Chiapas,
un recuento del 2000 al 2012”.
En el caso de Chicomuselo, la
empresa Blackfire dejó estragos que los pobladores continúan sufriendo, como
son el derrumbe de sus casas por la maquinaria utilizada, la contaminación de
sus ríos, deslaves por las obras que también dañaron el agua, además de la
deforestación, entre otros, agregó el activista.
Además comentó que en la
mayoría de los casos, aparte de las afectaciones al medio ambiente, los
derechos de los terratenientes no son respetados, pues “no les pagan lo que les prometieron, los despojan de sus tierras,
además de que los empresarios provocan división social”.
El TPP dio a conocer desde el
29 de mayo que los megaproyectos mineros eran la principal causa de generar
cerca de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implicaban a
compañías canadienses, por lo que el Tribunal anunció que revisaría los casos
que involucraban a las empresas de ese país en la violación a los derechos
humanos y del medio ambiente.
Uno de los impactos sociales a
los que se refiere el activista es al descontento por parte de la población que
demanda justicia “y eso es lo que los
impulsa a cerrar vialidades como ocurrió en el caso de Chicomuselo, donde fue
asesinado Mariano Abarca” tras manifestarse en varias ocasiones y hacer
evidente la corrupción municipal y estatal que se vive en torno a la actividad
minera.
Además, la minera Excellon
Resources también fue acusada de violar el derecho a la libertad de asociación
sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la reunión pacífica en La
Platosa, en Durango. Dante López, de la organización ProDESC (Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales) presentó el caso ante los jueces y
relató las dificultades que la Sección 309 del sindicato enfrenta, según datos
brindados por Rema.
En octubre de 2012 más de 200
miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y
piedras, llegaron a un campamento donde miembros del sindicato de trabajadores
Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para
protestar contra la empresa.
IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN
Los cinco implicados en
el asesinato del activista Mariano Abarca Roblero continúan libres. Foto:
especial
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“Le han querido dar el carpetazo, y
aunque hubo una averiguación previa y cinco detenciones desde 2009 (la última detención hace tres
meses) nadie hace nada por la gran
corrupción que hay”, denunció José Luis Abarca, hijo del activista que fue
asesinado en 2009 en Chicomuselo, Chiapas.
José Luis Abarca, también integrante
de Red Mexicana de Afectados por la Minería, denunció que en ejido donde habita
hay impunidad por parte de las autoridades y al igual que Gustvo Castro,
coincidió que con la corrupción que impera en el estado, poco se puede avanzar
en materia de derechos humanos.
En 2009, la empresa Blackfire fue
allanada por las autoridades canadienses luego de que tras una investigación se
determinara que incurrió en actos corruptos durante su operación en México.
“El presidente municipal dijo que el dinero que estaba percibiendo por
parte de Blackfire era para la feria del pueblo, que por eso la empresa le
depositaba directamente a su cuenta personal”, comentó José Luis Abarca, quien detalló que esos
datos fueron obtenidos de las oficinas de telégrafo y de la tesorería
municipal.
Además, la familia Abarca pidió al
órgano de fiscalización que se realizara una auditoría al Presidente municipal
Julio César Velázquez Calderón, y no lo hizo.
Posteriormente, José Luis logró
obtener pruebas de organismos internacionales de que la empresa sí otorgó
grandes cantidades de dinero al presidente municipal, por lo que con ayuda de
diversas organizaciones de México e internacionales, la Policía Real Montada de
Canadá ordenó el cese de Blackfire.
Sin embargo, el problema no terminó
con detención de las actividades de la compañía canadiense, pues sus
concesiones continuaron y tanto el caso de corrupción como el homicidio de
Mariano Abarca quedaron impunes por las autoridades mexicanas.
Además, la reciente respuesta que ha
dado el TPP “sólo es simbólica, moral”,
así lo calificó el integrante de Otros Mundos, quien explicó que lo que hace el
Tribunal Permanente de los Pueblos es evidenciar las violaciones a los derechos
humanos a través de líderes de opinión que ejercen “presión social” para que los países implicados se responsabilicen.
Sin embargo, no cuenta con una capacidad legal para poder sancionar, explicó el
activista.
De acuerdo con el veredicto
preliminar del TPP, “el Tribunal
Permanente de los Pueblos escuchó en estas audiencias [realizadas del 29 de
mayo al 1 de junio] el testimonio de
numerosas víctimas [entre ellas el caso de Mariano Abarca], además de especialistas y expertos, lo cual
le ha permitido desentrañar una práctica de las empresas mineras canadienses,
del Estado canadiense y los Estados de destino de las inversiones de las
primeras, ignorantes de cualquier valor humano y social y, en no pocas
oportunidades, de la misma vida”.
A través de un comunicado detalló: “Este Tribunal pone de manifiesto relevantes
violaciones de estos derechos humanos, y el Tribunal considera probado, con
cargo a la documentación de imputación y los testimonios de corroboración
recibidos que las empresas mineras canadienses radicadas en México, Honduras,
Guatemala y Chile, cuya actuación ha sido examinada durante las sesiones de
este proceso, han incurrido manifiestamente en violaciones a múltiples derechos
que, como fue planteado en la Acusación, pueden ser agrupados en tres campos”.
Castro Soto agregó que quien debe
responder por el homicidio y por las afectaciones colaterales en cualquier caso
de daños causados por actividades mineras son las autoridades federales,
mientras que por el caso de corrupción por parte de la empresas extranjeras sí
corresponden directamente a autoridades del país de donde pertenezcan.
“Que respondan por el homicidio, por los actos de corrupción, no nos vamos
a cansar por pedir justicia”, agregó José Luis Abarca, quien en distintas ocasiones, al igual que su
padre, ha exigido una respuesta por las autoridades estatales de Chiapas y aún
no la obtiene.
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