Fuente: Colectivo La Digna Voz
27-06-2014
Para los estudiosos de la democracia, el
pluralismo político es el concepto clave para cimentar la legitimidad del ícono
político del estado liberal. La democracia es el medio ideal, único dicen
algunos, para regular la convivencia en una sociedad moderna, diversa,
conformada por mayorías y minorías. Gracias a ella las élites, los grupos de
interés y los partidos políticos inciden en las decisiones que afectan a los
intereses de sus representados, estableciendo una sana regulación entre
gobernantes y gobernados que tiene como eje el bien común. Pero el pluralismo
político oculta el hecho de que, si bien se asume a la sociedad a partir de su
diversidad, el pez grande se come al chico. Efectivamente, el mar social está
compuesto de grupos diversos pero unos son muchos más poderosos que otros.
Dicha asimetría rompe con la posibilidad de que el diálogo y la negociación se
dé entre iguales; por el contrario, la negociación y la toma de decisiones la
controlan los fuertes para imponerla a los débiles. Eso sí, siempre
reconociendo a la democracia como marco regulador.
Un
ejemplo de lo anterior es lo que está pasando en México con la formulación de
la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Para empezar, los
monopolios de la comunicación son los actores preponderantes en las
negociaciones. Son ellos los que aceptando el proceso de reforma pretenden -a
fuerza de cabildeo y amenazas, que es más o menos lo mismo- que los cambios
apunten a dejar todo igual, Y con esto me refiero, no solo a Televisa y TV
Azteca, sino al grupo de Carlos Slim y de otras empresas que tiene el ojo
puesto en contar con una generosa rebanada del pastel.
Tanto
el duopolio televisivo como los actores emergentes tiene el mismo objetivo:
controlar a la opinión pública para proteger sus negocios, ampliar su poder
político y enriquecerse lo más que se pueda. Los emergentes no pretenden
mejorar la calidad de la información o democratizar su producción y
distribución. Tampoco creo que consideren fundamental ampliar la programación
cultural o darle un sentido más transparente a sus componendas con presidentes,
gobernadores o congresistas en tiempos de campañas y elecciones. En pocas
palabras, la calidad de la información que recibimos hoy del duopolio no
necesariamente va a mejorar porque existan otros actores en las
telecomunicaciones mexicanas. El duopolio no se rompe, sólo se adapta y se
fortalece, pero ahora en un ambiente de ‘competencia’
virtual.
Por su
parte, la telefonía no va a bajar sus precios ni ampliar sus coberturas.
Seguirá, al igual que las televisoras, gozando de un monopolio de facto que le
permitirá manejar a su antojo el sector, afectando a la economía nacional y
ampliando su poder financiero para ampliar sus negocios. Seguirá la impunidad y
el cobro excesivo de sus servicios. Y además se extenderá al negocio televisivo
para aumentar su poder político y servir al mejor postor. Y todo ello a cambio
de burlar el derecho a la privacidad que es lo que menos les interesa a las
empresas. Sacrificar los derechos de los ciudadanos a cambio de concesiones y
licencias será el pan de cada día.
Al
mismo tiempo, el endurecimiento contra las radios comunitarias y televisoras
públicas sigue su marcha. Por un lado, el acoso contra las radios de las
comunidades indígenas o de organizaciones de la sociedad civil ha cobrado
tintes de represión sistemática contra todo aquél que atente contra el
monopolio real; por el otro, el envilecimiento de las televisoras públicas las
cuales, respetando el monopolio, se convierten en las televisoras personales
del gobernador en turno, renunciando a su obligación legal que es dar voz a la
diversidad política y cultural a la ciudadanía. Tanto el obstruir la expresión
diversa de una sociedad plural como manipular la información desde los medios
públicos representan claramente la política de control social que apoyada por
la militarización del país están lejos de abonará al desarrollo de la
democracia en México.
Esta
política represora del estado mexicano no sólo obedece a una lógica del capital
sino también a una lógica del poder político, que se basa en la idea de que el
control de la información es básico para el control social. El reparto de las
concesiones y licencias para el uso del espectro radioeléctrico tiene la
finalidad de mantener lealtades política e incluso ampliarlas con los actores
emergentes. Al igual que la energética o la política, la reforma en
telecomunicaciones no es más que la reconfiguración de un sector estratégico de
la economía como consecuencia del regreso del PRI a Los Pinos. Es más de lo
mismo, pero edulcorada con la idea de la pluralidad, del reconocimiento de la
diversidad social, del fin de los monopolios. En realidad la reforma pretende
reducir la posibilidad que los medios de comunicación sean un espacio de
manifestación de las diferencias, de la diversidad política y cultural de
México. Al igual que la política, representa un retroceso que se quiere vender
como gran avance.
El
derecho a la información es a todas luces saboteado con el espíritu de la nueva
ley de telecomunicaciones, sin importar que surjan nuevas empresas. Y para
aquéllos preocupados por medir la calidad de la democracia basados en el
pluralismo político son malas noticias. Para el resto de los habitantes del
país es simplemente la confirmación de que el autoritarismo y exclusión son las
divisas del régimen.
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