x País Mapuche
La
Haine
14/6/2014
Por no poder probar la participación de los
imputados en ninguno de los delitos que la fiscalía los acusaba en el caso del
ataque al fundo San Leandro de Lautaro, fueron absueltos los siete comuneros
mapuche a quienes se les imputaban delitos de carácter terrorista.
El largo proceso judicial se inició a principios del año 2009, después
de que un grupo de desconocidos incendiaron diversas instalaciones al interior
del predio ubicado en el sector Dollinco bajo, comuna de Lautaro. El predio
pertenecía en ese entonces al terrateniente Pablo Herdener Truan, conocido en
la zona por ser dueño de diversos predios de las comunas de Lautaro, Vilcún y
Perquenco, sobre tierras arrebatadas a comunidades mapuche del sector.
En esa oportunidad el gobierno de Michelle Bachelet en la persona de la
abogada Doris Tello como representante del ministerio del interior en ese
entonces, actualmente Seremi [Secretaria Regional Ministerial] de Transportes
de La Araucania, invocó la ley
antiterrorista para investigar el hecho.
Amparados en dicha ley la fiscalía inicio los pasos para culpar del incendio
a un grupo de comuneros de la comunidad Mateo Ñirripil Autónoma y algunos
comuneros mapuche de otros sectores todos ellos sindicados por los organismos
de inteligencia como militantes de la Coordinadora Arauco Malleco CAM.
Los comuneros imputados permanecieron en prisión preventiva por más de
un año, tiempo en el cual asumieron una huelga de hambre de más de 80 días.
En la preparación del juicio sin embargo fueron desestimadas las pruebas
obtenidas bajo ley antiterrorista con lo que la fiscalía perdió terreno y
comenzó a descolgarse del proceso.
También el gobierno de Piñera se desmarcó al retirar la invocación de
esa ley, pero la fiscalía continuó con el proceso ya que no podía retirar la
invocación de la cuestionada ley.
Al finalizar el largo proceso judicial, la absolución parece un chiste,
pues los comuneros sufrieron humillaciones y vejámenes propios de un sistema
jurídico colonialista, que no pueden ser borrados por la resolución tardía de
un tribunal.
Lo que queda claro aquí es que existe en Wallmapu una mafia antimapuche
que se ha atrincherado en las instituciones judiciales y policiales que el
estado chileno mantiene en nuestro País Mapuche ocupado, especialmente en el
ministerio público y desde allí utilizan las herramientas que les da el sistema
jurídico colonialista chileno para perseguir a los mapuche, especialmente a
través del uso torcido de la figura del testigo
protegido y de la ley antiterrorista.
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