Alainet, 21-06-2014
Fuente: http://alainet.org/active/74750
En todo el país se está
celebrando el centenario de la Toma de Zacatecas, hito de la Revolución
Mexicana iniciada en 1910, que marcó el triunfo de las expresiones más
populares y agrarias de ese movimiento armado, como fueron las de Villa y
Zapata. Si este último convocó a los campesinos a la lucha bajo la divisa: “La tierra es de quien la trabaja”,
ahora, el Gobierno de Peña Nieto conmemoran el centenario, precarizando, si no
es que prácticamente anulando el derecho de los campesinos, las comunidades
indias y los pequeños agricultores a la tierra.
Esto se consuma al discutirse en el Senado las iniciativas de leyes en
materia energética que van a concretar la reforma de la Constitución aprobada
en diciembre pasado por el partido de Peña Nieto, el PRI, los pequeños partidos
aliados a él y la mayoría del PAN. Dicha reforma da pie a la privatización de
los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, hasta ahora propiedad
de la Nación mexicana.
Si de por sí, La Ley Minera vigente, promulgada en 1992, declara que “La exploración, explotación y beneficio de
los minerales o sustancias a que se refiere esta ley, son de utilidad pública,
serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”
(Art. 6), ahora, el concepto de preferencia, de primacía sobre cualquier otro
uso se extenderá a toda actividad extractiva.
En efecto, de acuerdo a los dictámenes aprobados hasta ahora en las
comisiones respectivas en el Senado, la exploración y la extracción de hidrocarburos
se consideran actividad estratégica, de interés social y de orden público.
Además, se introduce el concepto de “servidumbre”
para las instalaciones petroleras, de hidrocarburos, mineras y eléctricas, lo
que hará que no sólo las comunidades y particulares cuyo subsuelo sea rico en
minerales o hidrocarburos, o en aguas termales sean eventualmente expropiados,
sino también aquellas en donde se requiera la construcción de instalaciones,
ductos y líneas de transmisión para dichas actividades.
Las consecuencias de aprobarse como vienen los dictámenes avalados por
el PRI, sus aliados y la mayoría del PAN, son muy graves:
Las y los mexicanos y sus comunidades pasan a ser de facto ciudadanos de
segunda, pues los derechos de explotación de hidrocarburos y minerales, además
de las servidumbres, en manos de compañías extranjeras, tendrán primacía sobre
todos sus derechos humanos, individuales y comunitarios, estableciendo una
grave contradicción con el espíritu y la letra la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, comenzando por su Artículo 1º que garantiza el pleno
disfrute de todos los derechos humanos.
La apropiación de la mayor parte del territorio mexicano y la invasión
de compañías de energía o mineras extranjeras se acelerará notablemente. Aun
sin las reformas, hay que tener en cuenta que 56 millones de hectáreas, más de
la cuarta parte del territorio nacional, están concesionadas a empresas,
extranjeras en su mayoría. Si ya México es evaluado por la Survey of Mining
Companies 2009-2010 como el segundo país más favorable para la inversión
minera, sólo debajo de Chile, con las reformas, los legisladores del PRI y del
PAN harán que se supere entreguismo a la herencia pinochetista. Dijo por ahí un
senador que hay que profundizar las reformas en materia minera “…para que se impulse debidamente a este
sector de la economía”. Y, sin embargo, tan sólo entre 2000 y 2010 se
extrajeron de las entrañas de este país, 419 mil 97 kilogramos de oro, más del
doble del todo el oro que se extrajo durante los trescientos años de la
colonización española: 1521-1830: 191 mil 825 kilos. (Juan Luis Sariego:
Extractivismo y sustentabilidad: la conflictiva actual en la minería mexicana).
La primacía de los usos de la tierra para la extracción de
hidrocarburos, agua y minerales, así como de las servidumbres afectará
seriamente la producción de alimentos, sobre todo de la agricultura campesina,
la indígena y las diversas formas de agricultura familiar. Si en la actualidad
la superficie cultivada de México asciende a 21 millones de hectáreas, menos de
la mitad de la superficie concesionada para la minería, es de temerse que esa
superficie disminuirá, lo mismo que la producción de alimentos. Y seguirá con
la terrible tendencia ya establecida desde el inicio del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte: el país exportará energía para comprar muy cara
la comida que aquí se puede producir. El derecho a la alimentación será aún más
lejano para una mayoría creciente de mexicanos. Se perderá aún más la soberanía
alimentaria y no se logrará construir la soberanía energética pues los
principales productores de energía no serán las empresas y consorcios mexicanos,
sino las trasnacionales.
Además de poner en grave peligro el derecho a la alimentación de las y
los mexicanos, los efectos de las leyes secundarias en materia energética como
las tratan de imponer el PRI y la mayoría del PAN, atentan contra el derecho
humano a un medio ambiente limpio. La minería a cielo abierto, la perforación
por medio de la fracturación hidráulica para extraer el gas de lutita o
esquisto, o simplemente de petróleo, acarrearán de inmediato graves perjuicios
al medio ambiente y a la salud de la población. También agotarán los mantos
acuíferos en las zonas donde hay más escasez de agua.
Las reformas en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y geotermia
promueven el extractivismo irresponsable y no sustentable. Si este país ya es
uno de los primeros lugares mundiales en exportación de mano de obra, ahora se
colocará como el líder indiscutido de la exportación de la naturaleza. Cuando
de todos lados, activistas, artistas, movimientos sociales, científicos, alzan
millones de voces clamando por un cambio civilizatorio, por una transformación
sustancial en nuestros modos de consumo, en nuestro uso de las energías, en la
disminución de los gases que provocan el calentamiento global, Peña Nieto, el
PRI, y la mayoría del PAN o ignoran todo esto o lo subordinan a sus mezquinos
intereses electorales y o económicos.
Más allá del entreguismo, más allá del antinacionalismo, el espíritu de
estas leyes secundarias, alberga una concepción machista de la tierra: algo que
hay que usar, violentar, perforar, remover y vender. No se concibe a la tierra,
de acuerdo a Leonardo Boff como “Madre
que debe ser amada, respetada y cuidada... con la que hay que hacer un contrato
natural que dará sostenibilidad a nuestro planeta”, según nos lo enseñan
los pueblos indios.
El gobierno de Peña Nieto,
su partido, sus aliados y la mayoría del PAN piensa que con estas leyes
secundarias de conveniencia están dando un salto hacia el futuro. Todo lo
contrario, están encadenando a este país a un modo civilizatorio que rezuma la
muerte por todos los poros.
Comentarios