junio 20, 2014
Publicado por Guerrilla
Comunicacional México
Paulina Jara/socialistworker
“¡Queremos
ser dueños de la reforma educativa!” Así le dijeron los estudiantes y maestros de
Chile a la recientemente re-electa presidenta, Michelle Bachelet, poniendo en
cuestionamiento su capacidad de mediar, en sus primeros 100 días, un acuerdo
nacional sobre el futuro de la educación en Chile, como lo había prometido en
su campaña electoral.
Con pancartas leyendo: “Donde hay derechos, no hay mercado”,
alrededor de 100.000 personas marcharon sobre la Alameda de la capital,
Santiago, el 10 de junio. Ésta fue la segunda marcha en un mes que las
organizaciones estudiantiles han convocado para protestar contra la “insuficiente y poco representativa”
propuesta educativa gubernamental. La policía atacó y dispersó la marcha con
brutalidad ante el intento de un grupo no identificado de levantar una
barricada. Hubo marchas además en una media docena de ciudades del país
austral.
En la ocasión, la
presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech),
Melissa Sepúlveda, señaló que la marcha “nos
permite dar una demostración de fuerza, mostrar que hoy hay descontento y que
la reforma del gobierno no cumple las expectativas y las demandas del
movimiento social. La medida principal que exigimos es que se fortalezca la
educación pública en el país… donde podamos realmente erradicar el mercado en
la educación, podamos acabar con el lucro, sin medias tintas, y digamos que si
la educación es un derecho social, no puede haber negocio en ningún aspecto del
proceso educativo”.
El declarado objetivo de
los estudiantes es defender y fortalecer de la educación pública, buscar la
creación de una red técnica estatal, democratizar las instituciones
educacionales, lograr la condonación de las deudas crediticias, y mejorar de
las condiciones laborales de todos los involucrados en proceso educativo.
La convocatoria fue apoyada
por la gran mayoría de las organizaciones estudiantiles y de trabajadores de la
educación, entre ellas la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) –la
mayor federación nacional de organizaciones estudiantiles universitarias–la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), la Organización de Federaciones de
la Educación Superior (Ofesup), el Colegio de Profesores, la Asociación
Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), y el Consejo
Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Central Única de
Trabajadores.
Como parte de las
movilizaciones, el Colegio de Profesores, que agrupa cerca de 200.000 docentes,
anunció una huelga nacional para el 25 de Junio y caravanas de maestros
llegando a Santiago entre los días 4 y 9 de Agosto para una gran manifestación.
Michelle Bachelet presentó
su reforma educacional temprano durante su segunda campaña electoral por la
silla presidencial. Asumió el cargo el 11 de marzo de este año y el día 20 de
mayo introdujo su propuesta ante el Congreso. El gobierno señala que los cuatro
pilares de la propuesta son: el fin al lucro, la calidad de la educación, el
fin de la segregación, y avances sustantivos hacia la gratuidad universal.
Para terminar con el lucro
en la educación, Bachelet propone que el Estado financie a organizaciones
educacionales sin fines de lucro, que serán reguladas y fiscalizadas por un
nuevo Servicio Nacional de Educación Pública, bajo la tutela del Ministerio de
Educación. El proceso de transformación de los establecimientos con fines de
lucro a entidades sin fines de lucro será por
etapas, y la cuota que los padres pagan por sus hijos mensualmente será disminuida progresivamente, hasta
desaparecer, en un plazo de 2 a 3 años.
El esquema final es muy
parecido a cómo funcionan las escuelas chárter
en Estados Unidos. Y si eso sirve de alguna experiencia, el resultado amontará
a una redefinición de lucro a través de desproporcionados pagos administrativos
y contratos tan onerosos como innecesarios, tales como aquellos relacionados
con la industrialización de la educación y la estandarización de los
instrumentos de medición escolar.
Esto es lo que preocupa a
los estudiantes y trabajadores de la educación hoy movilizados. Conjuntamente,
ellos denuncian la nula participación que han tenido en el diseño de la reforma
educacional presentada por el gobierno. Según una representante de la Cones,
Lorenza Soto señaló: “la discusión debe
empezar desde abajo, y si no, no es democrática”. Y agregó: “No es el movimiento estudiantil el que
tiene que escuchar las propuestas de gobierno. Es el gobierno el que tiene que
escuchar al movimiento estudiantil”.
Además, no se termina con
la educación privada. “¿Debe seguir
existiendo la educación pagada tal como la conocemos?”, pregunta Juan
Eduardo García-Huidobro, quien encabezó una comisión presidencial convocada por
Michelle Bachelet que llegó a proponer el fin del lucro en la educación en
2006. Y agrega: “Si este tema no se
discute, se introduce un doble estándar difícil de sostener: se toman medidas
para hacer más integrada la educación de ‘los otros’, pero la elite política,
que toma estas medidas, mantiene una educación distinta para su prole”.
Esto pone en duda el tema
de terminar con la segregación escolar por mecanismos de selección. La
propuesta es poco clara, señala el Centro de Investigación Avanzada en
Educación de la Universidad de Chile: “Terminar
con la selección de alumnos va más allá de extender la gratuidad y se vincula
con los múltiples mecanismos de selección académica que existen en Chile. El
programa de gobierno no especifica una propuesta para acabar con ellos”.
Otras críticas apuntan a la
diseñada falta de cohesión administrativa y territorial en el propuesto
Servicio Nacional de Educación Pública que fiscalizaría las escuelas tipo chárter que asumirían la responsabilidad
de administrar la educación sin fines de lucro. Además, la propuesta guarda
silencio con respecto a mejoras laborales en la educación, tan necesitadas por
los trabajadores docentes, particularmente a nivel parvulario.
La propuesta de Bachelet y,
aún más, la respuesta estudiantil han abierto un necesitado debate sobre el
futuro de la educación en Chile. Como el Colegio de Profesores señala en un
comunicado, las propuestas “son
perfectibles, pero sobre todo generan un momento de inflexión, en el sentido
que abren un debate de fondo sobre el sistema educativo y la garantización del
derecho a la educación que el país requiere”.
La re-elección de Michelle
Bachelet, militante del Partido Socialista de Chile, con el 62 por ciento de
los votos, en noviembre de 2013, ocurrió bajo la umbrela de la alianza de
centro izquierda Nueva Mayoría, heredera política de la Concertación de
Partidos por la Democracia, la coalición multipartidaria que derrotó hace casi
25 años el intento del dictador Augusto Pinochet de extender, por las urnas, su
estadía en el poder.
En su primer mandato, entre
los años 2006 y 2010, Michelle Bachelet gozó, por lo general, de una amplia
aprobación ciudadana, particularmente entre las mujeres, por los avances
sociales y económicos que la primera mujer presidenta en Chile implementó. Pero
su mandato no estuvo ausente de desafíos, por ejemplo, de los mineros del
cobre, los pueblos indígenas, y en relación a la respuesta de su gobierno ante
el terremoto y maremoto que azotó Concepción y sus alrededores.
Sin embargo, el mayor
cuestionamiento a su gestión vino de la mano de los estudiantes secundarios del
país, quienes realizaron una ola de huelgas y tomas de escuelas, protestando la
inhabilidad de Bachelet para revertir las políticas educativas heredadas de la
dictadura de Pinochet. Durante meses, la llamada Rebelión de los Pingüinos, impulsó la unidad de la clase obrera en
torno al tema de la educación, e hizo tambalear la cohesión de la coalición de
gobierno, provocando numerosos cambios ministeriales.
Al presentar su propuesta,
Bachelet cuenta con una mayoría favorable en ambas cámaras del Congreso. Entre
los diputados nuevos se hallan Giorgio Jackson, ex presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y miembro de Revolución
Democrática, Camila Vallejos y Karla Kariola, ex líderes en la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y militantes de las Juventudes
Comunistas, y Gabriel Boric de Izquierda Autónoma, quienes desplegaron un
certero liderazgo durante la jornada de movilizaciones y tomas de escuelas y
universidades contra los planes educacionales del ex presidente derechista, y empresario,
Sebastián Piñera. Ellos, además, eran estudiantes secundarios cuando, se desató
la Rebelión de los Pingüinos.
Cabe señalar que el
movimiento estudiantil chileno fue el primer movimiento social en salir a la
calle luego de la recuperación de la democracia formal en 1990. La Ley Orgánica
Constitucional de la Educación, abriendo el camino a la privatización y el
lucro en la educación, fue firmada por Pinochet menos de una hora antes de
transferir el poder a Patricio Aylwin, el primer presidente electo en Chile por
más de 17 años. Desde entonces, y por la incapacidad o falta de voluntad de los
posteriores gobiernos para derogar esa ley, cada uno de los presidentes post
dictadura ha tenido que confrontar grandes movilizaciones estudiantiles.
Este es el telón de fondo
frente al cual Bachelet trata de cumplir con su promesa electoral, reafirmar
las prioridades de la agenda neoliberal en la educación, y, tal vez, evitar una
nueva rebelión estudiantil. Pero el socialismo de Michelle Bachelet, como el de
los modernos social-demócratas en el mundo entero, no es uno necesariamente
comprometido con los intereses de la clase obrera, y ha sido muchas veces
cómplice en la agenda neoliberal.
Bachelet busca establecer
sus credenciales con ambos, los intereses mercantiles en la educación y con los
movimientos sociales. Así, tras la máscara de terminar con el lucro y la
gratuidad de la educación, Bachelet está proponiendo un sistema difícil de
fiscalizar que abre las puertas a rentables triangulaciones contractuales y a la
llana corrupción, y consecuentemente al empeoramiento de la educación de los
más pobres.
Pero de la mano de la
militancia estudiantil y de la fuerza laboral docente, los movimientos sociales
en Chile tienen hoy nuevamente la oportunidad de interponerse a los planes
neoliberales de sus gobernadores, y esta vez, con la fuerza y experiencia
acumuladas, poder hacer valer la voz popular en el futuro de la educación en
Chile.
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