Autodefensas: la rebelión que sí puede ser. En el diálogo asoma una confrontación de pronóstico reservado
Fuente: Colectivo La Digna
Voz, 29-04-2014
Determinar si se trata de una criatura del
gobierno o de la delincuencia, o un frankenstein al servicio de ricos
rancheros o poderosas empresas mineras, es una preocupación que gozó –acaso aún
goza– de preeminencia en el tratamiento periodístico que se da a las
autodefensas en Michoacán. Y las opiniones frecuentemente fluctúan entre dos
posiciones que a menudo colindan: o bien que las autodefensas responden a una
recomposición del territorio administrada por empresarios o caciques locales, o
bien que “la mano que mece la cuna”
mora los pasillos de la institucionalidad pública (gobierno, ejército etc.).
Mientras se insista en abordar el fenómeno desde esta óptica, sólo se
conseguirá reincidir en diagnósticos parciales o verdades a medias. Porque la
irrupción de las autodefensas no tuvo un único epicentro originario. Tampoco
fue el saldo de la maquinación de un solo hombre o grupo de hombres. Las
autodefensas son la expresión, nunca estable, de una multiplicidad de procesos
extra e intraterritoriales. No se aspira acá a desagregar a las autodefensas de
su momento constitutivo. Tan sólo cabe reconocer que este momento constitutivo es
multiforme. Las contradicciones e indeterminaciones de la agrupación confirman
este razonamiento.
En las
autodefensas convergen 36 coordinadoras y cerca de 100 comunidades levantadas
en armas. A grandes líneas, esta confederación se divide entre quienes
respaldan el acuerdo con el gobierno y aceptan la iniciativa de desarme, y
quienes se oponen a esta tentativa de desactivación (presumiblemente la mayoría
de las coordinadoras). El gobierno, los cárteles y quizá también algunos
empresarios otrora afines a las autodefensas, temen esta última posición de
resistencia e insubordinación. Aun cuando intervinieran poderes fácticos o
formales en el origen de las autodefensas, no se puede objetar que la moción
autodefensiva ha cobrado un impulso disruptivo, que a más de una autoridad
tiene en estado de vilo e intranquilidad. En otra oportunidad se consignó este
carácter “potencialmente transgresor”
de las guardias michoacanas:
“…Cabe advertir que la sola participación
(o bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los actores oficialistas en la
formación y reproducción de estos grupos, es una apuesta que no está exenta de
riesgos virtualmente costosos para el poder constituido. Las propias
autodefensas son increíblemente diversas. Y como en todo conflicto de esta naturaleza,
las condiciones de clase, cosmovisiones e intereses que priman son heterogéneos
y no pocas veces antagónicos… acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas
potencialmente transgresoras que intervienen en las guardias comunitarias:
campesinos desposeídos, inmigrantes que van y vienen a Estados Unidos, y cuyo
compromiso con la tierra cobra otra dimensión, trabajadores y padres de familia
ordinarios hastiados de la corrupción, violencia e impunidad que fomentan por
acción u omisión las autoridades públicas… El riesgo para el Estado es doble:
uno, que las autodefensas se radicalicen y consigan autonomía… y dos, que el
ejemplo cunda, y el formato de autodefensa alcance el rango de canon”.
El
diálogo entre las autodefensas y el gobierno (o al menos los retazos de esa
interlocución que se ventila públicamente) es altamente ilustrativo de este
escenario u horizonte antes enunciado. Allí se asoman los primeros ribetes de
una violenta confrontación en puerta, cuyo desenlace es de pronóstico
reservado. Pero acaso lo más importante de este remedo dialógico, que a veces
se acerca más a una yuxtaposición de soliloquios, es que consigna el germen de
una insurgencia social.
Pero
dejemos que los propios protagonistas señalen el camino hacia esta conjetura.
Autodefensas-gobierno: señales
encontradas
Lunes
13 de enero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fija la
posición del gobierno:
“Se responsabiliza a las
autodefensas por debilitar el Estado de derecho y por abonar en el terreno
siempre arbitrario, inconstitucional y peligroso de la aplicación de la
justicia por propia mano… los emplazo a regresar a sus lugares de origen y
reincorporarse a sus actividades cotidianas, en tanto las fuerzas federales, en
coordinación con las autoridades estatales, se hacen cargo de la protección y
seguridad de los habitantes de Tierra Caliente” (Nexos
IV-2014).
El mismo día, las autodefensas responden:
“Que Osorio Chong venga
a desarmarnos
(...). Nunca va a venir, pero que lo
intente” (El Universal 14-I-2014).
Viernes 17 de enero, Washington reitera su apoyo al gobierno
mexicano, en un pronunciamiento del secretario de Estado, John Kerry, que no
pocos analistas interpretan como reprimenda:
"Tenemos
preocupación, no miedo [con el asunto de las autodefensas]. Trabajaremos con el gobierno [mexicano] y estamos preparados para tratar de ser tan útiles como podamos"
(CNN 17-I-2014)
Jueves 3 de abril, casi tres meses después, Osorio Chong,
sin virar un ápice la postura del gobierno, remacha el emplazamiento:
“Yo les diría que dejen
a la autoridad cumplir su trabajo. Hubo acuerdos y nosotros tenemos que seguir
cuidando la estabilidad y la seguridad en Michoacán. Los grupos que quieran
ayudar lo podrán hacer y quienes no lo desean deberán regresar a sus
actividades cotidianas” (Proceso 13-IV-2014).
Las autodefensas responden con una extensión de demandas:
Interlocución directa con el gobierno, liberación de los
presos, captura de las principales cabezas de los Caballeros Templarios (que son 20, y no siete, de acuerdo con
algunos líderes), restablecimiento del estado de derecho, incorporación de
autodefensas al cuerpo de Guardias Rurales y las policías municipales, apoyo
médico (La Jornada 11-IV-2014).
El líder de Tepalcatepec, José Manuel Mireles añade:
“Es malísimo que el
gobierno piense que va a acabar con la insurrección por medio del discurso… No
es mucho lo que pedimos, son dos cosas: seguridad pública eficiente y una justa
impartición de justicia. Si el gobierno sabe lo que es la justicia debe
entregársela al pueblo (sic), porque es para
el pueblo la justicia (¡sic!), y la
seguridad es una obligación constitucional del gobierno federal y de los
estados y municipios. Pero en Michoacán no la tenemos desde hace más de 12
años” (Proceso 13-IV-2014).
El martes 8 de abril, en Chilchota, Michoacán, Enrique Peña
Nieto profirió:
“Cueste lo que cueste y
sin importar lo que se tenga que hacer para hacer valer y respetar el estado de
derecho, se le brindará seguridad y tranquilidad a Michoacán” (Proceso
13-IV-2014).
El miércoles 9 de abril, el comisionado para la seguridad de
Michoacán, Alfredo Castillo, secunda la intimidación de Peña Nieto, y lanza un
ultimátum:
“En diálogo y avanzando
en el acuerdo para la desmovilización y desarme de las autodefensas… El próximo
10 de mayo todos los integrantes de las autodefensas de la entidad deberán
desarmarse”
(Proceso 13-IV-2014)… “El
10 de mayo, lo que son las autodefensas legítimas desaparecen y los que quieran
decir ‘somos autodefensas y seguimos’ serán detenidos y los tendremos como
falsos autodefensas’’ (La Jornada 17-IV-2014).
Mireles revira:
“Si dejamos las armas
nos van a matar… Nos quieren desarmar como si nosotros fuéramos los enemigos y
no el crimen organizado” (Proceso 13-IV-2014)… “Si para el 10 de mayo ya cumplieron con todos los objetivos nos vamos
a desarmar, no antes” (La Jornada 11-IV-2014)…
Un simpatizante anónimo de las autodefensas remata con otro
ultimátum:
“Si para el 10 de mayo,
el gobierno no ha cumplido su compromiso… que la marina y el ejército entreguen
las armas”.
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