TODOS EN LA MIRa
Documental
realizado por Plenaria Memoria y Justicia, agosto de 2013
COMUNICADO DE PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA
10 setiembre 2013
LA GENTE LE DIJO NUNCA MÁS A LA TORTURA Y A LOS INFILTRADOS, SEA CUAL
SEA LA EXPLICACIÓN.
CONVOCAMOS A MOVILIZARNOS POR NUESTROS DERECHOS.
1) Desnudar a detenidos, golpearlos, amenazarlos con submarino y violación
es tortura, y no otra cosa; Un
policía sin uniforme que se infiltra en una marcha para marcar gente es... un infiltrado, y no otra cosa;
Perseguir gente por sus ideas políticas es persecución
política, y no otra cosa. Rechazamos toda relativización y eufemismos
esgrimidos por parte del Ministerio del Interior para explicar los graves hechos de persecución y tortura denunciados las
últimas semanas.
2) Todos los hechos de persecución a manifestantes y abuso policial a
detenidos que se vienen denunciando públicamente han sido también denunciados
formalmente ante los organismos pertinentes (que no son por supuesto la
policía, la que no ofrece la más mínima garantía).
Por lo tanto el Ministro del Interior Eduardo Bonomi ha mentido públicamente sobre la ausencia de denuncias. Ya que las mismas han sido radicadas antes incluso de sus declaraciones (concretamente el martes 3 de setiembre) ante el Instituto Nacional de DDHH (recibida por la Sra. Mariana González, presidenta de la institución) y también por medio del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay buscando trascendencia internacional. En ambos casos presentando información y testimonio directo de los afectados. Además, ante el poder judicial y en diversos interrogatorios ya se ha dejado constancia de la manera en que se procede por parte de la policía, la operativa de citación, la detención y los interrogatorios. El desconocimiento público de tales denuncias de parte del titular del Ministerio del Interior agrava aún más la situación de falta de garantías.
Por lo tanto el Ministro del Interior Eduardo Bonomi ha mentido públicamente sobre la ausencia de denuncias. Ya que las mismas han sido radicadas antes incluso de sus declaraciones (concretamente el martes 3 de setiembre) ante el Instituto Nacional de DDHH (recibida por la Sra. Mariana González, presidenta de la institución) y también por medio del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay buscando trascendencia internacional. En ambos casos presentando información y testimonio directo de los afectados. Además, ante el poder judicial y en diversos interrogatorios ya se ha dejado constancia de la manera en que se procede por parte de la policía, la operativa de citación, la detención y los interrogatorios. El desconocimiento público de tales denuncias de parte del titular del Ministerio del Interior agrava aún más la situación de falta de garantías.
3) Si el Ministro tiene algún interés real en ofrecer garantías para la
investigación de estos graves hechos debería comenzar por ofrecer la nómina
completa de funcionarios policiales y de inteligencia que actuaron en los
operativos del 14 de agosto, el 24 de agosto, el 29 y 30 de agosto en la
detención de las dos muchachas, y el martes 3 de setiembre en Santa Catalina.
Todos casos en donde se cometieron abusos policiales e irregularidades.
4) Y seguimos exigiendo que el Ministro explique: ¿quién ordenó la
represión el 14 de agosto?, ¿quién dio la orden de infiltrar y detener
manifestantes?, ¿quién ordenó la represión en Santa Catalina?, ¿qué agentes y
qué funcionario de gobierno participaron de la conversación telefónica donde se
decidió perseguir y reprimir manifestantes? (hecho declarado públicamente por
agentes policiales que trascendió en los medios, donde se indica que el
presidente en persona ordenó actuar –a partir de una llamada telefónica- a los
policías que cometieron los abusos contra los detenidos)
5) Que Plenaria Memoria y Justicia aparezca habitualmente vinculada a
situaciones donde se reprime o criminaliza la protesta habla de una
organización de DDHH que hace lo que tiene que hacer una organización de DDHH:
enfrentar la impunidad.
Y la impunidad aparece en los operativos
policiales en los barrios pobres, aparece cuando se persigue a los gremios y a
los colectivos que protestan, aparece cuando la Suprema Corte de injusticia
levanta un muro contra la justicia, y aparece cuando más de 400 torturadores
identificados caminan libres por nuestras calles. De ninguna manera
permitiremos que nuestra solidaridad y presencia en las luchas sea calificada
de “infiltración”, estamos y
estaremos donde se luche, defendiendo el derecho de la protesta como uno de los
derechos humanos primarios de la humanidad.
6) Que el Ministro Eduardo Bonomi salga a decir disparates ofensivos sobre
Plenaria Memoria y Justicia o sobre nuestra vocera Irma Leites habla de la
pobreza ética de un hombre que encaramado en el poder despliega toda su
soberbia contra quienes sostienen aún valores que él ya abandonó. 19 años
después de la represión del Filtro seguimos –entre tantas otras cosas-
caminando junto Norma Morroni y los miles de jóvenes que acompañan cada 24 de
agosto una marcha por un reclamo de justicia al que él le dio la espalda. ¿Se
recordará esto en su campaña electoral?, ¿se hablará de la justicia que le
deben a Norma por el asesinato de su hijo?, ¿explicará en sus discursos electorales
porque Erode Ruiz y los policías responsables de la masacre del Filtro están
hoy al mando de los megaoperativos?
7) Perseguir y detener “preventivamente”
a ciertos sectores que protestan, valiéndose de todo el aparato represivo del
Estado se parece mucho a la doctrina fascista de apuntalar a un grupo social.
Nuestra organización es pública y todos nuestros propósitos han sido una y otra
vez expuestos públicamente en estos 13 años de existencia de Plenaria. Damos la
cara siempre y nuestras asambleas son conocidas y abiertas a todos los que
luchan contra la impunidad. Estamos conformados por compañeras y compañeros de
diversos pensamientos ideológicos, jóvenes y viejos, expresas, gente que ha
sido perseguida en dictadura, familiares de desaparecidos, madres de asesinados
en democracia, sindicalistas y estudiantes. No tenemos nada que ocultar y
tenemos todo el derecho a que se respete nuestro nombre y nuestros espacios de
actividad.
Por lo tanto, en adelante: Cualquier detención
de los concurrentes a una manifestación antes, durante o después de una
movilización será considerará una restricción a las libertades públicas, al
derecho a reunión, expresión política, y por lo tanto una agresión contra la
movilización. Cabiendo la responsabilidad directa al Ministerio del Interior, y
por extensión a toda autoridad de gobierno.
9) No se permitirá la presencia de infiltrados en las próximas
movilizaciones. De detectarlos serán filmados, fotografiados, denunciados y
expulsados de nuestros espacios de actividad.
10) A los trabajadores de la prensa: sugerimos (creemos que con todo
derecho) se diferencien claramente de la policía y los infiltrados
identificándose con carnet y distintivo del medio de prensa en sus equipos al
momento de cubrir nuestras movilizaciones. Ellos tienen derecho a trabajar
tranquilos y nosotros a saber quiénes nos filman o fotografían cuando
realizamos nuestras movilizaciones.
11) Todos estos hechos no son un problema entre policías y radicales. Sino
parte de un proceso de aumento represivo donde todos estamos en la mira:
los barrios pobres, los gremios en conflicto, los jóvenes y todos aquellos que
no sigan callados ante las injusticias sociales.
12) Convocamos a todas y todos a ponerle un freno a esta escalada
autoritaria, contra el abuso policial, contra la tortura y por el derecho a la
protesta.
A quebrar la impunidad
TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
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