por Ximena Franco*
Partido Comunista de México
Lunes, 30 de septiembre de 2013
En el marco de la nefasta Reforma educativa, ¿qué
significa que se haya aprobado esa ley secundaria, reglamentaria del artículo
3° Constitucional, es decir, la Ley General del Servicio Profesional
Docente?
Entre otras cosas, significa
desconocer y anular la participación de los sindicatos en lo tocante a las
cuestiones del ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento de los
trabajadores de la educación
básica y media superior. Al hacer esto, se deja al trabajador sin la protección
de sus organizaciones sindicales, pues estas cuatro materias quedarán fuera de
la injerencia de los Contratos Colectivos de Trabajo, pues ya no concernirán al
ámbito de lo laboral, sino solo al administrativo. Esto reduce
a los sindicatos al papel inocuo de meros “observadores”
de un proceso que sistemáticamente liquidará los derechos de los trabajadores
(ver el Art. 30 de la Ley, por ejemplo). Los mecanismos, procesos y
las resoluciones respecto del ingreso, la permanencia, la promoción y el
reconocimiento serán ahora de la exclusiva competencia de la “Autoridad educativa”, es decir, de la
SEP federal y locales, y del ahora todopoderoso INEE. Cabe señalar que la Junta
de Gobierno de este Instituto es sugerida en ternas por el Ejecutivo, en este
caso, Enrique Peña Nieto, el representante de los intereses de la clase
burguesa que gobierna de facto en el país, y como tal, el impulsor del nefasto “Pacto por México”. Será entonces la SEP, junto con el INEE,
quienes decidirán a su gusto el destino de los trabajadores a través del
establecimiento del “Servicio Profesional Docente” que, con el pretexto de
mejorar la calidad del “servicio”
educativo (olvidándose de que la educación
no es un servicio sino un “derecho”),
impone un sistema de evaluación punitivo, unilateral y claramente liquidador de
los derechos conquistados por los trabajadores de la educación durante décadas.
Por ejemplo, la Ley ignora
y “deroga” las disposiciones que se
opongan al decreto (Transitorio Segundo), entre las que se encuentran aquellos
derechos que estaban resguardados por la antigüedad del trabajador, condición
de la que nunca se habla en esa Ley. Además, se elimina el proceso
de “escalafón” y desaparece el
derecho a la inmovilidad en el empleo. Se cancela también el derecho de
reinstalación en el trabajo y el de indemnización con pago de salarios caídos
por despido injustificado.
Pero veamos, ¿quién elaborará
las evaluaciones que prácticamente decidirán sin más la permanencia en el
trabajo de los maestros? El INEE, con participación de la “Autoridad Educativa” ¿Y quién calificará a los maestros? El INEE.
¿Y quién propondrá los criterios a evaluar? Lo hará finalmente el INEE. ¿Y
quién decide finalmente si un trabajador se queda o no se queda sin trabajo?
Ellos, también. O sea que el INEE-SEP serán juez y parte de la evaluación y se
pretende que ni los trabajadores ni los sindicatos puedan hacer nada al
respecto.
Como efecto de lo anterior,
las decisiones que unilateralmente tomarán la SEP y el INEE
están por encima de cualquier posible defensa del trabajador por la vía de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, un trabajador docente, si no
cumple con el proceso de evaluación obligatorio al que se le someterá, o si no
aprueba el mismo, puede ser separado del trabajo sin que pueda
recurrir a la vía legal para defenderse. ¿Y dicen los “representantes del pueblo” en las cámaras de senadores y diputados
que esta Ley no es punitiva, que sólo busca mejorar la calidad
del “servicio” educativo? ¡Pues
mienten! Esta ley es punitiva, anti-obrera y una herramienta de sometimiento
para que la burguesía opresora, explotadora y violenta subyugue a los
trabajadores y debilite el movimiento obrero y sindical. Es también un paso más
para la entrega de la educación
al sector privado.
Debemos tener en claro que la
Reforma educativa y su Ley General del Servicio Profesional Docente son
una extensión de la Reforma laboral para los trabajadores de
la educación.
Porque con ella desaparecen potencialmente los nombramientos de base para todos
los trabajadores que ya lo tengan, pues estos serán sometidos a esas
evaluaciones unilaterales para ver si pueden permanecer en su
puesto, sin que se considere ni la antigüedad ni la formación académica de los
trabajadores. De no aprobar las evaluaciones o de no presentarlas, serán
separados del trabajo “sin responsabilidad para la autoridad educativa […] y sin la necesidad de que exista
resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje […]”,
frase que se repite a través de todo el texto de la Ley. Por otro
lado, los trabajadores de nuevo ingreso tendrán que realizar una evaluación
para poder entrar al sistema. Si la aprueban, todavía deberán esperar hasta
tres años en un periodo de “inducción”, mientras tanto tendrán un “nombramiento inicial” (Art. 20 y 21,
por ejemplo). Durante ese periodo serán evaluados otras tres veces más para que
la autoridad educativa decida si pueden o no permanecer en el
trabajo. De poder permanecer, tendrían el nombramiento definitivo; de no poder
permanecer, serían “separados” del
trabajo en los mismos términos que los trabajadores que tenían nombramiento de
base, es decir, sin que la SEP tenga responsabilidad legal ante sus despidos.
La Ley también establece un nombramiento “provisional” y otro por “tiempo
fijo” (Art. 2, fracción X), para encubrir formas de contratación que
deterioran el trabajo al no ofrecer definitividad en el mismo ni un
nombramiento de base, con todos los derechos y beneficios que ello conlleva, y
que han sido producto de la lucha de la clase trabajadora. Encima de todo esto,
la Ley en cuestión (en su Art. 38) avala los contratos por
horas, pues a un trabajador docente que no tiene jornada completa se le puedan
asignar horas adicionales como un mecanismo de “promoción”, y mediante un proceso llamado de “compactación”, el trabajador estará trabajando bajo ese esquema,
lo que da entrada al fraccionamiento del salario y el pago por hora, que según
se ha fijado con la reforma laboral, es de 7 pesos aproximadamente.
La Reforma educativa, junto
con esta Ley secundaria, anteponen el mérito al derecho, como
si los derechos tuviera que ganárselos el trabajador y no estuvieran
allí para ser refrendados en y por los hechos. Esta Ley supedita
los derechos de los trabajadores a un sistema de evaluación que es coercitivo y
unilateral, que aísla al trabajador ante el aparato de la patronal, dejándolo
incluso imposibilitado para defenderse por la vía legal si llegara a perder el
trabajo. Por otra parte, este sistema de evaluación, al imponer los mecanismos
para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento, pretende
implantar un modelo individualista que pondrá a competir a los trabajadores
entre sí, ya que la situación laboral de cada trabajador –según pretenden
hacernos creer con esta Ley- solamente dependería de la capacidad
del trabajador para aprobar exámenes, y no de la defensa colectiva de sus
derechos.
Así, cada uno es dejado solo
ante el aplastante aparato de un Servicio Profesional Docente que pone en el
centro la evaluación como un mecanismo encubierto de liquidación de los
derechos de los trabajadores de la educación,
un Servicio Profesional Docente que está al servicio de los intereses mezquinos
y minoritarios de los inversionistas privados, quienes con fruición esperan
poder invertir sus capitales en el “servicio”
educativo para poder sacar jugosas ganancias a costa de la educación de la niñez y a
juventud de nuestro país, y a costa del futuro de los trabajadores.
Los trabajadores agrupados en
la CNTE y otras organizaciones se han opuesto firmemente a esta mal llamada “reforma educativa” y a las leyes
secundarias como la del Servicio Profesional Docente, que la revisten de
terroríficos poderes para hundir más a la clase trabajadora en la miseria y la
incertidumbre. Los trabajadores han tenido que pelear también contra los
vituperios y mentiras, impulsados por los consorcios de comunicación al
servicio de los enemigos de nuestra clase, que señalan al maestro combativo
como un holgazán e indolente que sencillamente no desea ser evaluado y al que
no le importa la educación.
Encima de esto, exigen a gritos que la policía reprima a los maestros. Pero lo
que los medios oficialistas no dicen es que la CNTE realizó 10 Congresos
Educativos y que sus resoluciones fueron ignoradas por los gobiernos locales.
Estos congresos tenían la finalidad de elaborar un proyecto de reforma, esta sí
propiamente “educativa”, que se
planteaba como un proyecto integral, incluyente, sensible a las
necesidades regionales y acorde con las necesidades del pueblo trabajador. Los
maestros no rechazaban la mejora de la educación
ni la evaluación de los docentes. Pero sí rechazaban una concepción de la educación como servicio
empresarial y de la evaluación como un mecanismo de castigo y arrasamiento de
derechos del trabajador. También se oponían rotundamente a todo intento de
privatizar la educación.
Porque lo que los merolicos del gobierno agrupados en televisoras, prensa y
radio no dicen es que las intenciones de los hacedores del “Pacto por México”
y las reformas que lo acompañan, es la de reservar el derecho de la educación a unos cuantos,
porque la privatización de la educación
provocará que solo unos cuantos puedan pagarla, como ya de hecho sucede en
otros países.
En un régimen económico y
político como el que vivimos, donde no gobierna el pueblo trabajador ni sus
intereses legítimos son representados por ningún partido político electoral,
las leyes sirven para justificar la opresión y la explotación, y son impuestas
mediante la bota y el tolete de las fuerzas represivas del Estado. Ante este
panorama es fundamental seguir construyendo, desde la base, un movimiento
obrero sindical clasista y combativo, capaz de agrupar y organizar a los
trabajadores para prepararlos en la lucha frontal y decidida no solamente
por la preservación de los derechos laborales, sino por el poder político.
Resulta imprescindible que los trabajadores comprendamos que mientras el
régimen económico se siga fundando en la explotación del trabajo y en la
propiedad privada que despoja al pueblo trabajador de toda la riqueza que él
produce, ni las leyes ni las instituciones tendrán la capacidad de resolver la
situación de vida que actualmente padece la clase trabajadora. Necesitamos
nuestras propias leyes y nuestras propias instituciones. Para el pueblo
trabajador es imprescindible que el poder político deje de ser un mecanismo de
dominación oligárquica –dominación que hoy pretenden vendernos como “democracia”-. Es por eso que
necesitamos construir el poder de nuestra clase.
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