28/9/2013
x Alex Contreras Baspineiro
La
impunidad es sinónimo de los gobiernos neoliberales y dictatoriales, aquellos
regímenes que violan los derechos humanos, que abusan a niños y mujeres
indefensos, que pisotean los valores de los pueblos, que imponen proyectos a
sangre y fuego y, sobretodo, que protegen a los responsables de esos flagelos.
La impunidad es cómplice del poder.
Un 25 de septiembre, hace dos
años en una inhóspita población llamada Chaparina, la Octava Marcha Indígena en
Defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue
reprimida cobardemente: efectivos policiales golpearon sin compasión a cientos
de indígenas que marchaban pacífica y sacrificadamente en defensa de su hábitat
natural.
Las mujeres maniatadas y
amordazadas fueron arrastradas de los cabellos, los niños en su afán de escapar
de los gases lacrimógenos fueron pisoteados, los viejos que se desvanecían
fueron golpeados y la mayoría de los marchistas -incluidos sus dirigentes-
fueron pateados salvajemente y obligados a subir a vehículos que los
trasladaron a lugares desconocidos.
“¡Hijos
de puta suban a los camiones!”… “¡Aquél es dirigente hay que matarlo!”… “¡No tiene que escapar nadie!”… “¡Qué importa si son mujeres o wawas
(niños), estos son unos salvajes!”,
fueron las frases policíacas que aún se guardan en la memoria de los
bolivianos.
Hace dos años, el Presidente
del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, prometía el esclarecimiento total
del caso y además pedía perdón a los indígenas y a la población boliviana.
“Nuevamente
quiero decirles a las familias víctimas (de la represión) que nos disculpen, que me perdonen. Quiero
que sepan que no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que
podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como víctimas que hemos sido en
muchas oportunidades de la represión por la fuerza pública”, expresó.
“Quiero
decirle al pueblo boliviano, con mucha sinceridad, yo, como víctima junto a
muchos de mis compañeros, compañeras del trópico de Cochabamba y de Bolivia,
nunca podría instruir que haya una violencia como la realizada en Yucumo”, agregó.
Ante la presión popular, el
Vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera, confesó que el
gobierno conocía quién había ordenado la represión a los indígenas y lo
develarían en su momento. Hasta la fecha, se guardan herméticamente los
nombres.
¿Premio a los responsables?
El “gobierno del cambio” para evitar
develar la identificación de los responsables materiales e intelectuales de la
represión, actuó como en los mejores tiempos de los regímenes tradicionales:
premió a sus funcionarios en otras responsabilidades.
El ex ministro de Gobierno
Sacha Llorenti ahora es embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU), el ex ministro de la Presidencia Carlos Romero asumió el mando
del ministerio de Gobierno, el responsable del operativo policial coronel
Víctor Maldonado fue Comandante de la Policía Nacional, el fiscal que
investigaba el caso José Ángel Ponce fue designado como Fiscal de Distrito de
La Paz. La lista de los “premiados”
es más extensa lo que devela que lamentablemente en este gobierno el
contubernio político-policíaco-judicial sigue impune.
La dirigencia indígena
presentó varias consideraciones para verificar que la represión estuvo
organizada desde el Poder Ejecutivo.
1. La solicitud realizada el
sábado 24 de septiembre de 2011 –un día antes de la represión- por la ex
ministra de Justicia Nilda Copa y el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, al
Ministerio Público, para que se intervenga la marcha.
2. El viaje a Washington –un día
antes de la represión- de la ministra de Transparencia Nardy Suxo y del ex
presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce, para reunirse el lunes 26 con
el secretario de la OEA José Miguel Insulza, con la finalidad de hablar sobre
la intervención de la marcha.
3. La infiltración en la marcha
de una mujer policía vestida de civil que primero delató a algunos dirigentes y
luego terminó siendo parte del operativo y también de otros efectivos que se
infiltraron en el campamento de los marchistas.
4. El alquiler por parte de
funcionarios del Ministerio de Gobierno de camiones y buses sin placas para
detener indígenas y evacuarlos por la fuerza hasta Trinidad y de allí, en
aviones militares, a sus comunidades de origen.
5. El envío de dos aviones
Hércules desde La Paz para trasladar a los presos indígenas. La movilización de
aviones de la Fuerza Aérea sólo se puede realizar con anuencia del Ministerio
de Defensa o del Jefe de Estado.
6. La carta de renuncia de la ex
ministra de Defensa Nacional Cecilia Chacón enviada al Presidente: “Asumo esta decisión porque no comparto la
medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo
defender o justificar la misma”.
7. Las declaraciones del ex
viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro: “Nosotros hemos tomado la decisión…”.
8. La política comunicacional
del gobierno que acusó al Ministerio Público como el solicitante de la
intervención a la marcha indígena y que no sabían mayores detalles sobre los
hechos de violencia.
9. La acusación del ex ministro
Sacha Llorenti al ex viceministro Marcos Farfán como el responsable de haber
ordenado la brutal represión en el puente de Chaparina. Farfán –al igual que
otros funcionarios encarcelados hoy por extorsión y corrupción- lo desmintió,
acusó y renunció.
10. El lunes 26 de septiembre,
por la noche, el Presidente Morales Ayma calificó a la acción policial como “imperdonable” y presuntamente no sabía
quién fue la autoridad que ordenó la brutal represión; horas después el
Vicepresidente García Linera confesó que el gobierno sabía quién había ordenado
la represión.
¿Justicia para todos?
Aunque
diferentes sectores sociales –incluidos los oficialistas- solicitaron una
investigación transparente de la represión a los pueblos indígenas hasta que
concluya en una sanción ejemplar, los gobernantes no escuchan el clamor
popular.
Mientras tanto, los
principales dirigentes indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni se
encuentran con una orden de aprehensión por el sólo hecho de actuar bajo la
justicia comunitaria.
Hace más de 60 días, los tres
líderes indígenas viven con la orden de detención que se la puede ejecutar en
cualquier momento.
El coordinador de
Fortalecimiento e Integración Política de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe lamentó que el actual gobierno se
caracterice por proteger a represores y de sancionar a los verdaderos
dirigentes.
Quispe que también se
encontraba con una orden de aprehensión (hace un par de meses) cuestionó la
independencia del poder judicial y criticó la persecución política a dirigentes
que defienden a sus organizaciones y no son afines al gobierno
El presidente de la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) Adolfo Chávez expresó que
si el gobierno no tiene la capacidad de esclarecer los hechos de Chaparina
pasará a la historia como un gobierno represor
Al recordar dos años de la
represión a los pueblos indígenas, es necesario apuntar que la policía
boliviana en su conjunto –aparte de priorizar la violencia para solucionar
conflictos se caracteriza por ser corrupta y extorsionadora- y, por tanto, es
necesario que el gobierno del proceso de cambio identifique a los responsables
materiales e intelectuales; caso contrario, no habrá ninguna diferencia con los
regímenes neoliberales o dictatoriales donde reina la impunidad…
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