Carlos Arze Vargas (*)
Rebelión, 24-05-2013
El actual conflicto
protagonizado por los asalariados del país alrededor de la demanda por una
jubilación digna, marca un hito en el ámbito de las relaciones del gobierno de
Evo Morales con los trabajadores. Ello, principalmente, por dos razones:
primero, porque los argumentos con que el gobierno enfrenta a los movilizados
ratifican y refuerzan la certeza de que se trata de un gobierno anti-obrero y
pro-capitalista y, en segundo lugar, porque demuestra un grado creciente de
independización política de los trabajadores, especialmente de los obreros,
respecto al que hasta hace poco consideraban “su” gobierno y que, cada vez más, es visto como ajeno e idéntico a
los del pasado, principalmente por la forma en que pretende resolver los
conflictos sociales.
El gobierno y sus
acólitos han desplegado una inusitada campaña de desprestigio de la
movilización, arguyendo que se trata de una
maniobra de un pequeño grupo de privilegiados. Como es imposible acusar al
conjunto de los trabajadores de ese pecado -pues la mayoría tienen bajos
salarios y condiciones precarias de trabajo-, se ensañan con los mineros y sus
dirigentes. Que los trabajadores mineros gocen hoy de salarios altos se debe a
la forma en que se fija su salario y que fue alentada por los diferentes gobiernos
capitalistas, incluido el actual: el pago a destajo. Esta forma de pago
hace depender la magnitud del salario del precio y el volumen del producto;
así, el trabajador es sometido al vaivén de los precios y gana bien cuando
éstos se elevan y pierde cuando bajan, es decir, queda a merced del mercado.
Entonces, el que su salario se haya incrementado extraordinariamente en los
últimos años no es fruto de su manipulación, sino de una circunstancia ajena a
su voluntad y que, valga la pena decirlo, sirve también al mismo gobierno para
vanagloriarse de la bonanza que el
país estaría viviendo. Consecuentemente, no parece injusto que, apegándose a la
promesa gubernamental hecha en 2010 a los mineros para obtener su apoyo en la
reforma del sistema, intenten jubilarse con rentas que les permitirían una
vejez más digna que la juventud que perdieron en los insalubres socavones.
No obstante lo
anterior, donde se destaca con mayor nitidez el carácter pro-capitalista del
gobierno, es en la defensa y resguardo de los intereses que asume. No sólo se
trata de que la reforma masista se
redujera a la imposición de un limitado 3% de aporte patronal para el Fondo
Solidario (FS), contrariando su discurso “socialista”
y los propios principios e historia de la Seguridad Social en el país (el
Código de Seguridad Social establecía un aporte patronal para el sistema de
21%), sino que el gobierno no aplicó lo que dispone la Ley 065 aprobada. En
efecto, ella estableció un Aporte Nacional Solidario (ANS) de las personas
naturales con ingresos superiores a 13.000 Bolivianos, en una escala creciente,
gravando ingresos como:
i) honorarios y dietas de directores de sociedades
anónimas, sueldos de socios de otras sociedades y sueldo del dueño de empresas
unipersonales ,
ii) ingresos por alquiler u otra forma de explotación
de inmuebles urbanos y rurales, y de muebles, derechos y concesiones ,
iii) ingresos provenientes de colocación de capitales ,
como intereses, rendimientos, dividendos, distribución de utilidades de
sociedades y empresas unipersonales, e intereses de valores de deuda ,
iv) ingresos por servicios de consultoría y todo
ingreso ordinario o extraordinario.
Los datos oficiales
sobre los ingresos del Fondo Solidario, sólo consignan el ANS correspondiente a
los asalariados (incluidos los denigrados trabajadores mineros) y no el de los
capitalistas que, como personas naturales, también están obligados a realizarlo
y que, obviamente, son quienes obtienen los mayores ingresos en el país,
provenientes del trabajo ajeno. Consecuentemente, el Fondo Solidario se ve
privado de una cuantía enorme de ingresos que podrían mejorar radicalmente las
pensiones, debido a que el gobierno -por su inclinación a proteger los
intereses de los ricos- no ha ejecutado ese mandato de la ley.
Además, el gobierno
favorece a determinados grupos -que constituyen su base social- al margen de la
discriminación en favor de los militares que obtienen una pensión del 100% con
recursos del tesoro nacional-, como es el caso de los cooperativistas mineros.
Las cooperativas, al ser consideradas entidades de carácter “social”, no están sujetas al pago de
aportes empresariales como el Aporte Patronal Solidario (APS) y el Aporte
Minero Solidario (AMS), ambos para el FS, y el socio cooperativista sólo paga
los aportes en su calidad de trabajador, eximiéndose, también, de la obligación
de aportar por sus elevados ingresos como persona natural (ANS).
Paradójicamente, los socios cooperativistas pueden acceder -en calidad de
trabajadores- a pensiones solidarias con recursos del FS al que no contribuyen
como accionistas o dueños de empresas ciertamente rentables.
Pero la cereza que
corona la torta es, sin duda, el hecho de que a dos años y medio de la “reforma plurinacional” –pese a los
reiterados anuncios oficiales sobre el inicio de actividades de la Gestora
Pública-, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sigan administrando
el sistema obteniendo jugosas ganancias, pues no se han modificado las reglas
del negocio. Sólo como referencia mencionemos que en 2009, según datos de la
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones (AIOS), las
AFP en Bolivia obtuvieron ingresos de 41 dólares por aportante por concepto de
comisión. Si aplicamos este ingreso individual al número de aportantes
efectivos (un 45% de los 1.5 millones de afiliados) de 2011 y 2012, esas
entidades habrían obtenido un ingreso acumulado por comisiones para las dos
gestiones, de aproximadamente 118 millones de dólares y una utilidad sobre esos
ingresos –considerando la tasa promedio del quinquenio anterior de 42%- de
alrededor de 49 millones de dólares.
Así, la defensa
acérrima de esos intereses por parte del gobierno -que va adquiriendo cada vez
más los rasgos de una tiranía- explica por qué está dispuesto a blandir los
calificativos más denigrantes contra la COB y los sindicatos -“golpistas”, “asaltantes del Estado”, etc.-, que han despertado de la ilusión
que el “proceso de cambio” había
generado en algún momento en ellos, y a convocar a las organizaciones
campesinas a enfrentar la lucha de los obreros, trayéndonos a la memoria
imágenes de ese odioso Pacto Militar Campesino, que el dictador Barrientos
montó con algunos dirigentes campesinos y la cúpula militar para enfrentar al
proletariado boliviano.
Carlos Arze Vargas (*). Analista de temas
económicos y laborales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso
del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad
para publicarlo en otras fuentes.
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