Por Juan José Estrada Serafín
Aquila, Michoacán. Ante el riesgo de ver
afectados sus recursos naturales, comuneros de San Miguel de Aquila
interpusieron una queja formal por falta de justicia en materia ambiental en
contra de Juan José Guerra Abud, secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y de Alfredo Ledesma Rangel, delegado de la Procuraduría Federal de
Protección al Medio Ambiente en Michoacán.
La causa de las demandas, según los comuneros,
es por haber concedido de manera arbitraria y autoritariamente, la autorización
a la empresa denominada Las Encinas S.A. de C.V. para realizar el proyecto de
ampliación de la superficie de explotación de la mina de Aquila, sin
autorización de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, posesionaria y
propietaria de la superficie ejecutada en dicha ampliación.
Con esta acción, denunciaron, se pretende
desalojar a la comunidad indígena de San Miguel de Aquila de su territorio
comunal, toda vez que para autorizar el proyecto de ampliación de explotación
de la mina, “no se notificó, citó,
escuchó, o venció a la comunidad en juicio o procedimiento legal alguno,
violando en su perjuicio las garantías de audiencia y de seguridad jurídica,
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Al llevar a cabo un
procedimiento administrativo respecto a los bienes inmuebles pertenecientes al
régimen comunal, cabe recordar que estos son imprescriptibles, inembargables e
inalienables, por lo que con dicha autorización se causan daños de imposible
reparación al patrimonio de la comunidad”, afirmó un vocero de los
comuneros.
De concretarse esta intención, dijo el vocero, se pretende
causar daños severos en las tierras comunales, que son patrimonio de la
comunidad, toda vez que con el desarrollo del proyecto y ampliación de
superficie de explotación de la mina de Aquila, se afecta de manera directa los
recursos naturales, como son el agua de ríos y manantiales, árboles de parota,
selva, animales, flora y fauna, el suelo y las demás especies que habitan en la
zona, causando graves daños al ecosistema”.
Al citar al respecto el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), sustentado en el artículo 133 de
la Constitución, donde se menciona, en su artículo cuarto, que deberán
aprobarse las medidas que se precisen para salvaguardar a las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los
pueblos interesados. En su primer párrafo, tales medidas especiales no deberán
ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados;
en los párrafos dos y tres, se menciona que el goce sin discriminación de los
derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo como consecuencia
de tales medidas especiales, indicó.
En entrevista el representante de Bienes
Comunales, Octavio Villanueva, señaló que las tierras se liberarían para ser
ocupadas por la minera Ternium a través de la ampliación que autorizaron la
PROFEPA y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de
manera autoritaria y arbitraria. Son terrenos de ocupación temporal, de las
cuales sólo una parte es la que está convenida para la explotación, y la
empresa sabe bien cuáles son; pero estos terrenos, con los estudios que se han
hecho en los últimos cincos años, se ha visto que no tienen tanto cuerpo
minero. Ahora presumimos que con el tráfico de influencias en los periodos
presidenciales pasados, a la minera se le autorizaron unas nuevas coordenadas
para desviarse así al sureste, donde hay más mineral dosificando.
De acuerdo con la autoridad comunal, la decisión
avanzó ante las autoridades federales “con
sobornos a las autoridades comunales de Aquila, así como la imposición del
presidente municipal, que siempre buscaba el interés de la empresa Ternuim;
además de que el Ejército Mexicano ha sido intimidante con los comuneros que
defienden sus terrenos comunales que ahora están a cargo de la seguridad del
municipio, quienes tienen custodiado el edificio de la Presidencia Municipal”.
Los terrenos de la superficie de explotación de
la mina de Aquila son 73 hectáreas desde 1982; el proyecto de ampliación de
explotación de yacimientos, que actualmente ejecuta la empresa Ternium, es de
128 hectáreas, lo cual rebasa por mucho el convenio que se tiene con la
comunidad para la explotación de las minas de fierro, “son 55 hectáreas en que la empresa realiza trabajos sin el
consentimiento de la comunidad”.
Los actos que reclaman los comuneros de San
Miguel de Aquila emanan del oficio número PFPA/22.7/2C.28.2/0985/2012, emitido
por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
delegación Michoacán, y de la SEMARNAT, con fecha del 10 de noviembre de 2012,
dictado dentro del expediente PFPA/22.7/2C.28.2/00150-12, a Fidel Villanueva
Espinoza.
En el mismo se indica el oficio número
SGPA-DGIRA-DG.0100.08, suscrito por la misma dependencia federal que autoriza,
en materia de impacto ambiental, a la empresa Las Encinas S.A. de C.V. para el
proyecto denominado “Ampliación de la
superficie de explotación de la mina de Aquila”, con ubicación en el
municipio de Aquila, Michoacán, donde los comuneros desconocen su contenido.
Los comuneros de los anexos de Ayula, Zapotán,
Chorumo, La Naranja, Otate, Minita, Azuela, Puerto Chilacato, Rosalito, El
Rincón, Vainilla, Coralito y Primavera, reclaman a su vez los resolutivos que
permitan la ampliación de la explotación de mina, o los resolutivos que
autoricen caminos en el Río de Aquila o caminos secundarios o primarios al
mismo; o ríos de afluencia llamados de Coyulera, La Vainilla., La Abuela, etc.,
que permitan la apertura y ampliación de caminos dentro de las tierras
comunales, lo cual pone en riesgo los manantiales y recursos de flora y fauna
de la comunidad.
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