Redacción Desinformémonos
02 enero 2016
Herederos de un territorio donde brotan manantiales y ríos, la
comunidad nahua de San Pedro Tlanixco en Tenango del Valle, Estado de México,
mantiene desde hace casi trece años la lucha por la defensa del agua y por la
libertad de sus presos políticos.
En el año de 1989 llegó un
grupo de empresarios floricultores de Villa Guerrero a apropiarse de forma
ilegal e ilegítima del caudal de ríos y manantiales de la comunidad de Tlanixco
con la complicidad de los gobiernos municipal y estatal, que ignoró el derecho
de la comunidad originaria al uso y aprovechamiento de sus aguas.
En 2003, al caer en un
acto de provocación en medio de las disputas legales con los empresarios, los
pobladores se reunieron para defender pacíficamente un área invadida. Después
de firmar “un acuerdo de respeto mutuo”
con ellos, en medio de una confusa situación, el presidente de la denominada
asociación civil “Usuarios del río
Texcaltenco” con quien se realizaba el acuerdo, fue encontrado muerto.
Sin prueba alguna, ni
testigos de por medio acerca de cómo ocurrió la muerte de Alejandro Isaak
Basso, presidente de la asociación de empresarios, éstos acusaron a Pedro
Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo
Sánchez Berriozábal, Dominga González, Marco Antonio Pérez González, Santos
Alejandro Álvarez Zetina y Rey Pérez Martínez, todos integrantes de la
comunidad de Tlanixco, del homicidio de Basso y de la privación de la libertad
de otras once personas que lo acompañaban y que habían firmado el acuerdo. Los
acusados en ese momento eran autoridades ejidales y representantes del Comité
del Agua de la comunidad que habían participado de forma decidida en la lucha
por la defensa del agua.
A partir de 2003 comenzó
una pesadilla para la comunidad de Tlanixco. Un largo periodo de hostigamiento
y represión masiva a la población dio inicio. Intrusiones violentas en la
madrugada a los hogares, amenazas con armas de fuego a niños y adultos,
familias enteras eran sacadas de sus casas a media noche en medio de amenazas y
humillaciones e inclusive secuestros exprés presumiblemente realizados por la
policía, de los familiares de los acusados para que proporcionaran información
sobre ellos. El terror desmovilizó a la comunidad.
Desde entonces, cinco
hombres y una mujer permanecen presos en el penal de Almoloya condenados a más
de cincuenta años de prisión.
En 2014, en un comunicado
la comunidad nahua anunció: “No nos
pueden tener paralizados por siempre. Hemos recobrado fuerzas a pesar de que
nos falta la presencia y compañía de nuestros compas, que son también nuestros
hermanos, esposos y padres. Si hay delito que perseguir tras la muerte del
señor Isaak Basso, es la autoridad quien debe hacer su trabajo e investigar
seriamente hasta encontrar y castigar al culpable. Es su trabajo que no han
hecho. Nosotros tenemos pruebas de la inocencia de nuestros compañeros, ellos
tienen pruebas de que el dinero manda, de que pueden usar la ley como les dé la
gana”.
Nació entonces el “Movimiento
por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida” que no descansará hasta conseguir que se haga
justicia y que sus compañeros recuperen su libertad.
La organización desde
abajo tomó su curso. Como guardianes de sus recursos, la comunidad nahua
aprendió a escuchar, a tomar acuerdos, a exigir sus derechos y a decir ya
basta.
En un reciente comunicado,
en diciembre de 2015, durante la jornada nacional e internacional por la
defensa de sus presos políticos, el Movimiento por la Libertad de los
Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, denuncian que en
septiembre el juez Victorino Hernández Infante, Juez Primero de Distrito en
materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, negó el amparo a
Lorenzo Sánchez Berriozábal en contra de la resolución que declaró improcedente
el incidente de libertad por desvanecimiento de datos dictado el 21 de agosto
de 2014.
En el mismo comunicado
expresan que “están conscientes que la justicia verdadera debe construirse
desde abajo porque ni los gobiernos, ni las instituciones que supuestamente
defienden los derechos humanos la construyen”.
Convocados a “supuestas mesas de diálogo para solucionar
los problemas” sin que hubiera ningún resultado, recorrieron los diferentes niveles de
gobierno del Estado de México donde solo buscaron cansarlos y rendirlos, sin
hacerles mayor caso.
Así llegaron hasta la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) quien los
contactó para que acudieran a poner su queja
y en donde contaron de nuevo los hechos que ya habían relatado al gobierno.
En una segunda cita, la CODHEM les pidió firmar un documento en donde aceptaban
que ellos no podían hacer nada más por el caso porque el tiempo ya pasó por lo
que no es factible realizar una investigación.
La comunidad de Tlanixco
no aceptó firmar. Se preguntan entonces: “¿los derechos humanos tienen fecha de
caducidad?”
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