En Ayotitlán las detenciones
arbitrarias e invasión de tierras son el pan de cada día
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SubVersiones
Publicado el 9
ene. 2016
La resistencia de los nahuas
del sur jalisciense ha sido palpable desde hace ya varias décadas, así mismo
las agresiones y violaciones a los derechos humanos en su contra han sido
recurrentes, por lo que se ha condenado nuevamente a un defensor de la tierra y
a las comunidades nahuas de Ayotitlán. Ver:
Por SubVersiones
Guadalajara
Agencia SubVersiones
09 enero, 2016
La resistencia de los nahuas del sur
jalisciense ha sido palpable desde hace ya varias décadas, así mismo las
agresiones y violaciones a los derechos humanos en su contra han sido
recurrentes, por lo que se ha condenado nuevamente a un defensor de la tierra y
a las comunidades nahuas de Ayotitlán.
El ejido
Ayotitlán es el más grande de Jalisco, con más de 31 mil hectáreas de superficie
total, lo conforman aproximadamente 70 comunidades y rancherías, ubicadas en el
municipio de Cuautitlán de Barragán. Las comunidades nahuas que habitan este
territorio han compartido costumbres y el uso comunal de la tierra desde sus
orígenes. Los primeros habitantes datan de la época precolombina y, de manera
paulatina, fueron poblando lo que actualmente conocemos como la parte sur del
estado de Jalisco y Colima.
Desde
1987 se declaró a estas tierras como Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán
(RBSM), con 139 mil 577 hectáreas ricas en agua, biodiversidad, minerales y
maderas preciosas. No obstante, la RBSM ha sido explotada y saqueada desde 1940
por los aserraderos y comerciantes de maderas preciosas, y desde 1969 por el
consorcio minero paraestatal Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V.,
actualmente copropiedad de Ternium (ítalo-argentina, 50%) y ArcelorMittal
(hindú, 50%) que cuenta con una mina a cielo abierto y una planta peletizadora
en dos módulos. Una vez transformada la materia prima, el pellet de ambas
compañías mineras se envía a través de dos ferroductos de 46 kilómetros al
puerto de Manzanillo y de ahí a las plantas de Monterrey y Puebla para
convertirlo en acero. La empresa minera Ternium es líder en la producción de
acero en Latinoamérica, con una capacidad de producción anual de
aproximadamente 11 millones de toneladas de productos de acero terminados.
(http://www.ternium.com/).
Los
pueblos de Ayotitlán enfrentan desde entonces, los problemas de la minería a
cielo abierto (sus pasivos ambientales, explotación y deterioro de la flora y
fauna silvestre), la tala clandestina y las invasiones sucesivas de tierras. La
historia de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los indígenas en
la región ha estado llena de irregularidades, las cuales han sido poco
documentadas y evidenciadas.
En los
últimos años, se han agravado las situaciones de conflicto, los detenidos y
desaparecidos son recordados por las familias, que sin encontrar justicia en
los tribunales han optado por la organización comunitaria. Tal es el caso de
Celedonio Monroy (sobrino de Miguel Monroy) quien se encuentra desaparecido
desde octubre del 2012, o bien el de Gaudencio Mancilla, representante del
Consejo de Mayores, detenido de manera
sospechosa en agosto del 2013.
Este fin
de año no pintó diferente, el pasado 18 de diciembre fueron detenidos Miguel
Monroy y Marciana de los Santos, ambos indígenas nahuas que han trabajado desde
hace varios meses en la recuperación de los predios ubicados en la comunidad de
La Huaca. El motivo, por el cual fueron privados de su libertad, fue por «despojo agravado», ya que Marcelino
Bracamontes presentó una denuncia penal por supuestas lesiones y despojo de sus
tierras.
El día 20
de diciembre de 2015, tras haber sucedido las detenciones y traslado de los
indígenas nahuas al penal de Cihuatlán, se llevó cabo la asamblea del Consejo
de Mayores, en la comunidad de Ayotitlán, para esclarecer los hechos e informar
sobre las irregularidades, agresiones y violaciones a los derechos humanos
infringidas por las autoridades municipales en contra de los miembros de su
comunidad.
De acuerdo
con la información citada por el abogado del caso y los asistentes a dicha
asamblea, las irregularidades del proceso se presentaron días antes de las
detenciones al haber sido enviados una serie de citatorios apócrifos a varios
miembros de la comunidad, supuestamente para rendir declaraciones por los
conflictos en la localidad de La Huaca, que desde 2010 es uno de los «focos rojos» pendientes por resolver en
las zonas indígenas del sur de Jalisco. Los citatorios apócrifos presentaban
sellos no correspondientes a la localidad de adscripción, indicaciones borrosas
y tachones que no permitían ubicar el problema por el cual se solicitaba acudir
a la judicatura de Cuautitlán a presentar su declaración.
El día de
las detenciones arbitrarias de Miguel Monroy y Marciana de los Santos, no se
presentaron órdenes de aprensión, ni de cateo a sus domicilios; la esposa de
Miguel Monroy, narra que llegaron alrededor de 3 a 4 policías y junto con ellos
el señor Bracamontes, quien buscaba a Don Miguel para que fuera a rendir
declaración a Cuautitlán.
Desde
2011, varias hectáreas de la comunidad de La Huaca han estado «en disputa» porque Marcelino
Bracamontes reclama tener posesión de estas tierras, sin embargo, los
ejidatarios que conforman la asamblea afirman que las 14 hectáreas reclamadas
son de uso común por lo que no
existen títulos de propiedad otorgados a particulares, de modo que no hay
cabida para hacer una acusación de despojo. Aunado a ello, la denuncia presenta
la peculiaridad de ser «despojo agravado»,
lo que implica que hubo agresión y lesiones, aseveración del demandante que se
corresponde con un hecho muy alejado de la realidad, según las versiones de las
mujeres que se encontraban en los predios de La Huaca el día de la supuesta
agresión. Ellas mencionan que Bracamontes amenazó e injurió a las presentes por
estar en sus tierras, a lo que respondieron haciendo caso omiso.
El
problema de las invasiones a ejidos y el surgimiento de los denominados «focos rojos» ha existido desde hace
décadas y se enmarca como una estrategia del gobierno para mantener en disputa
tierras que pueden significar un negocio en el corto o mediano plazo. Una de
las medidas utilizadas para «resolver» los conflictos agrarios por invasiones,
como en este caso, ha sido la incorporación de los ejidos a los programas de
certificación de tierras (PROCEDE, PROCECOM), a lo que se han resistido los
ejidatarios de Ayotitlán y otras localidades del municipio.
Sobre
esta base, la institución correspondiente que es la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU (antes SRA), no ha otorgado los legítimos
derechos de propiedad a los indígenas nahuas, por el contrario parecieran estar
coludidos con Bracamontes, ya que, a pesar de no contar con título de
propiedad, ni algún otro documento que lo acredite como propietario de las
tierras, se le ha dado oportunidad para interceder y provocar a los indígenas
bajo este pretexto. El abogado del caso comentó en la asamblea que no existe
razón para dar seguimiento a denuncias como la que presentó el señor
Bracamontes, ya que el conflicto no es de índole penal sino que se de llevar en
tribunales agrarios.
En la
asamblea, el abogado entregó amparos a los indígenas que les fueron girados
ante los citatorios. Don Miguel Monroy y Marciana de los Santos, fueron puestos
a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Vigésimo Noveno
Partido Judicial con sede en Cihuatlán. Por su parte, el fiscal general,
Eduardo Almaguer, suspendió la acción penal en contra de los 20 indígenas
citados, hasta hacer las aclaraciones jurídicas pertinentes y revisar la legalidad
de esas órdenes de aprehensión.
Paradójicamente,
los talamontes, miembros del crimen organizado y caciques de la región siguen
en libertad, no ha habido respuesta por parte del gobernador, quien prometió
enviar protección y salvaguardar a los indígenas nahuas. Así es como las
autoridades municipales y estatales han solapado este tipo de arbitrariedades,
recurrentes en los últimos diez años.
Los
ejidatarios nahuas han mantenido una firme postura en contra de los invasores
que pretenden adueñarse de manera privativa de sus tierras, explotarlas y
saquearlas. Por ello, desde hace más de dos décadas sus habitantes participan
en el Congreso Nacional Indígena (CNI), iniciativa impulsada por el EZLN en el
año de 1996 para decidir sobre la autonomía y respeto de los usos y costumbres
en las comunidades indígenas: una asamblea cuando están juntos, una red cuando
están separados, se dicen los numerosos pueblos indígenas de distintas geografías,
lenguas y tradiciones.
Este es
uno más de los casos donde se acusa líderes comunitarios para encarcelarlos,
detener procesos de organización y defensa territorial. Además de abrir paso a
grupos narcotraficantes como el cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes
asedian sus tierras y persisten en «limpiar»
la región para consolidar actividades clandestinas.
Desafortunadamente,
las acciones llevadas han sido avasalladas por la «justicia mexicana» y se condenó nuevamente a un luchador indígena
por defender sus tierras en contra de la devastación y el saqueo. Marciana de los
Santos quedó libre a unos días de la detención, mientras que el caso de Miguel
Monroy es más complicado ya que está siendo procesado en la cárcel de
Cihuatlán, esperando la audiencia incidental el día 15 de enero, para
determinar su situación jurídica.
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