Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo
ETC
México
América Latina en
Movimiento
14/01/2016
A más de dos
años de la suspensión contra la siembra de maíz transgénico en México, las
trasnacionales se desesperan y en el alud de argumentaciones de todo tenor
–medias verdades, datos fuera de contexto o falseados, mentiras
descaradas– Monsanto y Syngenta
admitieron que con la siembra de maíz transgénico, habrá contaminación del maíz
campesino nativo. En su rescate, la secretaría de agricultura (Sagarpa), afirmó
cínicamente que la contaminación transgénica será buena para el maíz nativo,
aunque admitió al mismo tiempo que la presencia de transgenes persistirá por
varias generaciones y que esto “modificará”
el entorno.
Son algunas de las afirmaciones que empresas
y autoridades entregaron en documentos a los tribunales, contradiciendo sus
propios dichos de que los transgénicos pueden coexistir con el maíz nativo y
que no afectarán el medio ambiente o la biodiversidad. La Sagarpa admite además
que el maíz transgénico no está diseñado para aumentar la producción, y en una
opinión enviada por la Secretaría de Salud, ésta afirma que “no es de su competencia” sobre el tema
en disputa, mostrando por tanto que ¡no
hace evaluación de riesgos a la salud sobre la siembra de maíz transgénico!
Estas respuestas forman parte de las miles de
páginas que constituyen actualmente el expediente sobre la demanda colectiva
contra la siembra de maíz transgénico presentada por 53 individuos y 20
organizaciones, representadas legalmente por Colectivas AC. La selección de
textos que muestran que las empresas y autoridades conocen los riesgos de los
transgénicos para el maíz, la biodiversidad y la salud –pero privilegian las
ganancias empresariales– se puede consultar en la página de Expediente Maíz, en
el documento “Las empresas de
transgénicos nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la
realidad”.
En octubre 2013, el 12º. Juzgado de distrito
en materia civil en el Distrito Federal, aceptó la consideración de esta
demanda colectiva –que aún no se resuelve– y ordenó la suspensión de siembras
de maíz transgénico y de consideración de autorizaciones por parte del
gobierno. Esta medida precautoria fue para evitar que mientras se discute la
demanda, la siembra de maíz transgénico continuara y avanzaran las afectaciones
que se demanda prevenir. Desde entonces,
las trasnacionales de agronegocios más grandes del planeta se han dedicado a
combatir esas resoluciones. Junto a los ministerios de agricultura y medio
ambiente –que están usando sus competencias y recursos públicos para defender
intereses de las trasnacionales– la demanda y la suspensión han sido atacadas
con 100 impugnaciones en 17 tribunales, en el intento de agotar a los
demandantes y conseguir jueces afine$ a las empresas. Lo consiguieron
parcialmente, pero sus logros momentáneos de cancelar la suspensión y la
demanda, fueron revertidos por otros jueces que aceptaron la apelación del
colectivo demandante.
Mantener la suspensión es un punto clave, ya
que si se cancela esa medida precautoria, aunque continúe el juicio, las
empresas rápidamente inundarán los campos con transgénicos para generar una
situación de contaminación de hecho, sobre la que argumentarán que como no hay
vuelta atrás, es “mejor” rendirse y
legalizar la siembra ilimitada.
Este es precisamente el camino que tomaron
las trasnacionales en los países que hoy están invadidos de transgénicos, y que
años después presentan epidemias de cáncer, abortos, malformaciones neonatales
y agrotóxicos en leche materna en zonas de siembra, por el aumento del uso de
venenos que conllevan los transgénicos.
En casi todos esos países la contaminación
fue intencional, promovida por las empresas directamente o través de agentes en
connivencia con éstas, por contrabando de semillas o distribuyéndolas a
agricultores que no sabían su contenido.
Lo hicieron justamente para forzar la legalización a pesar de los impactos negativos.
También en México, pese a ser ilegal, se ha constatado la contaminación
transgénica de maíces campesinos nativos, sea por la estrategia de distribuir
semillas transgénicas a agricultores que no lo saben, por la mezcla de semillas
transgénicas en programas de gobierno o por la distribución de granos mezclados
o contaminados a través de tiendas de Diconsa. Los transportes de maíz
importado, en su mayoría transgénico, tampoco son segregados ni observan
medidas de bioseguridad.
De por sí, la contaminación transgénica desde
su origen es intencional y es parte constitutiva del maíz transgénico: las empresas lo sabían desde que
manipularon un cultivo de polinización abierta –que necesariamente se cruzaría
con otras plantas– y patentaron esos genes, de tal forma que la contaminación
se convirtió en un negocio, al llevar a juicio y cobrar a las víctimas de la
contaminación.
Por todo esto, en la concurrida pre-audiencia
del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Contaminación Transgénica del Maíz
Nativo realizada el 26 y 27 de abril 2013 en Oaxaca, con decenas de testimonios
de campesinos, científicos y organizaciones, el panel de dictaminadores
concluyó que “Las empresas saben que la
contaminación es inevitable una vez que se realice la siembra extensa. Será un
crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente
apropiarse de todas las redes alimentarias”. (http://goo.gl/cV3X46).
La resistencia a los transgénicos no empieza
ni termina con medidas legales, sino desde los territorios y comunidades que
mantienen las semillas y el control comunitario. Pero además, para no aumentar
exponencialmente la carga y los riesgos sobre las y los campesinos y la
biodiversidad que mantienen y es base y futuro de la vida de todos, se debe
mantener la suspensión y prohibir la siembra de transgénicos.
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