El dictamen de ley en materia
de telecomunicaciones aprobado por el Senado el pasado sábado no cumple con las
expectativas democratizadoras de la reforma constitucional referente a las
radios comunitarias, dijo Gisela Martínez del departamento Jurídico de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias México.
Indicó que el Senado desperdició la oportunidad de saldar una deuda
histórica con las voces marginadas, la legislación secundaria pudo ser el
ariete para combatir la discriminación hacia las comunidades y pueblos
indígenas, fomentar la pluralidad y diversidad de las expresiones; para que en
el país no sólo sea la voz del duopolio televisivo la que siga resonando.
Precisó que el dictamen que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados
permite a los medios comerciales incrementar el tiempo de comercialización
mientras que a los medios sociales se les prohíbe la posibilidad de transmitir
publicidad y patrocinios.
La ley somete de forma velada a las emisoras indígenas al tutelaje de la
Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, le da injerencia en
el otorgamiento de las concesiones para ese tipo de medios, violentando la
autonomía de los pueblos originarios y el artículo 2° constitucional así como
tratados internacionales.
La ley confina a los medios sociales en las altas frecuencias para la
banda de FM, restricción que violenta el principio de igualdad a nivel técnico,
debido a la orografía donde están situadas esas emisoras, las altas frecuencias
impiden la transmisión de señales con calidad.
Asimismo, establece multas millonarias para quien abra una radio sin
permiso, mantiene la confiscación de bienes y equipos en contravención del
artículo 7° constitucional y, continúa la criminalización ante la posibilidad
de usar la vía penal para comunicadoras y comunicadores.
Se les otorgará el uno por ciento de la publicidad oficial del
presupuesto total para comunicación social de las instancias federales,
porcentaje distribuido entre todas las emisoras.
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