Por
Rodrigo Véliz Estrada (CMI-Guatemala)
La Puya, San José del Golfo. Guatemala (video)
Publicado el 26/05/2014
El proyecto minero se halla entre los municipios de San José del Golfo y
San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que entre los vecinos
se conoce como La Puya.
Porosidad estatal
Una característica vital del
Estado guatemalteco es su incapacidad histórica para poder responder de manera
democrática a las exigencias y demandas de amplias capas de la población.
Mientras unos pocos grupos tienen acceso efectivo al Estado, las mayorías gozan
sólo formalmente de derechos y no encuentran mecanismos para hacer valer sus
intereses. Es hasta que esos derechos se ven confrontados que finalmente
resulta claro el panorama.
La
arbitrariedad de la que se nutre la falta de democratización del Estado puede
observarse, por poner un ejemplo, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
que por ley deben presentar las empresas mineras. Es en este aspecto donde más
agujeros se ha visto en las concesiones presentadas al Ministerio de Energía y
Minas (MEM).
Según un reportaje sobre minería en el oriente del país, las prácticas
se dan desde la presentación por fragmentos del EIA, evitando la visión en
conjunto de los daños al ecosistema, hasta la copia literal de otros estudios.
Evadir estos aspectos fundamentales y no consultar con la población adyacente a
los proyectos mineros es lo que genera la dimensión de las problemáticas.
El caso
de La Puya es un perfecto ejemplo al respecto.
El
proyecto Progreso VII Derivada es parte de una serie de planes por explotar
varias regiones en municipios que se sitúan al nororiente del departamento
central de Guatemala. El proyecto minero se halla entre los municipios de San
José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que
entre los vecinos se conoce como La Puya. Para Progreso VII Derivada se desea
extraer oro y plata, dos de los metales mejor valuados en la actualidad.
El proyecto
nunca se consultó con ninguna de las comunidades, éstas se enteraron incluso
tiempo después que el Estado aceptara la licencia de exploración. El EIA
presentado al MEM por parte Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A.
(EXMINGUA), subsidiaria en ese momento de la multinacional canadiense Radius
Gold Inc., contiene grandes agujeros en aspectos básicos para la salud de la
población de los municipios mencionados, como lo muestra un estudio evaluador
realizado por los ingenieros norteamericanos Robert Robinson y Steve Laudeman.
Según
este estudio, el EIA presentado por EXMINGUA contiene varias omisiones de
importancia, entre las que resaltamos la falta de detalle sobre el uso y la
descarga del agua que realizará la mina y los controles sobre arsénico.
El agua
es vital para la población, por tratarse de la región donde inicia el llamado
Corredor Seco del país. Un área cada vez más amplia en donde la capa fértil de
la tierra está sumamente deteriorada y las lluvias y el agua en general son
escasas. Al agua que obtendrá la mina al cavar su propio pozo, se le suma la
que utiliza un parque acuático local, cuyo dueño es el alcalde de San José del
Golfo. En estas condiciones, la población teme que el agua llegue a ser aún más
escasa.
Por otro
lado, la manera de explotación en Progreso VII Derivada será por dos vías, una
con túneles y otra a cielo abierto. Es con esta segunda técnica que se encuentran
más problemas. En condiciones naturales, la tierra de lugares importantes donde
se van a realizar explotaciones para la extracción cuentan entre ocho y once
veces más del arsénico normal para la salud humana.
Con las
explotaciones esa tierra con exceso de arsénico será dispersada al aire con lo
que llegará a las plantaciones sembradas para la subsistencia de las familias
de los alrededores del lugar. Al absorber los cultivos el arsénico, la
población estará mucho más vulnerable de enfermarse con este elemento tóxico.
Pese a
estos significativos agujeros, el MEM decidió otorgarle a la minera la licencia
de explotación en noviembre del 2011. Fue hasta inicios del siguiente año que
la población comenzó a reunirse y las primeras marchas se realizaron. Tanto
reuniones con el juzgado municipal, autoridades municipales y el Congreso de la
República no lograron presionar para que la licencia fuera revocada, o al menos
suspendida.
Lo que sí
provocaron fue que la población comenzara un proceso de organización interna,
en donde las valoraciones en torno al qué hacer ante la inminencia de la
construcción de la mina, con las secuelas que podía traer según la información
que habían logrado recabar, tenía que ser resuelta.
Mientras
la minera continuaba el proceso de construcción, el dos de marzo del 2012 la
población cerró la entrada a la mina y se declaró en resistencia pacífica,
según lo permite el artículo 45 de la vigente Constitución de 1985.
Así
comenzó la toma de La Puya.
Los caminos de la estrategia pacífica
De la mano de la toma vinieron
los primeros ataques e intimidaciones a la población. Estos no se dieron de
manera explícita de parte de la transnacional minera, sino a través de su
subsidiaria en el país, EXMINGUA. Si tomamos en cuenta lo dicho acerca del
carácter “tomador de precios” del
mercado minero y los distintos circuitos de la actividad minera (plantas de
concentración, de fundición, de refinación, manufacturas a consumidores
industriales), la subsidiaria local que se encarga de la administración y la
producción de la materia prima se encuentra en los puntos más bajos de la
cadena.
En estas
circunstancias, las transnacionales se ven en posición de ventaja y es parte de
su estrategia proponer, usualmente, contratos establecidos vía intrafirma, con
cuotas/precios previamente establecidos.
Esta
situación minoritaria de la subsidiaria le concede, además, el papel de
administrador y ejecutor del proceso de producción. La toma de la mina, en
estas circunstancias, entorpece toda esta dinámica, y demanda un tipo de
mediación bastante hábil e inteligente.
EXMINGUA,
sin embargo, está dirigida por militares guatemaltecos retirados, lo que hace
que el entorpecimiento de labores encuentre soluciones comunes al sentido común
militar del país: la represión y la intimidación.
Al frente
de EXMINGUA se encuentra Mario Figueroa Archila, ex coronel y antiguo
comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y actual gerente de EXMINGUA
y Servicios Mineros del Centro de América (que también opera en el área).
Además se encuentra el teniente retirado Pablo Silas Orozco, que se encarga de
la administración de EXMINGUA, y el coronel retirado José Arias Méndez.
En los
primeros días después de la toma varios miembros del equipo de seguridad de la
mina realizaron disparos al aire frente a la población, a los que siguieron
actos de provocación por parte de supuestos mineros y de los militares
aludidos. Para mayo del año pasado la empresa intentó ingresar con un convoy de
26 camiones y 35 patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), pero no lo
lograron hacer.
Meses de
roces, en donde cabe el mencionado atentado en contra de Yolanda Oquelí,
provocaron un cambio en las tácticas de la empresa. En la escuela municipal se
intentó entregar computadoras para los estudiantes, pero la población no lo
permitió.
Según la
Ley Minera, si un año después del otorgamiento de la licencia de explotación no
se ha empezado la producción, la licencia queda anulada, a menos que se
presenten razones que validen la tardanza.
A tres
meses de que esto ocurriera, el 31 de agosto del 2012, Radius Gold Inc. a
través de un comunicado anunció la venta del total de sus activos a Kappes,
Cassiday & Associates (KCA), que pagó por ellos alrededor de US$ 400 mil.
Radius Gold Inc., afirmó: «La venta de
nuestra participación [...] es parte
de nuestra estrategia corporativa para vender activos problemáticos,
permitiendo a la compañía concentrar capital y experiencia en las áreas menos
conflictivas».
A la
decisión de venta siguieron campañas de difamación y un continuo hostigamiento,
que culminó en momentos de aguda tensión, como el ocurrido el 22 de noviembre,
a días de que se venciera la licencia.
Ese día
varios supuestos trabajadores de la mina fueron llevados a pocos metros de la
toma y a cargo de Pablo Silas Orozco comenzaron las provocaciones en contra de
la población y de los medios independientes que cubrían el evento, como puede
observarse en el siguiente video proveído por la Marcha Indígena, Campesina y
Popular.
Video filmado por opositores a la mina "El Tambor" - San Pedro
Publicado el 27/12/2012
Del 13 al 22 de noviembre de 2012, un grupo de mineros que apoyan el
proyecto extractivo se enfrentó a quienes se oponen a la mina.
En el video se ve al militar retirado Pablo Silas (de
casco amarillo), quien dirige la manifestación con un autoparlante. Silas
labora para Servicios Mineros del Centro de América S.A., compañía contratada
para socializar el proyecto con la comunidad.
El video fue elaborado por Centro de Medios
Independientes (CMI)
Por lo demás, los ademanes violentos de Silas
Orozco y de otras personas les valieron un arresto domiciliario por una demanda
en su contra por coacción y amenaza. Pese a que existen imágenes y videos que
prueban la violenta actitud de Silas Orozco, EXMINGUA decidió apoyarlo en el
proceso judicial y como abogado contrató al abogado Fernando Linares
Beltranena, conocido por la defensa de personajes vinculados al narcotráfico y
estructuras de tráfico de niños, como lo mostró el Centro de Medios
Independientes en una reciente publicación.
Tras lograr el aval para
aplazar la cancelación de la licencia de explotación, el siete de diciembre del
año pasado se presentaron las Fuerzas Especiales de la PNC (FEP) para desalojar
a la población. A las seis de la mañana aparecieron los vehículos que
transportaban a las FEP en la cabecera de San José del Golfo, a cargo del
comisario Telémaco Pérez García, quien posteriormente sería investido como
director de la PNC. Una hora después de su llegada se hallaban a unos metros de
la toma.
Las primeras interacciones
entre las FEP y la población fueron orientadas de parte de éstos a exigir la
orden judicial que avalaba el desalojo. El comisario Pérez García afirmó que no
la necesitaban, ya que la protesta estaba impidiendo la libre locomoción en un
espacio público; la orden de desalojo sólo era necesaria en casos de invasión a
la propiedad privada.
Yolanda Oquelí, que discutía
con el comisario de las FEP, afirmó que eso no era cierto, ya que la toma de la
entrada de la mina no impedía el paso de los carros, camiones y personas. La
discusión, en estos mismos términos, comenzó a subir de tono y Pérez García,
con una notable incapacidad para negociar, amenazó con comenzar el desalojo, ya
que había una orden y él debía cumplirla.
Las réplicas de la población
en cuanto a la orden de desalojo no encontraron oídos donde alojarse. Las FEP
tenían una orden clara. Cuando la situación llegó a una tensión con cierto
grado de agudeza, las mujeres de la localidad, frente a frente con las FEP,
comenzaron a realizar oraciones y cantos de contenido religioso, a lo que las
fuerzas de gobierno reaccionaron con algunos pasos hacia atrás.
Mientras tanto, algunas lideresas
y líderes comunitarios intentaban localizar a un juez para que llegara a mediar
la situación. En lo que esto ocurría uno de los oficiales de las FEP lanzó gas
pimienta a las mujeres, que pasaron momentáneamente a dispersarse.
La reacción espontánea que
siguió fue dejar la línea que los ponía de frente con las FEP, para pasar a
retirarse a la entrada de la mina. Allí se tumbaron sobre el piso.
La respuesta de las FEP fue un
momentáneo alejamiento, el lanzamiento de bombas lacrimógenas, para luego
comenzar a golpear sus macanas contra los escudos, mientras iniciaban a marchar
al unísono hacia la población.
La tensión de esta acción,
unido a los cantos religiosos, algunos gritos de desconsuelo y llanto y otros
de enojo, hacía de la situación una al borde de un estallido. Las FEP frenaron
al encontrarse de frente a las mujeres y el resto de la población, que yacía en
el suelo, e hicieron un medio círculo de protección. El momento había llegado a
su punto más tenso.
En ese momento, un anciano
presente, con total claridad de lo que decía, afirmó contundentemente: «No hay poder humano que pueda con el poder
de Dios, somos un pueblo no violento, por lo mismo Dios nos ha acompañado. Y
ese es el mensaje de esperanza, que esta no es una derrota para nosotros, sino
que es un momento de prueba. Tengamos la certeza que Dios nos va a dar la
victoria, porque estamos luchando por la vida, por los derechos humanos,
tenemos a la otra parte que no respeta nuestros derechos, pero Dios está de
nuestra parte».
Para entonces ya habían
arribado los diferentes medios de prensa, así como representantes de
organizaciones sociales, de la ONU, de la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH), y el juez del juzgado local. Los cabildeos para presionar a Pérez García
de frenar el desalojo habían comenzado.
Consecuentemente, las
posibilidades efectivas de lograrlo, sin que se volviera en otro escándalo
político para el actual gobierno, se habían reducido. La estrategia pacífica de
la población había dado resultado.
Lo que siguió fue una pequeña
mesa de diálogo, que sirvió de antesala para la invitación del gobierno para
agendar una serie de reuniones con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente
(SNDP). La primera reunión se realizó casi dos semanas después del intento de
desalojo, y en ella estuvieron presentes los y las principales representantes
de las comunidades que se encuentran en resistencia pacífica, las autoridades
de gobierno representadas por el MEM, el Ministerio de Gobernación (MGOB), el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el director del SNDP,
Miguel Ángel Valcárcel.
De parte de las comunidades el
énfasis en las reuniones fue el tema de seguridad. Varias fueron las
intervenciones en que se exigía al representante del MGOB, el primer
viceministro de Seguridad, Edi Byron Juárez, que aclarara el comportamiento de
la PNC durante sus intromisiones a la localidad y el uso arbitrario de la
fuerza, así como las declaraciones del Ministro de Gobernación, el ex teniente
coronel retirado Mauricio López Bonilla, quien ha afirmado que existen grupos
paralelos que manipulan a las personas movilizadas.
Las respuestas de los
representantes del gabinete del gobierno fueron evasivas y puntuales. Solamente
Valcárcel fue el que detalló la postura del gobierno. En sus intervenciones,
trataba de dejar claro que la minera estaba en regla, que había cumplido todos
los procedimientos legales, y que estaba teniendo gastos innecesarios al tener
guardada su maquinaria sin darle su debido uso. Una de las posturas principales
de parte del gobierno para la resolución del conflicto, afirmó, era que las
comunidades permitieran que la empresa sacara su maquinaria.
A la población ya se le había
planteado esa solicitud con anterioridad. Para esta ocasión afirmaron que si
sólo eso querían hacer, se permitiría que la retiraran.
Fue una sorpresa entonces
cuando uno de los representantes legales de KCA en Guatemala, Rodrigo Maegli,
afirmara ante la consulta de uno de los representantes del SNDP que la empresa
no tenía ningún interés en sacar su maquinaria. Eso no estaba en discusión.
La afirmación de Maegli se dio
en la reunión de Alto Nivel programada por el gabinete de gobierno, invitando a
la empresa KCA y representantes de la toma.
Este tipo de instancias han
recibido múltiples críticas de organizaciones sociales desde la pasada gestión
de Álvaro Colom (2008-2012), ya que se conciben como espacios de diálogo y
consenso, pero en la práctica los principales puntos de demanda son obviados y
el resultado es solamente el pasar del tiempo y la desmovilización.
Los últimos dos gobiernos han
manifestado su deseo de hacer que estas instancias funcionen. La respuesta de
Maegli sobre la negativa de la empresa en sacar su maquinaria, mientras en las
mesas del SND se decía que eso era lo que querían hacer, muestra de manera
clara la ausencia de un genuino interés por efectivamente lograr acuerdos que
logren solucionar problemáticas.
Puya: Aquí se
ve la incapacidad de la PNC
Publicado el 24/05/2014
El operativo policiaco fue todo un fracaso. Los disturbios iniciaron porque
la policía agredió a mujeres y hombres rociándoles gas pimienta en la cara
directamente, luego explotó bombas lacrimógenas en sus pies y empezaron a
llevarse presa a las personas que estaban inconscientes por la agresión. Todo
evidentemente se les empezó a salir de control, fue un fracaso ya que la
policía no tiene experiencia en abordar este tipo de operativos civiles, ya que
las FEP a cargo del operativo tienen entrenamiento militar.
Muestra de esa incapacidad
quedo evidenciada con la acción represiva efectuada el pasado 23 de mayo,
cuando un fuerte contingente de las FEP (antimotines de la PNC) y agentes de la
PNC en alrededor de 50 patrullas, llegó desde tempranas horas para resguardar
la maquinaria de la minera. Como es costumbre las mujeres y los hombres de la
resistencia procedieron a sentarse entonando cantos y rezos cristianos que
pedían e imploraban por el retiro de la PNC y la maquinaria. Los disturbios
iniciaron cuando la policía agredió a mujeres y hombres rociándoles gas
pimienta en la cara directamente, luego explotó bombas lacrimógenas en sus pies
y empezaron a llevarse presa a las personas que estaban inconscientes por la
agresión.
Las
órdenes fueron claras: abrir el paso para que la maquinaria de la minera
extranjera ingresara: no importando el costo humano. Decenas de intoxicados y
heridos fue el costo de una resistencia decidida y convencida a no dejar pasar
a la Policía y maquinaria. En los rostros de los agentes de la Policía se podía
observar temor e inseguridad, pese a que se utilizó un numero indiscriminado de
gases lacrimógenos (durante las casi tres horas que duró el ataque, el ruido de
las bombas no ceso por más de un minuto) el paso de los agentes no fue fácil.
Puya: ¿Tirar
piedras estará en los protocolos de seguridad?
Publicado el 24/05/2014
¿Qué opinan ustedes del accionar de las FEP PNC ante este asedio
publico/privado a la lucha pacífica de los vecinos y vecinas organizadas?
Los elementos de la FEP (mejor conocidos como
antimotines), luego de abrir por la fuerza bruta el paso a la maquinaria, se
quedaron a la entrada de la Mina para según sus palabras “resguardar” a los mineros de la gente. Entre los cerros, en las
cercanías de la resistencia de La Puya, centenas de policías antimotines y
agentes de la PNC permanecían al atardecer, luego de una jornada de resistencia
al paso violento de la minera el Tambor.
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