Miriam Miranda, coordinadora general de la
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denunció la persecución de la
cual está siendo víctima por parte del aparato estatal y de empresarios
privados, que estarían usando artimañas para seguir apropiándose de tierras
comunitarias garífunas. La criminalización de la lucha social y sus nuevas
estrategias y rostros.
Este martes 5 de
septiembre -explica Miranda en un comunicado- se apersonaron en la sede de
Ofraneh, situada en la comunidad de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección
Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con
una primera reconstrucción de los hechos, los funcionarios pretendían
entregarle un citatorio para informarle que está siendo requerida para
notificarse ante autoridades judiciales.
Al no
encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.
Recientemente,
el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y
representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, ha denunciado por
difamación y calumnias a la lideresa garífuna y a otras tres activistas de la
comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo.
Miembros de la
comunidad han venido denunciando la compraventa ilegal de tierras
comunitarias garífunas, que involucraría a autoridades locales y a empresarios
turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen, este último Ceo
de Life Vision Developments.
En particular,
un nutrido grupo de jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar un terreno que la
comunidad había destinado a un proyecto ecoturístico comunitario, y que en 2012
fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA.
La recuperación
del terreno llevó a los jóvenes a enfrentar demandas judiciales y, en el caso
de Medalime David, hasta la prisión [1].
Libertad de expresión en
peligro
LOS QUIEREN CALLAR
LOS QUIEREN CALLAR
En julio pasado, siempre en Trujillo,
Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, una de las radios comunitarias de
la Ofraneh, amenazando con clausurarla.
La organización
garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan
una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los
pueblos indígenas.
Este derecho
está plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como
en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en
el Convenio 169 de la OIT.
La denuncia de
todo lo que está aconteciendo en la Bahía de Trujillo ha desencadenado una
persecución contra la Ofraneh, sus dirigentes y miembros, asegura la
organización hondureña [2].
“Yo no he cometido ningún delito. Sólo defendemos los
derechos humanos del pueblo garífuna, de los demás pueblos indígenas y del
pueblo hondureño en general”, afirma Miriam Miranda en el comunicado.
“Randy Jorgensen, Patrick Forseth y Conatel se han dado a
la tarea de denunciarme y el Estado de judicializarme”, asegura la lideresa garífuna.
Para ella, la
persecución está siendo legitimada y apoyada por el actual gobierno “que pretende detener la lucha del pueblo
garífuna en defensa de sus derechos históricos, territoriales y culturales”.
“No me queda más que responsabilizar al gobierno de Juan
Orlando Hernández por cualquier atentado contra mi persona e integrantes de la
Ofraneh”, concluye el
comunicado.
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