Megaminería en América Latina: destrucción, saqueo,
muerte
Por: Diego Pérez Damasco (Costa Rica),
Florencia Pagola (Uruguay), Florencia Luján (Argentina)
Distintas
Latitudes
02
julio, 2017
Afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua y
la tierra, afectación de la calidad de vida de las comunidades, enfermedades, despojo del
territorio, desplazamiento forzado, diseño de leyes, criminalización de la
protesta social, asesinatos…
La extracción de minerales por parte de
poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América
Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses.
Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, hay
22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves
impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos.
¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos
mineros?
MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina existen muchos conflictos
por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el
medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra
actualmente 219 conflictos
activos debido a la minería, en 20 países de la región.
De estos, 39 están en Perú, 37 en
Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú,
la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos
sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148
conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras
canadienses.
“En total tenemos
registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en
América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están
vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70% de los
conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla,
coordinador del OCMAL.
De acuerdo con Padilla, además
de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
MINERAS CANADIENSES
La extracción minera es una actividad
estratégica y de larga tradición en Canadá,
e incluso al país se le considera “una
potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo
sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la
responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por
empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron
determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de
violaciones de derechos humanos.
Esto resulta relevante al tener
en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las
empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los
4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban
en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas
canadienses tienen más activos son México
(20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).
Entre el 50% y el 70% de la actividad
minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67
empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en
Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.
Actualmente, las siete empresas mineras
canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos
provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana
Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.
De acuerdo con el informe, Canadá,
como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus
mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo
financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras
a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del
Export Development Canada y de sus Embajadas.
Esto no ha cambiado siquiera
bajo la administración de Justin
Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes
sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se
ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.
En Costa Rica,
en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo
de Crucitas (norte del país). El abogado
ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo
Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este
proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold.
Él asegura que las
empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno
de ese país debería reponsabilizarse.
“La minería canadiense, según la experiencia que
hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En
Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento
cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía
política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente
de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir
resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas
Latitudes.
“Si me quedó algo claro en toda la lucha
contra la minería en Crucitas, fue que la
embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la
empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa.
No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una
corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.
Posterior a
esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el
país.
Para Araya, el gobierno de Canadá debe
aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese
país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.
IMPACTO
Tanto las empresas canadienses
como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de
estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería
y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con
la contaminación del aire, las aguas y el suelo.
En seis de los casos se observa
un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes
de agua.
“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la
contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros
factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un
cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.
“En Honduras, en el proyecto
San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas
Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en
2008. En junio de
2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la
Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un
grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.
Por otro lado, en
Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los
glaciares. En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla
S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y
un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de
la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de
procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades
de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.
Además, varios
proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización
social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando
desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son
previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad
del proyecto.
Un ejemplo es el desplazamiento
de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha
denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que
se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba
expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.
“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus
lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la
Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron
obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la
mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y
el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.
Asimismo, la presencia de
mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta.
También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los
proyectos y trabajadores de las minas.
En el informe se señala que en
diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos
23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos
corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y
Guatemala.
Las consecuencias de las
actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas:
afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la
calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño
de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social de todo
orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para
Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la
contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para)
todos.
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