Gobierno mexicano
confirma uso de celulares de normalistas después de los hechos de Iguala
Redacción Desinformémonos, periodismo de abajo
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México: Ayotzinapa
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Publicado el 6 julio, 2017
05 julio, 2017
Ciudad de
México/Desinformémonos.- El gobierno
mexicano confirmó el uso de tres chips y nueve aparatos celulares
pertenecientes a los normalistas desaparecidos en fechas posteriores al 26 de
septiembre de 2014 y señaló que la Policía Federal está en la tarea de
dar seguimiento a este uso.
En su intervención ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
su asamblea 163 realizada el 6 de julio en Lima, Perú, el gobierno mexicano, a
través del fiscal del caso Ayotzinapa, confirmó
el uso de tres chips y nueve aparatos celulares pertenecientes a los
normalistas desaparecidos en fechas posteriores a los hechos del 26 de
septiembre de 2014.
En la asamblea comparecieron Cristina Bautista
y Mario González por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos,
los abogados del caso, Mario Patrón, del Centro de DH Miguel Agustín Pro y
Vidulfo Rosales del Centro de DH de la Montaña Tlachinollan. Por
el gobierno mexicano estuvieron presentes el subsecretario de derechos humanos
de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el fiscal del caso por
parte de la PGR, Alfredo Higuera y Sergio Rochín de atención a víctimas.
“Estamos
desesperados” señaló Mario González y,
Cristina Bautista, ambos en representación de los 43 padres y madres de los
normalistas desaparecidos, subrayó que gracias al GIEI supieron que 17
celulares de sus hijos estuvieron activos después de la noche del 26 de
septiembre, durante varios días.
“Sin
embargo, no sabemos qué ha pasado con la investigación porque el gobierno
mexicano no usa la tecnología que tiene para saber qué pasó con esos celulares,
sino que la utiliza para espiar a don Mario y a nuestros abogados”.
El abogado Vidulfo Rosales del Centro de DH de
la Montaña Tlachinollan, precisó acerca de las reuniones que lograron con el
Gobierno federal a partir del plantón que realizaron frente a la Procuraduría
General de la República (PGR) y acerca del “cronograma”
que este les planteó para dar respuesta a cuatro puntos fundamentales de la
investigación: la participación del Ejército mexicano y de la policía de
Huitzuco a través de su comandante y varios elementos, la investigación de la
telefonía celular y el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago.
En su compromiso, explicó Rosales a los
relatores de la CIDH, el gobierno mexicano extiende el tiempo hasta octubre de
este año, “para nosotros es demasiado,
después de casi tres años sin ninguna respuesta” por eso los padres
pusieron como fecha límite la segunda semana de agosto para tener
respuestas.
El subsecretario de derechos humanos de la
Segob, Roberto Campa, reiteró que “Ayotzinapa es un caso prioritario para el Estado mexicano y que
todas las líneas de investigación están abiertas”.
Previamente, don Mario González mencionó en la
audiencia:
“Venimos
desesperados, porque a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, nosotros y
nuestros abogados, los esfuerzos del mecanismo de seguimiento, al día de hoy no
tenemos nada cierto con relación a nuestros hijos”, y añadió:
“La
última vez que nos reunimos con el gobierno mexicano, nos decía que no tenemos
la disposición para aceptar la verdad, la verdad que a ellos conviene. Nosotros
respondimos que estamos con la verdad, pero con la verdad científica”.
Por su parte, el fiscal de la PGR,
Alfredo Higuera, precisó información respecto al punto de la
telefonía celular:
“En
este tema, el GIEI habló de 19 números relacionados con los jóvenes
normalistas. En la investigación se ha determinado que son 32 los números
relacionados con los jóvenes desaparecidos y agregaríamos el de Julio César
Mondragón Fontes”.
“Se encontró que 10 de los números telefónicos de los
estudiantes tuvieron como ultima conexión la antena llamada Margaritas, que
está próxima a uno de los escenarios de los hechos, el puente del Chipote,
frente al palacio de justicia de Iguala. Tenemos los nombres de los
jóvenes a quienes pertenecían estos números por lo que podemos deducir que
fueron privados de su libertad en ese lugar”,
añadió.
Hay otros diez números de estudiantes que
estuvieron moviéndose en la ciudad de Iguala y que no se ha podido determinar
en qué lugares precisos estuvieron. Otros
diez números ligados a los jóvenes no registraron conexión con las antenas de
Iguala. Esto no significa que no estuvieron ahí, solo que no utilizaron los
celulares.
“Se
pudo confirmar el uso posterior de los chips o aparatos identificados por el IMEI, lo que fue un punto
destacado por el GIEI: tres de los chips fueron utilizados posteriormente
y de los aparatos fueron nueve los que siguieron en uso. Tenemos
identificado todo ello”, concluyó el
fiscal.
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