Faltas al debido proceso
y acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres y el
feminicidio
Fuente: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
Centro
de Medios Libres
27
junio, 2017
Boletín de prensa Nº 005
San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, a 26 de junio de 2017.- A más de medio año de haber sido ordenada la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género (AVG) para las mujeres de Chiapas, instancias
del gobierno estatal incumplen en implementar las medidas urgentes para atender
el grave incremento de actos violentos y feminicidios en la entidad.
El pasado 18
de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), comunicó a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas,
y a este Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCH), organización
peticionaria de la AVG, la formal Declaratoria de AVG para implementar medidas
urgentes de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como visibilizar
la violencia de género y mensaje de cero tolerancia a fin de garantizar a las
mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Sin embargo,
como parte también de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres
y el Feminicidio, hemos denunciado el grave incumplimiento de los acuerdos
básicos para avanzar en torno a la implementación de acciones que hemos
discutido en tres sesiones ordinarias del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario (GIM) del cual también formamos parte.
En ese
sentido, como Centro de Derechos de la Mujer denunciamos particularmente las
acciones y omisiones más recurrentes que seguimos documentado en nuestra labor
cotidiana como Defensoras de Derechos ante las instancias encargadas de
procuración y administración de justicia en Chiapas.
Omisión
por parte de los Operadores del sistema a su deber de preservar la vida, la
integridad física, los derechos e intereses de las mujeres en situación de
violencia.
Debido a la falta de capacitación,
voluntad, interés y negligencia de Fiscales, Peritos (as), Policías,
Traductores (as), y Secretarios (as) de las unidades dependientes de la
Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) observamos patrones comunes en el
trato que dan a las mujeres que denuncian una situación de violencia, a saber:
a.-
No existe un espacio adecuado para escuchar a la víctima de violencia,
generalmente este procedimiento se realiza en el área de atención inmediata,
que es un espacio abierto, carente de mobiliario y que revictimiza a las
personas que acuden a interponer su denuncia inicial;
b.- El personal a cargo no tiene
claridad de cómo actuar cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión
reciente, ya que esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud
cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que
puedan generar riesgo para su vida y que requieren atención hospitalaria;
c.- No se realiza análisis de riesgos que
permitan prevenir una nueva agresión a la persona o personas denunciantes;
d.- No se proporciona un trato digno y
sensible a las víctimas ya que los servidores públicos siguen reproduciendo
prejuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres;
e.- No hay atención inmediata y eficaz
ya que se dilatan los trámites y no se brinda información sobre el
procedimiento a seguir, los tiempos y recursos en la intervención, además de no
proporcionarle a la víctima copia ni lectura y revisión de su declaración;
f.- Se deja de considerar que las mujeres
indígenas para llegar a la agencia del Ministerio Público para denunciar o dar
seguimiento a una investigación tuvieron que viajar o caminar por varias horas,
por lo que no darles atención e información representa negarles el acceso a la
justicia;
g.- Para la expedición de copias
autentificadas se siguen cobrando sumas de hasta $400.00, siendo ello
inaceptable tomando en consideración que las actuaciones de la Fiscalía ya no
tienen el carácter de públicas;
h.- Observamos el no cumplimiento de
parte de los cuerpos policiacos de las ordenes de protección otorgadas a favor
de mujeres indígenas, y la omisión de la Fiscalía para exigir su cumplimiento;
i.- Es evidente en cualquier Fiscalía
de Distrito, incluyendo las especializadas para población indígena y migrante,
la falta de traductores así como la ausencia de capacitación para escuchar a
las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidades diferentes que han
sido agredidas;
j.- La dilación injustificada en la
presentación de peritajes a cargo de médicos (as), psicólogas y trabajadoras
sociales;
k.- Falta de personal especializado y
la puesta en marcha de protocolos de actuación para la atención de denuncias
realizadas por niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes.
Estos patrones
de actuación y omisión son tan sólo algunos de los más comunes que observamos
de manera sistemática, de manera directa por los casos que acompañamos hemos
documentado estas faltas en Fiscalías como Bachajón, Yajalón, Ocosingo y San
Cristóbal; de igual forma en otros Distritos, sin que la Fiscalía Indígena
asuma su responsabilidad conferida, documentamos la negligente atención a
población indígena de municipios como Salto de Agua, Palenque, Margaritas y
Teopisca.
Omisión
en la aplicación del Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la
Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio.
A lo largo de estos más de 7 meses de
haber sido declarada la Alerta de Violencia de Género para Chiapas, distintas
organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación y familiares de las
víctimas hemos denunciado distintas acciones y omisiones por parte de las autoridades
correspondientes para atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio
en la entidad no obstante vemos con suma preocupación que continúan las
diligencias y tramites sin aplicar el Protocolo de Actuación Operativa y
Técnica en la Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio, así como
las debidas diligencias para deslindar y/o probar que no se tratan de actos
criminales.
De manera
particular denunciamos la falta de información por parte de la FGE para dar a
conocer el número, lugar, fecha y demás caracterizaciones de los feminicidios
que se han investigado por lo menos a partir de noviembre de 2016 a la fecha,
así como el número de denuncias que han recibido por violencia hacia las
mujeres, adolescentes y niñas, y cuántas se han judicializado.
Como CDMCH,
organización peticionaria de la AVG e integrante de la Campaña Popular contra
la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, nos mantendremos
atentas y vigilantes a las acciones que el Estado implemente para cumplir con
su obligación de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en la
entidad.
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