Tlatlaya: tres años
de impunidad
Centro
de Medios Libres
30
junio, 2017
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¿Recuerdas la masacre
de Tlatlaya?
CDH
Miguel Agustín Pro Juárez
Publicado el 29 jun. 2017
En 2014, elementos militares ejecutaron arbitrariamente a
entre 12 y 15 personas ya rendidas en Tlatlaya, Estado de México.
Las versiones oficiales sostuvieron
que todas las muertes se dieron por el enfrentamiento.
Las testigos y sobrevivientes fueron
torturadas para que no dijeran lo que vieron, pero una de ellas reveló la
verdad a la prensa.
Tras el escándalo internacional y las
pruebas de la verdad, las autoridades prometieron justicia.
Un año después, se reveló la existencia
de una ilegal orden para los elementos militares de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Tres años después no hay verdad ni
justicia por la falta de acción de la PGR, a pesar de que se probó que hubo
ejecuciones arbitrarias y alteración de la escena del crimen.
No hay ningún responsable en la cárcel.
No hay ningún responsable en la cárcel.
No se está investigando a la cadena
de mando.
Si Tlatlaya no se resuelve, sólo se
anuncia mayor impunidad.
La falta de
justicia ha propiciado que se repliquen episodios de ejecuciones arbitrarias a
manos de las Fuerzas Armadas.
La PGR no ha hecho lo
necesario para esclarecer el número real de víctimas, la alteración de la
escena del crimen ni el encubrimiento.
Se ha evitado
llamar a rendir cuentas a los responsables de dar la orden de abatir delincuentes
en horas de oscuridad.
La sobreviviente y
testigo Clara Gómez presenta amparo por falta de debida diligencia.
Ciudad de México, 29 de junio de 2017.- Hace ya tres años,
en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, tuvo
lugar uno de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos que han
marcado la historia reciente de México. Entre 8 y 12 personas fueron ejecutadas
arbitrariamente a manos de elementos del Ejército, en un episodio que a pesar
de su triste notoriedad no ha sido esclarecido.
La impunidad con la que se ha cubierto la
masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los
intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades
a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública, una tarea reservada a
civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido
sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito,
Puebla.
Es pertinente recordar que en el caso
Tlatlaya, ocurrido en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, las autoridades sostuvieron la
versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los
elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que el testimonio de una de las
testigos y sobreviviente, aunado a pruebas recabadas por periodistas, reveló
que la mayoría de los 22 fallecimientos se dio tras haberse rendido los civiles
y que las autoridades encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las
testigos para callar lo que presenciaron.
A pesar de que la propia Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió
privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo
de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder
Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie
rindiendo cuentas por este delito.
Un primer aspecto a señalar en esta falta de
diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En
mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de
formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al
considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin
que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la
indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a
pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de
la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.
En segundo lugar, la alteración de la escena
del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas
armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco
ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas,[1] a pesar de que
existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de
noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba
imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó
al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las
fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014,
radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente
de CNDH.
Como tercer elemento se suma la falta de
acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad,
revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la
develación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves
violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron
una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena
de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a
declarar; y determinar el origen de la misma.
Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de
la Averiguación Previa: PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha
llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con
excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien
afirmó que el documento es un “machote”
y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta
afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la
identidad del autor de dicho “machote”
o del mando que debió supervisar tales órdenes.
Frente a estas omisiones, Clara Gómez ha
tenido que interponer una demanda de amparo por la falta de debida diligencia,
que se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia
Penal con sede en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 545/2017.
Esta falta de debida diligencia es una de las
múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos
humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el
marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.
La impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios nos indica que
dar mayores facultades a los elementos militares para intervenir en seguridad
pública es un camino que solamente profundizará la grave crisis de derechos
humanos que padecemos los mexicanos.
La falta de justicia a tres años de un hecho
tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría
incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y
es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e
impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados
servidores públicos en la comisión de graves delitos.
Organizaciones:
Cauce Ciudadano AC
Causa en Común AC
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C
Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Instituto De
Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto de Justicia
Procesal Penal, AC
Instituto para la
Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE)
Centro Nacional de
Comunicación Social (CENCOS)
Fundar, Centro de
Análisis e Investigación AC
Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Enjambre Digital
Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto de Justicia
Procesal Pena, AC
México Unido Contra
la Delincuencia (MUCD)
Observatorio Nacional
Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad, AC
Participando por
México AC
R3D: Red en Defensa
de los Derechos Digitales
Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).
Personales:
Alberto Athié
Carlos Cruz Santiago
Carlos Brito
Catalina Pérez Correa
Denise Dresser
Ernesto López
Portillo Vargas
Guadalupe Barrena
Jorge Javier Romero
José Antonio Guevara
Luis Fernando
Fernández Ruiz
Mariclaire Acosta
Urquidi
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