Don Eugenio López,
de 72 años, asesinado por la espalda por luchar por el derecho a la jubilación
Rocizela Pérez Gómez B.
Periodista guatemalteca
América
Latina en Movimiento
28
junio, 2017
“Llora
sangre lo que estamos viviendo, por eso vengo en nombre de mis compañeros
a exigir justicia, justicia es lo que pedimos”, dijo don Jesús Calderón al referirse al
vil asesinato de su compañero de infancia y de trabajo, Eugenio López,
de 72 años de edad quien se disponía a participar en una manifestación
pacífica como parte de la lucha que más de 200 extrabajadores de una finca han
emprendido desde hace 9 años exigiendo el derecho a su pensión y a los
servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Ancianos y
ancianas que en tiempo de su juventud trabajaron por más de treinta años en la
finca San Gregoria Piedra Parada, ubicada en el municipio de Coatepeque del
Departamento de Quetzaltenango, al sur del país, y a quienes durante esos años
los finqueros descontaron la cuota del Seguro Social, son quienes
conforman el grupo de los más de 200 extrabajadores que al momento
de intentar acogerse al programa de Invalidez Vejez y Sobrevivencia
(IVS) del Seguro Social, se les negó, indicándoles que los finqueros
nunca trasladaron las cuotas que por muchos años el patrón les descontó de su
salario.
“Yo llegué a ese lugar de 16 años, cuando
comencé a trabajar ahí; se trabajaba aceite de citronela, luego se comenzó a
trabajar hule. Empezábamos a trabajar a las 3 de la mañana y a las dos de la
tarde ya íbamos de regreso a nuestras casas (11 horas de trabajo)”, narra don Jesús, al recordar que por 33
años trabajó en la finca que en ese entonces pertenecía a la familia Campollo
Codina; familia que es parte del G-8 (Grupo de las 8 familias más ricas de
Guatemala).
“Fue una frustración para todos, cuando
llegamos al tiempo de ser jubilados se nos negó y se nos ha negado ese derecho”, indicó el anciano Calderón asegurando
que durante todo el tiempo que trabajó se les descontó de su salario la cuota
del Seguro Social.
“Llegamos con la esperanza de que íbamos a
gozar de nuestro derecho pero el IGSS nos lo negó, hasta hoy nos lo ha negado”, dijo el representante de los
extrabajadores, quien señaló que durante los nueve años de luchar por su
derecho han fallecido 42 de sus compañeros por diferentes enfermedades ya que
nunca tuvieron acceso a la salud.
Desde que los
extrabajadores exigen justicia para gozar de su derecho a la pensión y a los
servicios del Seguro Social, han sufrido persecuciones e intimidaciones y
también han encarcelado dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC), tal es
el caso de Dalila Mérida dirigente regional encarcelada el 24 de septiembre del
2016.
El viernes 23 de
junio los ancianos y ancianas y líderes regionales sufrieron nuevamente ataques
represivos por parte de la seguridad privada de la finca. El representante de
los adultos mayores cuenta: “el
viernes como a las 5:30 de la mañana, estábamos organizándonos a la orilla del
asfalto para una manifestación y continuar exigiendo justicia y que se nos
escuche. [Estábamos] parados en el asfalto esperando a más compañeros cuando
por la parte de atrás nos fue a venadear (disparar) un sicario ordenado por la
empresa, quien disparó y mató a mi compañero de infancia y de trabajo, don
Eugenio de 72 años de edad, e hirió a dos más. Por eso pido a las
autoridades que se investigue; no puede ser que el pago sea un balazo por la
espalda después de tantos años de sacrificio”, denunció el integrante de los más de 200 ex trabajadores de la
finca.
Autoridades del
Seguro Social confirmaron que la finca San Gregorio tiene una deuda por no
pagar las cuotas laborales, también indicaron que la finca debe alrededor de
medio millón de dólares desde el 1998 por cuotas patronales que nunca fueron
trasladadas y una cantidad similar por multas.
El Seguro Social
también indicó que en los años 2014 y 2016 se realizaron tres acciones legales
en contra de la finca por el incumplimiento del pago de cuotas y una acción
penal ante el Ministerio Público.
Líderes
regionales y el representante de los ancianos exigieron a la Fiscal General
Thelma Aldana que se capture y enjuicie a los autores materiales e
intelectuales de criminalizar y perseguir al grupo de ancianos y a los
defensores de Derechos Humanos que acompañan. Asimismo exigieron que los
ancianos sean atendidos con todos los servicios del seguro social de
emergencia, ya que desde junio del año 2016 se instaló una mesa de diálogo y el
Seguro Social se comprometió a investigar y accionar, y hasta el momento
no ha habido ningún resultado.
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