56 niñas de
Guatemala: 90 días de impunidad
Jody
García
Texto
originalmente publicado en la revista Nómada
Desinformémonos,
periodismo de abajo
06
junio, 2017
Guatemala.- Quienes
les daban de comer gusanos para robarse el dinero de la comida, quienes las
violaban, quienes contrataron a una empresa que trafica armas para cuidarlas,
quienes les abrieron las puertas para que se fueran para acusarlas de fuga,
quienes las encerraron bajo llave, quienes no abrieron la puerta cuando se
estaban quemado, quienes las siguen cuidando. A tres meses de la tragedia del Hogar Seguro en Guatemala, en el que
murieron 41 niñas quemadas y de las 15 sobrevivientes una más fue asesinada de
regreso en su casa, todavía queda un manto de impunidad sobre casi todos los
responsables gubernamentales. Aquí, un resumen en 5 puntos.
1. Los actores que no han sido
alcanzados
Tres meses han pasado desde que el crimen en el Hogar Seguro. Durante ese tiempo, la
investigación ha estado bajo reserva; pero se conoció que 9 de las
sobrevivientes declararon por videoconferencia.
A la fecha están detenidos y sujetos a
investigación sólo Carlos Rodas y Anahy Keller, exsecretario y exsubsecretaria
de Bienestar Social, así como Santos Torres, el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
A casi cien días de los hechos, ningún monitor
ha respondido ante un juez por las quejas de las adolescentes que un día antes
de morir se manifestaron por los malos tratos que recibían.
“Viólennos
aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez,
gritaban las niñas en el amotinamiento del 7 y 8 de marzo”, denunció Nómada hace casi tres meses.
Denunciaron golpes, agresiones sexuales, mala
alimentación, entre otros abusos. Tampoco han comparecido quiénes las
encerraron en un aula de 47 metros cuadrados, ni los agentes de la Policía
Nacional Civil que las custodiaron la madrugada del 8 de marzo y que no las
dejaron salir a pesar de que les gritaban que había fuego.
Según información que la Secretaría de
Bienestar Social entregó a la bancada Encuentro por Guatemala el mes pasado, en
octubre de 2016 interpusieron tres denuncias contra personal del Hogar Seguro por abrir los portones para
que los menores se fugaran de las instalaciones.
Ese día, el 7 de marzo, los trabajadores de la
Secretaría de Bienestar Social fueron los que abrieron los portones y les
dijeron: “Váyanse a la verga”.
Otra denuncia de 2016 que hizo la Secretaría y
que presentó a la bancada de Nineth Montenegro fue contra Ángel de Jesús
Valladares Cardona -que aparece en nóminas de la Secretaría como Encargado de
Procuradores- por supuestamente obligar a una adolescente a cambiar su declaración
ante un juzgado.
La entidad también reportó que existe una
denuncia contra Verónica Elizabeth Ochoa López, que fungía como psicóloga del
hogar, por la presunta agresión a cuatro menores de edad. Además, hay una
denuncia en contra de una adolescente que se presume escapaba de las
instalaciones llevándose a otras compañeras para luego regresar de forma
voluntaria y volver a escapar con más de las adolescentes internas.
En el Ministerio Público (MP) investiga las
denuncias presentadas por la sospecha de que grupos de crimen organizado
tuvieran acceso y contactos con el hogar para aprovecharse de las menores de
edad, sacarlas de las instalaciones y explotarlas sexualmente. Sin embargo, en
las denuncias no se presentó suficiente evidencia que les permita ir tras una
línea clara de investigación en ese sentido, dijo Alexander Colop, jefe de la
Fiscalía contra la Trata de Personas. El MP todavía no ha logrado investigar si
es cierto.
El juez Carlos Guerra dictaminó que los
detenidos Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres pueden guardar prisión
domiciliar si pagan una fianza.
La Fiscalía contra el Femicidio, la encargada
del caso, apeló la resolución del juez Carlos Guerra. El MP considera que
existe peligro de que obstaculicen las investigaciones si no están en prisión.
El pasado 20 de marzo, Encuentro por Guatemala
amplió la denuncia que presentó días antes en contra de la Procuraduría General
de la Nación por los hechos ocurridos en el Hogar
Seguro. En ese documento se menciona a los agentes que el día del incendio
tuvieron su cargo el cuidado, resguardo y seguridad de las 56 adolescentes que
fueron encerradas. Entre ellas, la Sub Inspectora de la Policía Nacional Civil,
Lucinda Marroquín Carrillo, y 17 mujeres oficiales más. La bancada las menciona
como nuevos indicios para el caso.
Por otro lado, la situación de los monitores
que tuvieron a cargo el cuidado de los menores de edad no ha variado mucho. En
una citación en el Congreso, Cándida Rabanales, la nueva jefa de la Secretaría
de Bienestar Social, confirmó que los monitores siguen en sus puestos porque no
los pueden despedir, ya que el sindicato logró que un juez emplazara a la
institución.
–Lo que
hemos hecho es alejarlos de los niños-, dijo la secretaria Rabanales a la
diputada Nineth Montenegro.
La secretaria Rabanales dijo que 379 personas
trabajaban el hogar y que 307 siguen en sus puestos. Además, reconoció que la
Secretaría no cuenta con los procesos para evaluar de forma íntegra el trabajo
del personal a cargo de los niños, niñas y adolescentes.
–La evaluación de desempeño es defectuosa,
criticó la diputada Montenegro y agregó que la
Secretaría evalúa de igual forma el trabajo de un piloto como el de un
psicólogo, el un miembro del área jurídica como de uno del área médica.
La Secretaría de Bienestar Social ni el MP no
han denunciado penalmente a ninguno de los trabajadores.
2. La empresa que daba seguridad está
acusada de mafiosa
Con el cambio de gobierno, durante los primeros diez meses de la
administración de Jimmy Morales en 2016, las instalaciones del Hogar Seguro no contaron con servicio de
seguridad privada. Esto hizo más vulnerables a los menores de edad ante grupos
de crimen organizado, provocó riesgo de fugas y puso en peligro las
instalaciones.
En noviembre de 2016, cuando la Procuraduría
de los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (PDH) que emitiera medidas cautelares que instaran al Estado a que
garantizara la integridad de los menores de edad del Hogar Seguro, denunció que
entre mayo y octubre de ese año se reportaron 49 casos de fuga de adolescentes,
donde no se descarta que haya vínculos con redes de trata de personas. Es
decir, que se hayan reportado como fugas cuando en realidad eran sacadas del
hogar para explotarlas sexualmente.
Para el 7 y 8 de marzo de 2017, una población
de 800 niños, niñas y adolescentes internos estaba bajo resguardo de 2 agentes
de la Policía Nacional Civil y dos de empresas privadas. Para la PDH eso
evidenció la falta de coordinación interinstitucional y protocolos para
garantizar la seguridad de los menores.
–En
particular, no se habían tomado medidas para evitar nuevas fugas, enfatizó
un informe del PDH de 2017.
En el informe de auditoría de la Contraloría
General de Cuentas se detectaron anomalías en los procesos de contratación de
guardias privados.
En octubre de 2016, la Secretaría de Bienestar
Social empezó a contratar de forma directa servicios de agentes a la empresa
Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (Visegua), la misma firma donde
trabajaban un patrullero, un custodio y un piloto que enfrentan juicio porque
el Ministerio Público los acusa de proveerle armas de fuego y armamento militar
a miembros de la pandilla Barrio 18.
La función de los agentes de Visegua dentro
del Hogar Seguro era controlar el
ingreso y salida de alumnos, padres de familia y otras visitas, así como hacer
rondas para controlar la entrada y salida de todo el complejo ubicado en Santa
Catarina Pinula, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.
En el 2016, la Secretaría le adjudicó a
Visegua, de forma directa, ocho contratos por cifras menores a los Q100 mil. La
Contraloría lo denunció como un fraccionamiento para evitar concursos y
licitaciones. Por este hallazgo sancionó con el pago de Q11 mil a Armodio Eliu
López Orozco, jefe del Departamento de Compras, y a Ramiro Stuardo Barillas
Castillo, Director Administrativo.
En su respuesta a la Contraloría, los
funcionarios manifestaron que durante ese año hubo tres Secretarios de
Bienestar Social y que eso provocó que las metas programadas para el 2016
fueran demorándose.
Según la auditoría, casi ninguno de los
centros estatales para menores tuvo seguridad privada en los primeros 10 meses
de 2016: el Centro de Educación Especial Álida España, el Centro de Atención
Integral (CAI), el Centro Juvenil de Privación de Libertad de Varones, el
Centro Juvenil de Detención Provisional, el Centro Juvenil de Privación de
Libertad para Mujeres y Centro Juvenil de Privación de Libertad de Varones II.
Datos recabados por la bancada Encuentro por
Guatemala señalan en el primer semestre del 2016, 127 menores de edad fueron
reportados como escapados de diferentes hogares estatales.
3. “Los
tratos inhumanos continúan”
En la citación con la bancada Encuentro por Guatemala, Cándida
Rabanales, la jefa de la Secretaría de Bienestar Social confirmó que los niños,
niñas y adolescentes que habitaban en el Hogar Seguro fueron trasladados a
distintos puntos.
Según la información que proporcionó, al menos
tres grupos de menores de edad fueron trasladados a inmuebles donde se aplica
el modelo de residencia familiar, que es una división de los menores en grupos
y residencias para albergar entre 12 y 15 personas, a cargo de equipos de
atención multidisciplinarios. El plan de la institución es alquilar 16
inmuebles para implementar ese sistema.
Además, habían solicitado el inmueble en la
zona 1 del Hogar Rafael Ayau, que es propiedad del Estado y que sus
usufructuarios se negaban a devolver. En el inmueble vivía sólo una docena de
adolescentes varones y tiene capacidad para muchos más. Después de una
investigación de Nómada en la que se evidenciaron abusos por parte de la
iglesia católica ortodoxa de Antioquia, está devolver el inmueble al Estado.
La secretaria Rabanales dijo a Encuentro por
Guatemala que después del incendio, 106 menores de edad, la mayoría con
discapacidades físicas, fueron trasladados al Centro de Educación Especial
Álida España. Aunque el lugar no está diseñado para ser un albergue, la
institución dijo que lo utilizaría de forma temporal mientras gestiona un
espacio adecuado para los niños. Tres meses después, 74 continúan allí. Este
nuevo lugar tampoco cumple con requisitos para ofrecer una vida digna.
El 30 de mayo, la PDH denunció en el
Ministerio Público que las instalaciones de ese centro no son adecuadas para
los menores de edad, ya que es una escuela donde no tienen espacios adecuados
para vivir, donde todas las noches reciben colchonetas para dormir y donde
están expuestos a filtraciones de agua y a una piscina sucia que atrae
mosquitos y los expone a enfermedades.
“El
Centro Alida España no es un hogar, sino que es un centro educativo, por lo que
las instalaciones están diseñadas para funcionar como aulas”, refiere la denuncia y agrega que al no garantizar las
condiciones mínimas, “la Secretaría se encuentra
posiblemente provocando un trato inhumano y degradante para los menores de edad
con discapacidad”, así como colocando en riesgo su vida, su desarrollo y su
salud física y mental.
La visita de la PDH revela que a la fecha
viven en ese lugar, 74 niños y niñas que no tienen cama ni litera, solo
colchonetas para dormir. Tampoco cuentan con guardarropa, ni extintores ni
rutas de evacuación.
4. Sobrevaloración de alimentos
Otra de las causas del motín de niñas y adolescentes del Hogar Seguro fue la mala alimentación
que recibían, a veces vencida, con gusanos y de mala calidad. Esto empeora
porque la Secretaría contaba con los fondos para garantizarles alimentos sanos.
El informe de la Contraloría revela que en el
2016 se adquirieron contratos por más de Q14.5 millones en alimentos para el Hogar Seguro, pero no existe
documentación suficiente que demuestre que los jóvenes recibieron la comida.
El contrato más caro fue por Q14 millones para
la empresa Banquetes de Guatemala, S.A., por once meses. De enero a noviembre
del año pasado, el plato de cada comida fue de Q19.25 por desayuno, Q20 de
almuerzo y Q20 de cena. Q60 diarios.
Aunque ese contrato estaba vigente, la
Secretaría realizó una nueva licitación. En este evento fue adjudicado
Alimentos Preparados Industriales, que por dos meses cobró Q537 mil. Sus
precios por plato fueron por mucho, más baratos que el de la primera empresa:
desayuno un Q7, refacción Q3, almuerzo Q9.95, refacción Q3 y cena Q7. Q30
diarios.
Esta situación fue denunciada por diputados de
Encuentro por Guatemala. De acuerdo sus datos, en los primeros tres meses de
este año las autoridades del Hogar Seguro gastaron Q6.1 millones en alimentos y
la calidad de la comida no reflejaba el precio que se pagaba por ella.
En la denuncia, los diputados señalan que el
derecho humano a la alimentación de los menores de edad no se otorgó con
calidad y dignidad. Para los diputados de EG, el servicio fue visto como un
negocio redondo entre las autoridades de la Secretaría y los proveedores, por
lo que piden a la Fiscalía que indague en los contratos firmados desde el año
2012, cuando inició el gobierno del Partido Patriota, incluido una compra por
Q17 millones a Fulanos & Menganos, la empresa del compadre del presidente
Jimmy Morales y diputado actual por FCN al Parlacen, Omar Sánchez. Fulanos y
Menganos, además, está vinculado a un otro de corrupción en el Registro de la
Propiedad, donde recientemente fueron enviados a juicio Sammy Morales y José
Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.
5. Las otras impunidades
Al menos desde el año 2009, según informes de la Contraloría, el
presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social no han sido gastados con
transparencia. Los niños, niñas y adolescentes que deberían beneficiarse de ese
sistema de protección y atención, también se enfrentaban a un sistema de
corrupción, dónde, por ejemplo, se fingía la impermeabilización de un techo
para desviar fondos. En el 2012, la exsecretaria de Bienestar Social, Silvia
Raquel Vielman denunció que una de oficinas del Programa de Comedores
Solidarios y Departamento de Inventarios de la SBS, pagó Q65 mil a la empresa
Lotificaciones e Inversiones, por impermeabilizar un techo de lámina.
La misma Contraloría necesitó que hubiera una
tragedia para fiscalizar casos de la última década.
De vuelta a 2016, la Contraloría señala que la
Secretaría de Bienestar tenía Q1.2 millones para comprar prendas de vestir para
los niños, niñas y adolescentes albergados; pero sólo gastaron Q142 mil, una
décima parte.
A los niños, niñas y adolescentes albergados
también les hace falta ropa.
Comentarios