Omiso el Estado
ante derechos de jornaleras y jornaleros agrícolas
Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Desinformémonos,
periodismo de abajo
05
mayo, 2017
La pobreza extrema, discriminación y exclusión
son los patrones con quienes conviven día con día las y los jornaleros
agrícolas desde sus lugares de origen.
La falta de trabajos y
de acceso a los derechos básicos a la alimentación, salud y a la educación,
obliga a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos
agrícolas una oportunidad que les permita sobrevivir. La Red
de Jornaleras/os Agrícolas Internos ha documentado la existencia de al
menos 2 millones de jornaleros en todo el país. La mayoría son originarios de
pueblos indígenas, principalmente de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero
-también los estados más pobres de México-.
En el caso de Guerrero, el
Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentó tan sólo
del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2016, la salida de 677 jornaleros y
jornaleras agrícolas, entre ellos, menores de edad, mujeres embarazadas y
personas enfermas.
El forzado éxodo, es el
impacto de la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales
para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
Esta omisión obliga a que
los originarios dueños de la tierra migren para emplearse temporalmente con
empresas chinas, en los campos agrícolas del norte del país.
Según los registros del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los que
migra la población jornalera de Guerrero son estados como: Coahuila, Chihuahua,
Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente), -por lo menos 90% de estas zonas
enfrentan delincuencia organizada-.
Los abusos y violaciones a
sus derechos, inician desde el momento de su partida. En el caso de Guerrero,
las autoridades han incumplido sus compromisos. Un ejemplo de ello es la Casa
del Migrante, ubicada en Tlapa de Comonfort, dicho espacio se encuentra
en condiciones deplorables y los recursos para los insumos básicos para la
limpieza, acondicionamiento y alimentación se encuentran ausentes (a pesar de
que existe presupuesto específico para la atención a jornaleros agrícolas).
Ante ello, es el propio Consejo de Jornaleros y Jornaleras de la Montaña el que
lo sostiene.
En su traslado, los
accidentes automovilísticos, los retenes policiales y militares son algunas de
las arbitrariedades a las que las familias jornaleras se enfrentan.
Una vez en los campos
agrícolas -en donde siembran frutas y verduras de exportación-, las y los
jornaleros se enfrentan nuevamente a la marginación económica, a la desprotección
en el acceso a servicios de seguridad social por parte del Estado. No cuentan
con contratos formales sino que les pagan a destajo, es decir, según la
cantidad de fruta o verdura que cosechen. Las jornadas laborales son de 9 a 15
horas.
Además de ello, las y los
jornaleros agrícolas se enfrentan a condiciones infrahumanas en sus espacios de
trabajo; no existen condiciones sanitarias, viven hacinados y
mayoritariamente en casas de cartón o lámina.
Ante esta realidad,
jornaleras y jornaleros agrícolas se han organizado y conformado espacios como
el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas
(SINDJA) y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas con el objetivo
de incidir para que las autoridades garanticen sus derechos laborales como lo
marca la ley y se atienda de manera integral la problemática que origina la
migración de miles de personas año con año.
La respuesta que se necesita
no es un paliativo sino una transformación estructural que garantice a los
niños/as permanecer en sus hogares y recibir educación sin la necesidad de
trabajar, que las mujeres jornaleras no sean acosadas ni abusadas sexualmente,
que la juventud no sea cooptada por la delincuencia en los campos agrícolas y
que hombres y mujeres tengan un salario justo y las condiciones necesarias en
un trabajo digno, entre otros ejemplos de arbitrariedades.
Recientemente en el Foro “Jornaleros y jornaleras agrícolas, presente
y futuro”, además de prever una agudización de la problemática ante el
contexto global actual, tanto los jornaleros/as agrícolas, académicas/os,
estudiantes, defensoras/es de derechos humanos e integrantes de la sociedad
civil organizada, recalcaron una vez más que la responsabilidad para
transformar esta realidad, es una responsabilidad compartida, sin
embargo, es evidente que lejos de contribuir de manera positiva, las
autoridades son quienes vulneran los derechos de las personas migrantes y ante
quienes no se cesará la exigencia para que los derechos humanos sean
garantizados y se logre frenar la omisión del Estado frente a los derechos
de las jornaleras y jornaleros agrícolas.
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