Arantepacua ¡Crimen
de Estado!
(parte
2 de 3)
Fotografías: Cristian Leyva
Agencia SubVersiones
El pasado 5 de abril
en la comunidad indígena purépecha Arantepacua, fueron asesinados a balazos;
Luis Gustavo Hernández Cohenete (de 15 años de edad), José Carlos Jiménez
Crisóstomo (estudiante de enfermería de 25 años), don Francisco Jiménez
Alejandre (de 65 años) y Santiago Crisanto Luna (de 39 años). En esta incursión
armada del Estado mexicano participaron la Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSPEM) y
el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Además de denunciar contundentemente que se atentó contra la vida y la
integridad física de las personas, los testimonios que recogimos y de los
cuales algunos extractos aparecen en este artículo, dejan claridad de las
graves violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos
indígenas. Los testigos señalan que los elementos de seguridad pública de las
corporaciones antes mencionadas actuaron con premeditación, alevosía y ventaja
al cometer crímenes contra la población, tales como: robo, saqueo, pillaje,
destrucción injustificada y asesinato. Además, se privó de su libertad a 47
comuneros de Arantepacua, 38 de ellos detenidos el 4 de abril y 9 más detenidos
durante el operativo en el que fueron asesinados los 4 pobladores arriba
mencionados.
Las huellas del crimen
Recorrimos las calles
de Arantepacua el sábado 8 de abril, en el centro de la plaza podían apreciarse
por lo menos un par de camionetas calcinadas, varias más junto con tráileres y
autobuses estacionados en las inmediaciones. Todos los vehículos con los
vidrios rotos, en la mayoría de los casos se podía apreciar aún la forma del
tolete que arremetió en su contra. Bastaba bajar la mirada a la calle principal
de la población para ver tirados los cartuchos disparados de armas cortas y
largas en las calle, incluso pudimos contarlas a puños en algunos lugares donde
las huellas de la incursión armada aun estaban frescas.
Las miradas desconfiadas y el andar de la población indígena purépecha
de esta localidad aún se sentían con temor, el dolor recorría el aire. La noche
anterior estuvimos en el funeral y hacía unas horas en el entierro de Santiago
Crisanto Luna quien tenía 39 años de edad y había estado hospitalizado en Zamora
debido a los impactos de bala recibidos. Su féretro pasó por la plaza de la
comunidad y fue acompañado hasta el panteón, durante este trayecto el dolor y
la rabia de los purépechas tomaban formas distintas; lamentos, gritos,
consignas; en todas, el llanto y la indignación.
En el panteón aún estaban frescas las tumbas, las flores y familiares
alrededor de los otros tres asesinados. Al ver nuestras cámaras, los pobladores
nos reprochaban: ¡Pero digan la verdad!,
¡Pinches medios nomás están diciendo puras
mentiras!, ¡Atrévanse a denunciar al
gobierno, nos están matando! Así se formó una comisión improvisada de
comuneros que nos cuestionaron y propusieron: ¿quieren saber la verdad? ¡Vamos, les vamos a enseñar lo que paso aquí!
Nomás digan la verdad. Nos pidieron el anonimato y el de quienes íbamos a
entrevistar: «no podemos arriesgarnos,
sobre todo después de lo que nos acaba de hacer el gobierno», dijeron.
Durante el recorrido pudimos apreciar por lo menos una veintena de
tráileres, autobuses y camionetas de empresas comerciales. Estos vehículos
fueron retenidos por la población de Arantepacua como medida de negociación
para liberar a sus 38 detenidos del 4 de abril. Uno de nuestros acompañantes se
quita momentáneamente el sombrero y nos cuenta:
Nos enteramos que habían detenido
ilegalmente a nuestros compañeros, ellos iban a una comisión ya pactada con la
secretaria de gobierno y aun así los detuvieron. ¿Qué podíamos esperar los
demás? Inmediatamente nos organizamos, empezamos a hacer cortes de carretera y
detuvimos como 20 o 25 vehículos, solo así, nos abrieron mesa de negociación.
Te lo digo porque a mí me toco ir. Estuvimos desde las 11 de la mañana el 5 de
abril y fue cuando los amigos de aquí del pueblo nos empezaron a decir que
venía un operativo, nosotros estábamos en palacio de gobierno y ahí estaba
Víctor Lara y Armando Hurtado, a los dos les preguntamos ¿Qué está pasando?
Nada dijeron, solo van a checar los vehículos que tienen. ¡Mentira! El gobierno
pudo evitar todo esto, nos están tratando sin ningún respeto, como si no
fuéramos seres humanos, eso es racismo y por todos lados se dicen de izquierda
en el PRD ¡Mienten!
Durante el recorrido encontramos en nuestro andar un par de grupos de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, con encuestas en la mano y recorriendo
la población. Llegamos a una fachada destruida con quipo pesado, al volver la
vista a la ventana del primer piso del domicilio los impactos de bala llaman la
atención. Ya en el interior doña Juana nos muestra las habitaciones saqueadas y
las huellas de las balas que atravesaron varias ventanas. Doña Juana con su
vestido tradicional purépecha, se sentó y nos platicó:
Cuando vine como a las 7 de la tarde,
encontré mi casa, el portón tirado y la casa baleada, más en el cuarto de mi
hijo. Baleada y mi cuarto tirado, los colchones tirados, la tele prendida,
colillas de cigarro tiradas y me sacaron dinero, teníamos ahorro (150 mil
pesos) y toda la ropa tirada del closet y rompieron el colchón de mi hija y las
almohadas… Cuando empezaron los balazos me asomé a la calle y me fui a esconder
a la casa de mi hermana que está al otro lado del pueblo y ahí me quedé hasta
que se calmó, como a las siete de la noche me regresé y así encontré mi casa.
Continuamos el recorrido hacia la entrada de la comunidad, en el camino
podían observarse fácilmente, los orificios de las balas impactadas en fachadas
y ventanas, por lo menos vimos 6 vehículos particulares destrozados,
estacionados frente a sus domicilios. La incursión policiaca arrasó a su paso,
y nos preguntamos ¿Acaso absolutamente toda la población era presunta culpable? Por donde caminábamos
seguíamos sin querer, pateando casquillos de balas, estaban por todas partes.
Al dar la vuelta en una esquina se detienen y nos señalan una humilde
vivienda con techos de lámina de cartón y como barda algunos trozos de madera,
un comunero dice:
Esa es la casa de don Agustín Cohenete
Policarpio, tiene 78 años y lo quieren acusar de narco, disque ahí tenia las
armas. Mira nomás su casa, ¿con que motivo la catearon? ¿Por qué le dispararon?
Ahora el señor está en el hospital entre la vida y la muerte, ojalá sobreviva.
Seguimos caminado y llegamos a los terrenos donde inició el tiroteo
apenas hacía 3 días atrás, en este lugar entre el polvo y el pasto, se
encontraban tantos cartuchos de gas lacrimógeno, 9mm y AR15, que era difícil no
verlos, no pisarlos y no imaginar la magnitud de la refriega.
La matanza por un camión de 36 toneladas
En este lugar uno de
los comuneros nos dice mientras señala una loma cercana:
Ahí mataron al niño (Luis Gustavo
Hernández Cuenete), yo estuve aquí, le
dispararon desde lejos, traían miras telescópicas, el traía uniforme rojo del
bachilleres (COBAEM) y cayó con el
primer disparo ¿Por qué le dieron el tiro de gracia?
Sus ojos se humedecen y la voz se entrecorta, continua:
¿Por qué nos acribillaron de esa
manera? No lo entendíamos, pero ahora vemos que venían por ese tráiler, ¿Por
qué entro el ejército solo por ese tráiler?
Le interrumpimos y preguntamos ¿Podemos grabarte?
Si, pero no saquen mi cara, yo ya vi
de lo que son capaces y no van a detenerse por nada, porque son ambiciosos. Yo
les voy a decir lo que pasó.
Encendimos la cámara, y dijimos, cuéntanos:
Les voy a platicar lo que a mí me tocó
vivir… estábamos reunidos en la plaza, por lo de los detenidos del día anterior
y llegó una llamada, que venía la policía, pero no lo creímos yo mismo en mi
cabeza tampoco cupo que el gobierno nos iba a mandar a esa gente. Llegó otra
llamada cuando según iban por Nahuatzen, pero nos dicen que a lo mejor iban para
Cherán porque había una inauguración. Desconozco de qué era la inauguración.
Entonces digamos a los 5 o 6 minutos entran unos comuneros corriendo, diciendo
¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí los granaderos!
Bueno entonces la
gente quiso venir a detenerlos, esa era nuestra intención y me incluyo ahí,
claro que vine armado, pero vine armado con un palo… Llegue aquí al crucero de
mi pueblo Arantepacua y nosotros quisimos usar nuestras tácticas que según
nosotros traíamos. Nos íbamos a meter unos comuneros para el lado de Turícuaro
y agarramos ese caminito que va a Turícuaro, los otros se vinieron para acá,
donde hay un taller mecánico donde está la segunda entrada, venían otros
metiéndose por la entrada principal.
Entonces como yo iba
con los que íbamos para Turícuaro, yo me asomo y me doy cuenta que eran muchos,
muchos, muchos, bastantes, yo diría que eran como unos tres kilómetros de
patrullas formadas. Entonces yo les dije a mis compañeros con los que iba, que
mejor nos regresábamos, porque así no íbamos a hacer nada, porque era bastante
gente verdad. Y sí, sí nos entendimos entre nosotros y le corrimos…
Entonces ellos
empiezan a disparar gas, balas de goma, teníamos una camioneta de la CFE para
bloquear el paso, llegó «el rinoceronte» [Vehículo blindado de la SSP que cuenta con
espacios secretos para desplegar francotiradores, planta generadora de energía,
gancho de arrastre motorizado y llantas resistentes a balas] y lo agarró como un juguetito tirándolo.
Entonces se mete en
un cercado «el rinoceronte» y nos empieza a corretear, correteó a mucha gente,
a bastante gente la correteó. Y corrimos al centro del pueblo, yo les estoy
hablando lo que pasó en la calle principal en la 20 de Noviembre… Y fue una
desgracia lo que pasó, porque esos hombres empezaron a lanzar balas de fuego,
de grueso calibre, algo que nosotros desconocemos aquí…
Y empiezan por el
lado de arriba, ahí empiezan a matar a nuestros comuneros y como había muchos
de ellos atrás, empiezan a tirar para adelante y hay un video donde ellos dicen
¡Ya no tiren para acá, ya no tiren para acá ¡porque nos están dando a nosotros
mismos! Entonces no era gente bien capacitada…
Lo que yo pregunto, a
la audiencia si es que esto se va a difundir, ¿Por qué mandaron eso para acá?
Pregúntense ¿Por qué? Si esto es un pueblo, si esto ya lo han hecho antes otros
pueblos, ya han tomado camiones digamos. Y el punto lo voy a decir. Aquí había
detenidos digamos como treinta camiones, o como quince camiones, pero llega el
gobierno y ya cuando vimos que cayeron los cuatro comuneros, en ese momento ya
la gente empezó a correr. Nos salimos del pueblo, incluyéndome… Entonces nada
más se enfocan en llevarse un solo camión, ese camión fue el único que se
recogió de aquí del pueblo de Arantepacua, ¿Por qué fue el único que se recogió?
No entiendo yo, al último llegaron soldados uniformados en verde, ellos
escoltaron el camión que se llevaron para el lado de Uruapan. Ese camión salió
con una grúa pero de ahí no salió ningún camión más, ahorita ya estamos a 7 u 8
de abril y nadie ha dicho nada de los camiones…
Sí ellos nos dicen
¡Saben que venimos por ese camión! Y si nos iban a dejar quince camiones más
¿Por qué nos interesara uno? Nosotros lo íbamos a dejar en son de paz y no
tener esos compañeros muertos. A ese niño muerto también, ahí en el video de
internet, dicen ¡Ya cayó, ya cayó el de rojo! Pero nunca pensaron que habían
matado a un estudiante y lo remataron, fueron hasta donde estaba y le dieron el
tiro de gracia, yo lo viví.
El recuento de testimonios coincide y muestra que después de que la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSPEM) y el Grupo de
Operaciones Especiales (GOES), «controlaron
a la población», entró la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) con
una grúa a llevarse un tráiler, el operativo se da por concluido y se retiran.
En el comunicado oficial del Gobierno de Michoacán por el
operativo del 5 de abril del 2017, puede leerse:
El martes pasado los comuneros
quemaron un camión de carga particular y retuvieron una veintena de vehículos.
Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo para
liberar las unidades; los agentes de la Policía Michoacán fueron agredidos por
comuneros de Arantepacua con disparos de armas de fuego.
A tres días del operativo y de este comunicado oficial, nos consta que
la veintena de vehículos que los comuneros habían tomado para negociar la
libertad de sus vecinos aún permanecían en el poblado. Un vehículo tipo tráiler
como el que aseguran los pobladores que la SEDENA recuperó durante el operativo
del 5 de abril, puede cargar hasta 36 toneladas de peso, las preguntas
inminentes surgen ¿Cuál era el contenido de esas toneladas? y ¿Por qué no podían
advertir a los comuneros de la importancia del vehículo?
Un día antes de nuestro recorrido, el 7 de abril del 2017, el gobernador
de Michoacán Silvano Aureoles Conejo integrante del Partido de la Revolución
Democrática, declaro:
«En Michoacán no titubeamos en el
ejercicio de la autoridad, la aplicación de la ley y el Estado de Derecho».
Esto en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Regional de la
XII Región Militar, en el evento de incineración de narcóticos donde calcinaron más de 4
toneladas de narcóticos con un valor superior a los 443 millones de pesos. De
estos, según el mismo informe oficial, 409 millones 783 mil 590 pesos corresponden
a 1 tonelada 307 kilogramos de metanfetaminas. Es decir, 92.5% del valor total
de los narcóticos incautados.
De acuerdo a los datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA),
la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF), entre
el año 2006 y agosto del 2015 fueron localizados por lo menos 460 laboratorios
de metanfetaminas en Michoacán, 276 en Sinaloa y 181 en Jalisco. Lo cual sitúa
a Michoacán como el principal estado de la república
Mexicana en la elaboración clandestina de metanfetaminas.
La impunidad, el miedo y el olvido
Silvano Aureoles
Conejo gobernador de Michoacán, ha continuado con una línea discursiva en
posteriores eventos, que reflejan una posición sumamente dura y con argumentos
ambiguos. Por ejemplo el 10 de abril de 2017, afirmó:
«Que las acciones operativas y de
inteligencia que se han desplegado en las distintas regiones de Michoacán,
apegadas a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, tienen el
objetivo de mantener la estabilidad y progreso».
Para el 12 de abril
de 2017 el gobernador de Michoacán al encabezar la reunión semanal del Grupo de
Coordinación Michoacán (GCM) en el municipio de Uruapan, señaló:
«Que las comunidades indígenas
asentadas en esta región se mantengan alejadas de aquellos grupos radicales
externos que buscan conseguir sus intereses que en nada favorecen al desarrollo
de esas comunidades y de la entidad… no permitiré que bajo la excusa de hacer
valer la libertad de manifestación se violenten los derechos de terceros y se
atente contra el desarrollo económico y social de Michoacán».
En la página oficial del Gobierno de Michoacán puede encontrase esta
información bajo el titulo «GCM, por blindar a comunidades de injerencias
externas».
La propaganda mediática del gobierno de Michoacán no solo va enfocada a
justificar la acción punitiva del Estado, confundir a la población y mantener
la impunidad del crimen cometido contra esta población con alrededor de tres
mil habitantes. También es amenazante en contra las organizaciones sociales y
agrupaciones civiles que muestran solidaridad con esta comunidad indígena
purépecha. Además de menospreciar sus capacidades intelectuales y con racismo,
desde el gobierno de Michoacán se les señala como carentes de legitimidad en
sus demandas y fáciles de manipular por intereses externos.
Arantepacua es el caso de represión más brutal cometido contra una
población indígena en lo que va de este 2017, sin embargo los efectos de la
propaganda mediática del gobierno Michoacano han logrado invisibilizar las
responsabilidades del Estado mexicano en el hecho. La impunidad de la que gozan
los «servidores públicos» desalienta
cualquier intento por vías legales de canalizar el descontento social. Las vías
que el gobierno Mexicano en su conjunto está dejando a la población para la
resolución de conflictos, están fuera de cualquier marco institucional. Lo cual
no nos habla de un «Estado fallido«, el Estado mexicano con el crimen cometido
en Arantepacua refrenda su carácter de ser un «Estado
criminal».
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