Zósimo
Camacho
[Bloque:
Opinión]
[Sección:
Zona Cero]
Contralínea
Nº 529
del
05 al 11 de Marzo 2017
La trata de personas es el
tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Por encima de él sólo figuran
el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Según estimaciones del Foro de
Viena para Combatir la Trata de Personas, este delito genera ganancias anuales
por 36 mil millones de dólares.
Más allá de
los dineros que se embolsan los integrantes de la delincuencia organizada que
participan en este tráfico y venta de niños, mujeres y hombres, el saldo social
y el drama humano son incuantificables. Cómo se recupera y se reconcilia con la
sociedad un niño que ha sido sometido a explotación sexual y laboral; una mujer
reducida al silencio y a la servidumbre por lustros; un joven esclavizado para
realizar trabajos forzados… Centenas de miles por todo el mundo hoy están
padeciendo la más absoluta de las explotaciones. Y ni siquiera sabemos cuántos,
víctimas de este tipo de delitos, han sucumbido en el último decenio y antes de
morir sólo pudieron ver el rostro impune de sus verdugos. Para decirlo con el
brillante anarquista, abogado y criminólogo de finales del siglo XIX y
principios del XX Pietro Gori: “…nobles
existencias oscuras, extinguidas después de dolores sin consuelo, con los músculos
exprimidos de toda fuerza y vitalidad…”.
Sin embargo,
en México la indolencia de las autoridades ante este fenómeno supera cualquier
presentimiento. Prácticamente no se hace nada desde la prevención, la sanción y
la erradicación de este delito (como si no abundaran los casos en este país
–documentados en investigaciones académicas y periodísticas–, que se cuentan
por miles en la Ciudad de México, Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Baja
California, por sólo mencionar a cinco de las entidades de la República con
casos probados).
La principal
dependencia encargada de perseguir este delito, de carácter federal, es la
Procuraduría General de la República (PGR). Y esta oficina, cuyo presupuesto anual
ronda los 20 mil millones de pesos, ni siquiera ha consolidado una política
para la prevención, la investigación y la persecución en materia de trata de
personas.
Por ello, su
trabajo no contribuye a la disminución de la ocurrencia de este tipo de delitos.
La conclusión es de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El máximo
órgano de fiscalización del país, en su dictamen de la auditoría de desempeño
practicada a la PGR, es contundente: la Procuraduría “no acreditó los resultados de su participación en la prevención,
atención y procuración de justicia en el delito de trata de personas,
considerado como especialmente grave”. Y es que la PGR “no operó una política específica” para atender este tipo penal.
La
documentación del desastre de la Procuraduría, hoy encabezada por Raúl
Cervantes Andrade y antes por Arely Gómez González, llega al detalle. Justo es
decir que las irregularidades que exhibe la ASF corresponden a todo 2015 y, en
algunos aspectos, hasta julio de 2016, tiempo en que estuvo al frente de la PGR
la señora Gómez.
La
Procuraduría “no participó en la
elaboración de programas de prevención del delito de trata de personas”;
tampoco “acreditó la promoción de
acciones de armonización legislativa de los tipos penales vinculados con la
materia”. Ni siquiera dio seguimiento al “estado en que se encuentran los procesos penales”.
Así, la PGR
mantenía pendientes, a principios de 2016, hasta 809 averiguaciones previas por
el delito de trata de personas. De un total de 1 mil 341 averiguaciones previas
para trámite en el periodo de 2013 a 2016, sólo 532 habían sido determinadas. Y
de las 532 determinadas sólo 165 habían sido consignadas, sin que pudiera
conocerse cuántas habían sido con detenido y cuántas sin detenido. Además, en
206 de las averiguaciones previas determinadas, la PGR estableció incompetencia
y en 89 el no ejercicio de la acción penal.
El compromiso
del Estado mexicano para combatir la trata de personas no sólo es con sus
habitantes. En 2003, firmó el Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar
en la materia y a la armonización normativa de las entidades federativas con el
combate a toda forma de explotación humana. Cuatro años después, en 2007, se
publicó en el Diario
Oficial de la Federación una
reforma al Código Penal Federal para incorporar el primer tipo penal de trata
de personas. A finales de ese mismo año se expidió entonces la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
En el lento
proceso del Estado mexicano para cumplir con lo firmado internacionalmente, a
principios de 2008 creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia y
Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad Especializada en Investigación de
Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO).
Hasta julio
pasado, sólo 14 estados habían armonizado sus legislaciones con el tipo penal
de trata de personas. De las restantes, cinco estaban parcialmente armonizadas
y 13 no habían sido armonizadas en lo absoluto.
El abandono
viene desde el sexenio anterior, el de Felipe Calderón. El equipo de Peña
Nieto, al asumir el poder, había realizado un diagnóstico de cómo recibía a la
PGR en materia de combate a la trata de personas. Encontró “insuficiente atención, protección y asistencia a las víctimas”,
además de “deficiente procuración,
investigación y persecución efectiva de dichos delitos”, como se lee en el
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos
Delitos 2014-2018. La administración de Peña Nieto ha entrado a su última fase
y la situación sigue igual… o peor.
¿De qué sirven
los “análisis” de determinados
problemas si no se hace nada realmente para solucionarlos?
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