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PUEBLOS DEL ISTMO: LA CREACIÓN DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES ES LA VALIDACIÓN DE POLÍTICA DE DESPOJO

Comunicado de prensa de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio
Fuente: Articulación en Defensa del Territorio
Centro de Medios Libres
18 marzo, 2017
Juchitán de Zaragoza, 17 de marzo de 2017.- A manera de presentación se compartió lo que es la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio APOYO, “se trata de diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec, que al sufrir una intromisión y despojo de nuestros territorios por diferentes megaproyectos impulsados desde el gobierno federal, decidimos organizarnos bajo el principio que nos une, que es la defensa de la vida, la tierra y el territorio”.
Se informó también que el día de ayer presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz. Firmaron el amparo “mas de 1800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec”.
Seguidamente el abogado explicó “el amparo colectivo regional interpuesto el día de ayer, tiene el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, para el inicio de otra etapa de instalación de más parques eólicos en la región”. Indicó cómo este megaproyecto dolosamente desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura y en consecuencia, “el Estado pretende con ello evitar garantizar todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Por ello la importancia de la acción constitucional planteada, para efecto de que se resguarden los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región, como el derecho al territorio, libre determinación, identidad cultural y a un medio ambiente sano”.
Un integrante de la Articulación recordó que “desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario”. Y que ahora el “gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW”. Esto implicaría casi triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos.
También se afirmó que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta y de la misma forma que la primera fase “con promesas de desarrollo y crecimiento”. Recordó que las empresas eólicas llegaron anunciando “progreso, desarrollo y derrama económica”; sin embargo lo resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son: “acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.
En cuanto a los beneficios, se precisó que han sido mínimos, “nada de la energía que se produce en la región es para el uso de la población, sino que es revendida a otras empresas privadas como alimenticias, constructoras y mineras. Las empresas eólicas tampoco cumplieron sus compromisos sociales y ni si quieran pagan impuestos a los municipios”. Sólo para dar algunos datos indicó que en Juchitán, donde se encuentran instalados 12 parques eólicos tan sólo en el 2015, la deuda de las eólicas ascendía a más de 2 859 604 530 pesos. En Santo Domingo Ingenio, los cinco parques eólicos que funcionan adeudan al ayuntamiento sus impuestos y la parte social que les corresponde y según el CONEVAL “este municipio tiene un 70 % de la población en la pobreza y el 10 % en pobreza extrema”.
Asimismo se mencionó como “la migración de familias enteras de la población campesina de comunidad es como Xadani, Álvaro Obregón, Juchitán entre otras, hacia Morelia , Nayarit, Yucatán al corte de caña, limón, no ha decrecido, lo que significa que no hay empleo para la población”. También se están observando impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores.
Otro integrantes agregó que existe un serio proceso de división al interior de las comunidades, “el gobierno federal y estatal, en complicidad con las empresas, autoridades agrarias y municipales han propiciado un clima de confrontación, reparto de dinero y preventas para comprar el apoyo de algunos pobladores. Esto ha sido mas visible en comunidades como San Francisco del Mar, Zanatepec, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y Cd. Ixtepec”.

Se concluyó que la segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y solo benefician las empresas privadas. “La ZEE busca impactar su ‘estrategia de desarrollo’ justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del Istmo es la validación de una política económica de despojo”.

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