MÉXICO: EL
PATRIOTERISMO REACCIONARIO Y LA “MARCHA
PATRIÓTICA”
Texto completo en La Haine
14/02/2017
En los últimos días asistimos a
una vasta campaña de intoxicación ideológica y propagandística a través de los
principales medios bajo control monopólico privado, que pusieron en práctica
técnicas para la fabricación del consentimiento y todo un sistema de
adoctrinamiento clasista, para forzar a una marcha
patriótica y una falsa unidad
nacional entre los vendepatrias y saqueadores de México, y sus víctimas,
las mayorías empobrecidas.
La
amplia operación de manipulación de emociones y sentimientos, y manufacturación
de un consenso de masas (del rebaño
desconcertado, diría Noam Chomsky), con eje en un patrioterismo reaccionario,
tuvo como fuente a los responsables de los poderes formales y fácticos del
país: los presidentes de la República y de la Suprema Corte de Justicia; los
mandos de las fuerzas armadas y representantes del gran capital agrupados en el
Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, hermanados
todos −por acción, omisión o vínculos de complicidad− con crímenes de lesa humanidad
y millonarios actos de corrupción que, amparados por el binomio
impunidad/simulación, permean la imposición del actual modelo económico
capitalista salvaje.
Azuzados
por la agresividad racista y xenófoba del presidente estadounidense, Donald
Trump −quien amenazó con enviar tropas y utiliza a México como su principal chivo expiatorio−, un Enrique Peña Nieto
con 88% de desaprobación y unos voceros de los poderes fácticos (militares y
empresarios) carentes, todos, del mínimo sentido de ética política, idea de
sociedad y moral pública, recurrieron a muletillas de ocasión como soberanía nacional, autodeterminación, democracia
y respeto a los derechos humanos, e
impúdicamente llamaron a cerrar filas
en torno al Presidente de la República.
Lo
que imperó en tales pronunciamientos fue la retórica y la demagogia, ya que si
de algo se han encargado los sucesivos gobiernos neoliberales desde Miguel de
la Madrid a la fecha ha sido de desvirtuar el modelo de Estado social que
establecía en su texto original la Carta Magna de 1917, que entre otros
derechos políticos y sociales instituyó el municipio libre y formas colectivas
de propiedad de la tierra y definió la soberanía nacional sobre el territorio y
sus recursos geoestratégicos, cuya defensa, según mandato constitucional, debió
haber estado en manos de las fuerzas armadas.
Con
independencia de que en el periodo posrevolucionario se conformó un régimen
corporativo, patrimonialista y clientelar, con eje en un presidencialismo
autoritario y un partido de Estado casi único, cabe consignar que al desmonte y
la liquidación neoliberal de aspectos sociales claves de la Constitución (como
la forma de propiedad ejidal, mediatizada en la contrarreforma energética con
leyes secundarias que contemplan la expropiación, la ocupación temporal y el
régimen de servidumbre sobre la tierra por causa de utilidad pública se han
sumado a últimas fechas eventos que exhiben la dependencia
político-diplomática, militar y migratoria de México a EEUU, como el encuentro
(en un principio secreto) en Tapachula, Chiapas, de la subsecretaria de
Relaciones Exteriores, Socorro Flores (al que presuntamente asistió el
canciller Luis Videgaray), con una misión militar encabezada por los jefes de
los comandos Norte y Sur del Pentágono, la general Lori Robinson y el almirante
Kurt W. Tidd, respectivamente, que contó con la presencia de la embajadora de
EU, Roberta Jacobson.
La
reunión se centró en el compromiso de México de asegurar (militarmente) su
frontera sur para mantener a raya a la delincuencia y a los inmigrantes
centroamericanos que tratan de ingresar al territorio estadunidense sin
documentos, en virtud de lo que Luis Videgaray argumentó como una
responsabilidad compartida con EEUU, lo que de facto significa
una cesión unilateral de soberanía y exhibe al país como un asunto interno de
la seguridad nacional de Washington, y a México como un Estado vasallo.
A
ello se suma el paquete de iniciativas de ley para dotar a las fuerzas armadas
de poderes anticonstitucionales. Verbigracia, la militarización de las
capitanías de puertos por la Marina y las reformas al Código de Justicia
Militar, al Código Militar de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos y a la Ley de Seguridad Interior (concepto nunca regulado
y que hace referencia a la seguridad del Estado, no de las personas), impuesta
bajo presión a los legisladores por los mandos castrenses y mediante la cual se
busca facultar a los militares para realizar tareas de seguridad pública
(propias de la policía, como la prevención e investigación del delito, las
detenciones y los peritajes penales), pero bajo una lógica de seguridad
nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de
cuentas). A lo que se agregan las reformas al mando mixto policiaco para
controlar los municipios y la ahora pospuesta discusión sobre la Ley
Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, la cual permitiría que, a
solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso podría aprobar la suspensión de
garantías o un estado de excepción.
Se
trata de un paquete de medidas impuestas por Washington a través de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (2005), la Iniciativa
Mérida (2007) y el Diálogo Económico de Alto Nivel (2013), que responden a las
directrices de la secretaría a cargo de la Seguridad de la Patria (o del suelo
patrio) de EU, y cuyo objetivo es que las fuerzas armadas operen como un
ejército de ocupación para garantizar la instalación de empresas trasnacionales
del ramo de la energía y la utilización de la infraestructura crítica de Pemex
y la CFE en áreas del territorio nacional, donde, como en las conformadas por
las zonas económicas especiales (ZEE) −con epicentro en el Istmo de
Tehuantepec−, existen distintas formas organizadas de resistencias
antihegemónicas y antisistémicas.
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