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Berta,
junto a miembros del COPINH, en un homenaje a los compañeros asesinados. ©
Goldman Environmental Prize
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Tras
el asesinato de 123 activistas desde 2009, Honduras se convierte en el país más
peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.
The Guardian
Traducido por Cristina Armunia Berges
Red Latina sin fronteras
04 febrero, 2017
El asesinato de Berta Cáceres desencadenó una condena
internacional pero Honduras no ha hecho lo suficiente para poner fin al
derramamiento de sangre.
Importantes figuras
políticas y magnates comerciales están implicados en la ola de violencia contra
activistas medioambientales en Honduras. Así lo confirma una investigación
llevada a cabo por la organización Global Witness, que asegura que las élites
del país están utilizando métodos criminales para aterrorizar a las comunidades
con total impunidad.
Al menos 123 activistas
medioambientales han sido asesinados en Honduras desde que un golpe de Estado expulsó del poder al
presidente Manuel Zelaya. Muchas de las víctimas han sido miembros de
comunidades indígenas y rurales que se oponen a grandes proyectos en sus
territorios.
El asesinato el año pasado
de la activista indígena Berta Cáceres, que ganó el prestigioso galardón
medioambiental Goldman en 2015, desencadenó una condena internacional, pero
Honduras ha fracasado a la hora de poner fin al derramamiento de sangre.
A Cáceres la mataron a
tiros después de años de amenazas de muerte y de persecución por parte del
Estado. Las amenazas y la persecución fueron consecuencia de su campaña
contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca (que recibe financiación
internacional) en el río Gualcarque, un lugar sagrado para el pueblo
Lenca. Dos de sus compañeros han sido
asesinados desde entonces.
La empresa privada Desarrollo
Energéticos SA (Desa) recibió el proyecto de la presa sin que se consultase con
ninguna comunidad. Los registros de la compañía que ha conseguido Global
Witness sacan a la luz, por primera vez, que el consejo de administración de la
compañía incluye importantes figuras de la política, militares y grandes
empresarios.
El presidente de la
compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de inteligencia
militar y empleado de la empresa energética estatal de Honduras. El
informe asegura que Cáceres, antes de su muerte, dijo a Global Witness que
Castillo le había ofrecido un soborno para que dejase de hacer campaña contra
la presa.
El secretario de la
compañía, Roberto Pacheco Reyes, es un antiguo ministro de Justicia; mientras
que su vicepresidente, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es presidente del banco
hondureño BAC y miembro de una poderosa familia del mundo de los negocios.
Hasta el momento, siete
personas fueron detenidas por su relación con el asesinato de Cáceres,
incluidos dos empleados de Desa y también militares retirados o que siguen en
activo. Pero la familia de la activista ha pedido en repetidas ocasiones que se
busque a los autores intelectuales del asesinato.
El año pasado, una
investigación realizada por The Guardian reveló
que el nombre de Cáceres aparecía junto al
de docenas de activistas en una lista militar que manejaban
fuerzas especiales entrenadas por EEUU. Un portavoz de Desa aseguró que la
compañía no estaba involucrada a ningún nivel en el asesinato de Cáceres.
Desde el golpe de 2009, la
violencia ha aumentado de manera dramática, mientras que sucesivos gobiernos
derechistas han hecho que proyectos nocivos para el medio ambiente
(de minería, agroindustria y turismo) se hayan convertido en la piedra angular
de la estrategia económica de crecimiento del país.
No se respetan los estudios
medioambientales
Los controles medioambientales se han diluido o
han sido directamente ignorados y se han otorgado cientos de concesiones. A
pesar de esto, muchos de estos proyectos están siendo respaldados por
importantes empresas financieras internacionales e instituciones como the
International Finance Corporation y el Inter-American Development Bank.
Un informe titulado ‘Honduras: el lugar más mortífero para
defender el planeta’ investigó cinco polémicos proyectos a los que se
oponían las comunidades locales. Una de las denuncias más importantes es el
conflicto de intereses que encarna Gladis Aurora López, líder del Partido
Nacional de Honduras (ahora en el poder) y vicepresidenta del Congreso.
El marido de López controla
el proyecto hidroeléctrico de Los Encinos en el oeste de Honduras, donde tres
activistas indígenas fueron torturados y asesinados, y dos mujeres
embarazadas fueron agredidas por un grupo de civiles y fuerzas estatales,
provocando el aborto de una de ellas.
La licencias para Los
Encinos y otras presas fueron otorgadas en 2010 cuando López era vicepresidenta
del Congreso, a pesar de que es ilegal tanto para los miembros del Congreso
como para sus cónyuges obtener contratos o concesiones del Estado. López y su
marido han negado cualquier irregularidad. Arnold Castro dijo que, por respeto
a la Constitución, su mujer “no participó
en la sesión cuando se aprobó el contrato”.
El informe también destaca
otro proyecto importante. Se trata de un proyecto de lujo, el hotel cinco
estrellas Indura Beach y Golf Resort en el norte de la costa del Caribe. El
informe detalla intentos de tomas ilegales de tierras y
acusaciones penales falsas contra las familias indígenas Garifuna que
viven al lado del resort.
Hoteles de lujo pagados por el
Estado
La compañía que está detrás del resort, Desarrollo Turístico
Bahía Tela (con inversores privados y estatales), también está implicada en uno
de los mayores escándalos recientes del país: el robo de 350 millones de dólares (324
millones de euros) del Instituto Hondureño de Seguridad Social a través de una
red de empresas fantasma que dejó a pacientes enfermos sin medicinas. Algunos
de esos fondos corruptos fueron blanqueados a través del proyecto del hotel,
según los documentos de la investigación penal oficial obtenidos por
Global Witness.
Además, el proyecto del
hotel recibió 20 millones de dólares (18,5 millones de euros) más procedentes
de un consorcio regional de bancos liderado por el Banco Ficohsa, cuya división panameña está siendo
investigada por blanqueo de capitales. El banco es propiedad del
multimillonario Camilo Atala, un antiguo parlamentario y primo de Jacobo Atala
(Desa).
El complejo hotelero se
convirtió en parte de la Colección Curio de hoteles de lujo de Hilton en
noviembre de 2016 después de presuntas irregularidades. No hay ningún indicio
de que Hilton tuviera que ver con los hechos. Desarrollo Turístico
Bahía de Tela no respondió a las acusaciones hechas por Global Witness.
“Los garifunas estamos siendo perseguidos por el
gobierno para expulsarnos de nuestras tierras y para poder llevar a cabo su
desarrollo turístico, que no beneficia a nuestras comunidades”, cuenta José Guzmán Niri, de la comunidad garifuna de
Barra Vieja.
El informe señala que rara
vez se realizan arrestos. La impunidad impera. Esto ha hecho que Honduras sea
el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y del medio
ambiente.
“Nuestra investigación revela cómo las élites
políticas y empresariales del país están utilizando la corrupción y actos
criminales para sacar provecho económico de la riqueza natural del país. Para
ello están consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales para aterrorizar y
asesinar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, asegura Billy Kyte, de Global Witness.
A pesar de la indignación
internacional creciente por la violencia, Honduras sigue recibiendo ayudas
millonarias procedentes de EEUU.
“Como el mayor donante, EEUU debería ayudar a poner fin a la sangrienta
represión que vive la población rural. En su lugar, está financiando a las
fuerzas estatales hondureñas, que son las que están detrás de los peores
ataques”, concluye Kyte.
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