Nuevo ataque contra la organización
comunitaria en la región Costa-Sierra michoacana
Fotografía:
Regina López
Actualización, 08 de febrero de
2017, 12:46 PM: Nos
informan desde el terreno que liberaron a los siete comunitarios de la
Costa-Sierra en Michoacán. Gente de Santa María Ostula y las comunidades
aledañas confirmaron el rescate. Seguiremos informando en Twitter y Facebook.
Según varios testigos, hacia las 3:30 de la madrugada del pasado
5 de febrero, miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR) «levantaron» y entregaron al crimen organizado a cinco policías
comunitarios de San Pedro Naranjestil -localidad perteneciente al
municipio de Aquila, Michoacán-, que hacían labores de vigilancia en el retén
de Tizupan, sobre la carretera federal 200. Sus nombres son Abigail Farías
Fernan, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia
Zambrano y Francisco Carreón Valencia. La SEMAR como era de esperarse, negó su participación.
Posteriormente los criminales le enviaron un mensaje vía
telefónica a Germán Martínez, comandante de la policía comunitaria de Santa
María Ostula y director de Seguridad Pública del municipio de Aquila, para
plantarle que estaban dispuestos a dejar libres a los secuestrados si les eran
entregados 21 rifles de alto calibre, retiraban el retén de Tizupan y se
presentaban con ellos dos personas para negociar.
Horas más tarde, la comunidad de Santa María Ostula denunció el hecho y anunció que mantendría un bloqueo
sobre Triques, otro punto de la carretera federal 200, para impedir el paso de
transporte de mineras y transnacionales, así como a elementos de la marina y el
ejército. Esto como medida de presión para lograr la liberación de los
secuestrados, pues en su experiencia los intereses de todos estos actores y los
criminales coinciden. En un comunicado su asamblea expresó:
Jesús Cruz Virrueta
alias El Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza alias El Tena y
José María Cruz alias El Tunco son los nombres de los
criminales que mantienen privados de su libertad a los 5 comunitarios, aunque
es necesario subrayar que fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes
realizaron la captura, igual que el 19 de julio de 2015, cuando junto con
elementos de la Secretaría de Defensa de México realizaron un operativo contra
la población que se manifestaba contra la ilegal detención de Cemeí Verdía. En
aquella ocasión, elementos del Ejército dispararon contra la población civil,
provocando la muerte de Hedilberto Reyes García y lesiones en al menos 10
personas, como lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
en la recomendación 65/2016 en diciembre pasado.
A la par de ello el presidente municipal de Aquila, José Luis
Arteaga Olivares, levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y le
envió una
carta al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, en la que
solicitaba apoyo para realizar un operativo de rescate. Dicho operativo comenzó
este 6 de febrero, pero aún no se tienen resultados.
Por desgracia, en la noche del 7 de febrero diversos medios reportaron que fueron
secuestradas dos personas más, cuyos nombres son Madaleno Valencia Zambrano y
Francisco Javier Valencia Cisneros, quienes iban a negociar la liberación de
los cinco policías comunitarios plagiados el pasado domingo. La información les
fue proporcionada en entrevista por el propio Germán Martínez.
BREVE CONTEXTO
Para
comprender mejor lo anterior debemos recordar que la rebelión en contra
del crimen organizado que sacudió gran parte del estado de Michoacán entre 2013
y 2014, rindió sus mejores frutos en la parte norte de la región Costa-Sierra.
En municipios como Aquila, Coahuayana, Chinicuila; y localidades como Pómaro,
San Juan Huitzontla y Santa María Ostula; el proceso de construcción o
reconstitución de una policía que obedeciera a los pueblos y no a los
criminales, avanzó
mucho más.
En ello tuvieron mucho que ver las comunidades indígenas
presentes en la región, ya que su apuesta por lo colectivo les permite mantener
una vigilancia constante hacia sus autoridades. Esto es particularmente visible
en Santa
María Ostula, una de las más golpeadas por el crimen organizado,
pero que a partir de 2014 no a dejado de fortalecer sus instituciones de
carácter comunitario.
Sus pobladores supieron aprovechar muy bien el impulso del
levantamiento, pues en poco tiempo reactivaron su Guardia Comunal y
expulsaron de su territorio a los «malandros»,
logrando establecer una coordinación con otras autodefensas, policías y
guardias comunitarias del municipio de Aquila y de la región Costa-Sierra,
que funciona hasta la actualidad.
UN POCO DE SUSPICACIA
Cualquiera
con un poco de suspicacia se preguntará: ¿porqué el Estado mexicano se
empeña en facilitar el camino del crimen organizado y obstaculizar el de
las comunidades?
El 20 de agosto de 2014, un periódico de circulación nacional reportó que hasta ese momento habían
sido detenidos 146 funcionarios municipales y estatales -incluido el ex
gobernador interino y ex secretario de gobierno Jesús Reyna García-, acusados
de ser cómplices del crimen organizado. Ello no hubiera sido posible sin
el accionar de miles de michoacanas y michoacanos, quienes tuvieron que
empuñar las armas para hacerse escuchar, lo que propició la intervención del
gobierno federal.
No obstante, éste también desarticuló las resistencias que
surgieron en gran parte del estado, integrando a los autodefensas más dóciles y
reanimando a criminales que habían sido relegados por los Caballeros Templarios. De ahí que a partir de lo sucedido
recientemente en la región Costa-Sierra michoacana, sus pobladores presientan
que su intención es continuar con dicho plan.
Para muchos y muchas es evidente que tanto el gobierno federal
como el estatal, ahora encabezado por Silvano Aureloes, prefieren tratar con
nuevas mafias, antes que con comunidades organizadas, cuyas autoridades y
cuerpos de seguridad responden a Concejos y Asambleas Comunales. Todo indica
que criminales como El
Chuy, El
Tena y El Tunco, son menos
peligrosos para sus intereses.
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