Alerta de nuevas agresiones en el Ejido Tila
Agencia SubVersiones
Mediante una llamada
telefónica, ejidatarios de Tila –ejido de 5405 hectáreas, al norte de Chiapas,
perteneciente al Congreso Nacional Indígena– nos comunicaron que: la madrugada
del lunes 6 de febrero de 2017, pasada la medianoche, un grupo de
aproximadamente diez personas se presentó en la casa de Gilberto Abraham
Martínez Santiago, presidente del comisariado ejidal del Ejido Tila, «para pedirle que saliera, porque había
problemas en el Anexo de Cantioc, que es parte del Ejido Tila».
Estas
personas, simpatizantes del presidente municipal (opositor a la autonomía del
Ejido Tila) estuvieron afuera del domicilio intentando hacer que Gilberto
Martínez saliera; gracias a que él no cedió a la presión, el incidente no pasó
a mayores. Ejidatarios acusan este hostigamiento como un intento de secuestro
asegurando que es un modus operandi de ese grupo que, en otras
ocasiones, ha violentado a habitantes de la zona.
En
un comunicado del día 6 de febrero las autoridades ejidales informaron
los antecedentes de dicho hostigamiento:
El
26 de enero de 2016 maquinaria pesada ingresó sin permiso al Anexo Cantioc
–perteneciente al Ejido Tila– para iniciar un proyecto de drenaje del gobierno
municipal. Con motivo de atender dicho reporte, el comisariado ejidal se
dirigía a Cantioc cuando en el camino su camioneta fue interceptada por varios
vehículos. Al frente manejaba el ingeniero agrónomo Carlos Domingo Sánchez
Martínez, encargado de los trabajos referidos en Cantioc y operador político
del Partido Verde Ecologista. Esta persona cerró el paso a la camioneta ejidal,
y al percatarse que detrás se acercaban otras camionetas del Ejido, los otros
vehículos se retiraron y personas que venían en la batea de la primera
camioneta se bajaron y huyeron.
El
comisariado informó a Sánchez Martínez que se le detendría por violar el
acuerdo de la asamblea general que prohíbe la entrada de proyectos
gubernamentales en territorio del Ejido. Ante ello, él y sus acompañantes:
Ángel López López -ex-policía municipal-, Julio Gómez Sánchez y Alejandro Gómez
Sánchez, comenzaron a discutir hasta llegar a la agresión física, por lo que
los cuatro fueron detenidos y trasladados a la Casa Ejidal.
Para
resolver la situación se convocó a una asamblea extraordinaria que tuvo lugar
el 28 de enero y en ella se demandó al ingeniero Sánchez que respetara los
acuerdos del 15 de mayo y el 3 de julio de 2016 en los que se asentó en actas
que no se aceptaría la entrada de proyectos del gobierno al Ejido. Esta persona
aceptó lo que se le demandaba y firmó de acuerdo en el acta de asamblea,
asimismo aceptó no tomar represalias contra el comisariado ejidal ya que quedó
de manifiesto que es la asamblea general, máximo órgano de gobierno, quien le
demandaba acatar la voluntad del pueblo. Sin más, fue liberado.
El
día lunes 6 de febrero, tras el hostigamiento nocturno al presidente del
comisariado, simpatizantes del presidente municipal, Edgar Leopoldo Gómez
Gutiérrez –del Partido Verde–, realizaron una manifestación en la ciudad de
Yajalón para «pedir justicia» y la
intervención de las autoridades municipales, alegando un secuestro por parte del comisariado ejidal. Arguían que las
personas del comisariado habían golpeado a los detenidos el día 26 de enero,
que los agredieron psicológicamente, que iban encapuchados, que portaban armas
de fuego, palos y machetes. Durante la manifestación los asistentes
identificaron al profesor Pascual López Ramírez quien se encontraba con sus dos
hijos en las inmediaciones; fue perseguido y estaban por lincharlo, sin
embargo, la policía municipal de Yajalón intervino y se llevó detenido a
Pascual López como medida para salvaguardar su integridad. El profesor estuvo
retenido 12 horas tras lo cual fue puesto en libertad. Los ejidatarios con
quienes hablamos, desconocen el por qué de esa agresión colectiva contra el
profesor.
Lo
que sí denuncian es que la razón por la que estas personas se aferran en hacer
pasar el proyecto de drenaje en el anexo de Cantioc (situación que también
involucra la injerencia de grupúsculos de las localidades de Misija y Unión
Juárez), es que la obra de hecho está reportada como «realizada» desde el 2014 por el ex-presidente municipal Limberg
Gregorio Gutiérrez –quien es acusado por los pobladores de ser parte del crimen
organizado y «jefe» del actual
presidente municipal– y que mediante manejos corruptos del erario se ha
enriquecido ilícitamente junto con su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa
–igualmente ex-presidenta municipal de Tila y actual diputada local–. También
acusan la existencia de grupos paramilitares simpatizantes de dichas
autoridades municipales, (actuales y anteriores) y la disputa de 130 hectáreas
pertenecientes al Ejido Tila por un proyecto de represa y otro de aeropuerto,
en Río Grande.
Ante
ese clima de hostilidades las comunidades del Ejido Tila explican la situación
en su último comunicado y declaran que:
1) No permitirán la
entrada de proyectos gubernamentales ni a personal del gobierno, y que de
violar las disposiciones serán remitidos a la Casa Ejidal para su sanción.
2) Responsabilizan a los
operadores políticos que se mencionan anteriormente así como al presidente
municipal Edgar L. Gómez Gutiérrez, al ex-presidente Limberg Gregorio Gutiérrez
Gómez y a la ex-presidenta municipal, diputada local y esposa del anterior,
Sandra Luz Cruz Espinosa por la generación de conflictos para provocar un clima
de violencia y la conformación de grupos paramilitares en la región con el fin
de controlar el territorio y acabar con la autonomía del pueblo.
3) Que los medios
oficialistas son pagados para difundir falsas versiones y así justificar la
represión, dado que nunca se agredió a los detenidos el día 26 de enero.
4) Que continuarán con
la construcción de su autonomía y autogobierno ejidal como se determinó en
asamblea para vivir tranquilos sin el despojo y represión de que eran objeto
con el mal gobierno. Exigen a los tres niveles de gobierno que los dejen en
paz, en la construcción de su autodeterminación como pueblo ch’ol.
Al
final del comunicado se exige la liberación de los cinco policías comunitarios
de San Pedro Naranjestil, Aquila, Michoacán, que hace unos días fueron «levantados» por elementos de la Marina
y entregados al crimen organizado (el miércoles 8 de febrero fueron liberados);
también extienden su solidaridad con el pueblo rarámuri por los recientes
asesinatos de Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros de la comunidad de Coreachi en
Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Resulta
de mayor importancia estar al pendiente de los hostigamientos a diversas
comunidades y pueblos indígenas pertenecientes al CNI ahora que es pública la
noticia de que iniciaron un proceso político de coordinación y articulación
para conformar un Concejo Indígena de Gobierno que, a través de una vocera/candidata
indígena, contienda por la presidencia de México en el 2018.
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