La reforma
energética implica pérdida de soberanía energética y de control territorial
Redacción
Desinformémonos
26
enero 2017
Ciudad
de México/Desinformémonos.
“El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada
reforma energética, con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal
en la industria de los hidrocarburos, con el consiguiente desplazamiento del
Estado mexicano”, aseguró la
integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la
UNAM, Rocío Vargas.
Durante el coloquio “El Gasolinazo en el contexto de la integración energética con América
del Norte”, Vargas explicó que con la liberalización del precio de las
gasolinas y del diésel se avanza en la instauración de un régimen de mercado
que pretende la competencia nacional sobre bases regionales, “lo que significa pérdida de soberanía
energética y de control territorial”.
Aseguró que su implementación “será a costa de la sociedad mexicana” y
que además conllevará “importantes
riesgos” para la seguridad energética del país, debido a que propicia la
dependencia estratégica de las importaciones de derivados, petroquímicos y gas
de la Unión Americana.
De acuerdo con la investigadora, la reforma
constituye “la joya de la corona” que
no logró Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), pues abre áreas que antes eran consideradas
estratégicas por el Estado mexicano, como el procesamiento industrial de los
hidrocarburos y el acceso a las reservas petroleras.
Vargas precisó que en la reforma está el
modelo y objetivo de la liquidación de la paraestatal. “Le quitan dinero para inversiones, no le dan presupuesto, están
liquidando a toda su planta”, indicó.
Agregó que “la seguridad energética ha estado excluida de la reforma y simplemente
se ha manejado como una cuestión económicamente necesaria y una forma de quitar
el monopolio a Pemex”.
Días antes de que iniciara el 2017, el
presidente Enrique Peña Nieto anunció el incremento en el precio de las
gasolinas que entró en vigor el 1 de enero, con un aumento de hasta 20 por
ciento. Inmediatamente, los estados de la República se organizaron para
protestar contra el gasolinazo, así como sus consecuencias, entre las que se
incluyen los aumentos en los alimentos, las tarifas de transporte y servicios
como el gas LP.
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