Denuncian ante
relator de la ONU megaproyectos extractivistas de despojo, destrucción y muerte
Redacción
Desinformémonos
21
enero, 2017
Ciudad
de México/Desinformémonos.
Defensores de la tierra, junto
con policías comunitarios y activistas por el medio ambiente, denunciaron los
abusos que desde hace años sufren en México por las luchas contra los proyectos
extractivos y la destrucción de los recursos naturales, durante la visita
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, Michel Forst.
La agrupación del Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) narró a Forst las múltiples
violaciones a los derechos humanos de las que son objeto los opositores a la
industria extractiva en el ejido de La Sierrita de Galeana, Durango, y también
dio a conocer las afectaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
por la ausencia de consultas para la instalación de plantas eólicas.
De acuerdo con la información de los
defensores, con la industria extractiva de La Sierrita se obtienen plata, plomo
y zinc de la mina La Platosa, que luego de 30 años continúa con la ocupación de
27 hectáreas del ejido, para lo cual hizo “un
pago único de un millón 200 mil pesos”.
En 2008 los ejidatarios se inconformaron por
los “injustos” acuerdos y obligaron a
los dueños de Excellon, consorcio al que pertenece la mina, a firmar un nuevo
contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas, a cambio de 5
millones 500 mil pesos anuales “que
aumentarían año con año dependiendo de la inflación”.
Pero en 2012, ante el incumplimiento, los
campesinos recurrieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede
en Torreón, Coahuila, lo que derivó en represalias contra los inconformes.
Daniel Pacheco, presidente del comisariado
ejidal de La Sierrita, explicó al relator que durante 2013 sufrieron “amenazas, hostigamiento y violencia por
parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de
protección patronal”, en tanto que ProDESC, la organización que los
acompaña, “enfrentó también una campaña
de desprestigio, estigmatización, hostigamiento en su contra y el allanamiento
de sus oficinas”.
Por otro lado, los integrantes de la Asamblea
Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunciaron a Frost que hubo violaciones al
derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la instalación de los
parques eólicos Bií Hioxo, de las empresas Gas Natural Fenosa, contra quien
impusieron varios amparos, y Eólica del Sur.
De acuerdo con Mariano López, vocero de la
APPJ, en la consulta de 2014 “no se
cumplieron los principios básicos establecidos por el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (y) se documentaron 30 incidentes de seguridad, la mayoría en contra de
quienes cuestionaron la implementación del proyecto, el procedimiento o la información
otorgada durante la consulta indígena”.
El dirigente alertó que “el plan de desarrollo de paquetes de generación de energía eólica en
el Istmo de Tehuantepec pretende expandirse sin considerar los derechos de las
comunidades”, como parte de las secuelas de la reforma energética y sus
leyes secundarias.
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