El mayor aumento al precio de los combustibles en casi dos
décadas
América Latina en movimiento
10/01/2017
En México
inicia un 2017 que muchos desean que acabe ya. Con las doce campanadas de año
nuevo –o tal vez, viejo- entraba en vigor el mayor aumento, en el precio de los
combustibles en casi dos décadas.
El
nuevo ‘gasolinazo’ que fuera
previamente anunciado un par de días después de Navidad, ha generado una oleada
de indignación popular que en la primera semana de protestas, movilizaciones,
toma de estaciones de servicio, paro de transportes y saqueos, dejó un saldo de
al menos seis muertos, 15 heridos y más de 1.500 detenidos.
Numerosos
economistas coinciden en que se trata de un duro golpe al bolsillo de los
mexicanos. Y es que el efecto multiplicador de la gasolina se replicará en un
aumento de la inflación previsto en 3% y que inevitablemente encarecerá el
costo de vida de todos, utilicen vehículos o no.
¿Cuáles
son los nuevos precios por litro de los carburantes?
.- La gasolina Magna pasó
de 13,98 a 15,99 pesos (US$0,77), lo que representa una subida del 14,2%.
.- La Premium pasó de
14,81 a 17,79 pesos (US$0,85). Ésta es el tipo de gasolina que sufre un mayor
incremento, alcanzando el 20,1%.
.- Por último, el Diesel incrementó su precio pasando de
14,45 a 17,05 pesos (US$0,82), lo que representa un incremento del 16,5%.
Si
echamos la cuenta atrás, nos encontramos con que no es la primera vez que el
gobierno de México aumenta el precio de la gasolina.
Sólo
durante el tercer trimestre de 2016 hubo tres incrementos consecutivos que
junto a los otros, aplicados desde que Enrique Peña Nieto llegó al poder en
diciembre de 2012, representan un alza acumulada del 48%.
Siempre
puede ser peor
“Pasaremos de un entorno en donde teníamos una sola gasolina, un
solo precio y un solo proveedor, a un esquema donde tengamos más libertad, más
posibilidades de escoger y donde los precios vayan reaccionando en función de
cómo se vayan ajustando los costos, insisto, como cualquier otro precio de la
economía”, José Antonio Meade, Secretario de
Hacienda de México.
El
nuevo esquema de venta de gasolina no fue pensado de la noche a la mañana. En
realidad, éste se enmarca en un plan de liberalización de los precios con el
que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pretende que para enero de
2018, los combustibles se comercialicen a precio de mercado a lo largo y ancho
del país. Esto se traduce en que los precios finales de los carburantes
reflejarán al menos cinco variables: el precio internacional del petróleo, los
gastos de transporte y almacenamiento, así como el coste por refinación, el
margen comercial de cada compañía, los impuestos (IVA, IEPS) y el tipo de
cambio entre el peso y el dólar estadounidense.
De
esto se desprenden dos consecuencias inmediatas. Como no habrá un precio único
fijado por el gobierno, los números cambiarán diariamente. Tampoco habrá
estaciones de gasolina exclusivamente de la industria nacional, por lo que
nuevas compañías privadas extranjeras también estarán en condiciones de
suministrar el hidrocarburo. No olvidemos que estamos hablando de un país en
donde la venta de gasolina genera ganancias superiores a los US$65.000 millones
anuales.
La
falsa ilusión de la Reforma Energética
El 4 de enero
de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto aseguraba que gracias a la Reforma
Energética no habría más gasolinazos.
Hoy sabemos que aquel anuncio no es más que una promesa rota de la cual se
puede desmenuzar un trasfondo incluso más oscuro.
En
términos generales, la política energética impulsada durante décadas por los
distintos gobiernos de México han asentando las bases del viejo modelo de
privatización, ese que pasa por la transferencia de las riquezas al extranjero
y el desmantelamiento de la economía nacional. El manejo de la industria
petrolera, que por años ha estado en el centro del debate, es el ejemplo más
nítido y una de las principales razones de esta realidad.
La
reforma energética promulgada en 2014 cambió las reglas del juego y abrió un
negocio multimillonario. La legislación sacó adelante cambios a la constitución
en sus artículos 25, 27 y 28 a fin de autorizar la participación de empresas
privadas, mexicanas y extranjeras, en las actividades de exploración y
explotación del 17% de los campos petroleros y la cesión de derechos al 79% de
los bloques donde existen reservas en territorio mexicano. De acuerdo con datos
de la Comisión Reguladora de Energía, los recursos prospectivos de
hidrocarburos del país, noveno productor mundial de petróleo, son mayores a
100.000 millones de barriles. La cifra incluye los yacimientos probados y
posibles de crudo en aguas someras, tierra y en mar profundo, y también
contempla los mantos de gas natural y shale, que se extrae
por el sistema de fractura hidráulica o fracking.
El
otro pedazo de la torta corresponde al negocio de la energía eléctrica. Con la
Reforma Energética el capital privado también tendría licencia para abastecer a
grandes consumidores como industrias y comercios que representan más del 50% de
las ventas totales de la Comisión Federal de Electricidad y que en 2013
representaron ingresos a México por US$13.000 millones.
Como
vemos, el país se perfila como un proveedor estratégico de crudo y otras formas
de energía a otras naciones, pero a costa de la soberanía nacional.
Privatización
encubierta
El declive
productivo de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, ha sido utilizado como el
gran propulsor de la Reforma Energética.
La
principal y única compañía estatal petrolera del país tiene problemas de
solvencia. Hasta 2015, tuvo pérdidas de hasta US$40.000 millones y deudas por
casi US$100.000 millones. Por su parte, la escasa reinversión de ganancias en
la industria nacional ha hecho desaprovechar la oportunidad de utilizar el
recurso fósil como palanca para el desarrollo económico de México.
De
esta crisis se explica que, bajo la excusa de sanear las cuentas, potenciar la
productividad industrial de Pemex y aumentar la competitividad del sector, el
gobierno de Enrique Peña Nieto oculte sus planes cada vez menos encubiertos de
privatizar la industria petrolera.
Desde
mediados de 2015, la estatal petrolera dio inicio a la etapa de licitaciones a
partir de las cuales compañías estadounidenses y británicas en el negocio de
los hidrocarburos, compiten entre sí para cosechar los beneficios derivados de
contratos de producción compartida para la exploración y extracción de
hidrocarburos. Según estimaciones del ejecutivo, el proceso de apertura al capital
privado se traduciría en una lluvia de inversiones extranjeras que finalmente
apuntalarían el desarrollo económico del país. Una estrategia que hasta la
fecha no ha reportado ningún éxito en tanto el flujo de inversiones ha estado
por debajo de lo anticipado por el gobierno.
Hay
que tener en cuenta que Pemex proporciona al gobierno federal un tercio de sus
ingresos anuales, en tanto que la renta petrolera representa el 6.8% del PIB
del país. En otras palabras, la privatización de la estatal se traducirá en
menos recursos para cubrir necesidades de inversión pública y, según la lógica
del gobierno actual, obligarán a intensificar los ataques contra programas
sociales, algo especialmente delicado en el clima de descontento popular
generalizado con la gestión de EPN.
No
hay que olvidar que todo este contexto se inscribe dentro de un escenario de
profunda fractura social. Según datos del Consejo Nacional para la Evaluación
de la Política de Desarrollo Social Mexicano (CONEVAL), de los 127 millones de
habitantes de México, más de 55 millones vivían en la pobreza en 2014. Además,
según un estudio de ese mismo año hecho por el Banco Mundial, un tercio de la
población de ese país sobrevivía ganando menos de cinco dólares diarios.
Los
costos de esta operación, sin embargo, no se reservan a lo socio-económico; la
pérdida de soberanía también ha puesto su tarifa política. Sin duda, un
triunfo para los intereses petroleros extranjeros y sus aliados en México, que
han tratado de desmantelar lo que quedaba de la industria y del país.
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