Publicado
por: POZOL COLECTIVO
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Informe
completo: Los
Caminos de la Resistencia
diciembre
21, 2016
La conflictividad que hay en el país, no es nueva. Sin
embargo, el nivel que ha alcanzado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, es
superior al de los gobiernos anteriores. La administración actual, a diferencia
de sus antecesores, está dispuesta a imponer sus proyectos de gobierno, sobre
todo las llamadas reformas estructurales,
a toda costa, aunque implique el uso excesivo de la fuerza pública, contra las
expresiones de inconformidad.
En el periodo de tiempo que
abarca este balance, se han desarrollado una serie de acciones en contra de la
protesta social, particularmente represión contra el disenso de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la reforma educativa. Se
ha criminalizado su lucha y se han iniciado procesos judiciales en contra de
varios dirigentes de ese movimiento.
En Chiapas, el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ha documentado el uso
desproporcionado de la fuerza pública, la detención arbitraria, el traslado
injustificado al Penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit, de 18 docentes;
así como hostigamiento judicial, amenazas, acciones de intimidación, tortura y
tratos crueles inhumanos al menos a 24 docentes que se encontraban en actos de
protesta en Tuxtla Gutiérrez y en SCLC, el 16 de abril de 2016.
Durante los meses que han
durado estas acciones de protesta, en defensa de la educación pública y en
contra de la reforma educativa, diferentes acciones sociales, peregrinaciones
del Pueblo Creyente de la Diócesis de SCLC, manifestaciones de apoyo por parte
de padres de familia, barrios y colonias organizadas, ONG’s, movimientos
sociales y campesinos, medios libres, estudiantes, colectivas y colectivos han
demostrado su solidaridad y apoyo al movimiento magisterial.
Al contrario, la acción del
Estado y de sus aliados, los medios de comunicación oficiales vinculados a él,
las cadenas televisivas y radiofónicas afines al poder político y económico,
así como el sector empresarial han jugado un papel para desprestigiar y tratar
de deslegitimar el movimiento.
Durante este tiempo el
Frayba ha documentado la llegada a Chiapas de elementos de la PF, la presencia
intimidatoria de elementos de cuerpos policiales del estado de Chiapas,
sobrevuelos de helicópteros y la amenaza de desalojo violentos utilizando
grupos de choque en contra del movimiento magisterial y de la sociedad civil
que apoyaba la protesta.
En Nochixtlán, Oaxaca, el 19
de junio de 2016 las acciones de represión llevaron a la agresión con armas de
fuego por parte de la PF, lo que provocó la muerte de once personas, por lo
que, ante lo ocurrido, diversas organizaciones de la sociedad civil han
manifestado su apoyo al movimiento magisterial:
“La indignación de la sociedad crece de la mano del movimiento
magisterial. La resistencia de las maestras y maestros, ante la imposición de
la llamada reforma educativa, convoca a la sociedad a defender la educación
pública, gratuita y soberana de nuestro pueblo, acorde con nuestras realidades
y genuinas necesidades, y a demandar la derogación de la reforma punitiva que
pretende acabar con los derechos de las y los trabajadores de la educación” RED TDT.
Los excesos policíacos de
Nochixtlán, uno de los momentos más álgidos y preocupantes de esta política
represiva, se confirma con el discurso autoritario de Miguel Ángel Osorio
Chong, Secretario de Gobernación, quien enfáticamente dijo que “se agotó el tiempo” y que “las afectaciones a la ciudadanía deben de
terminarse”. Por su parte Manuel Velasco Coello, Gobernador del estado de
Chiapas, acompañado por el General Crisanto García, jefe del Estado Mayor de la
VII Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, secundando el discurso del
Secretario de Gobernación, realizó una lamentable expresión y, parafraseando al
Presidente Gustavo Díaz Ordaz antes de la masacre de 1968, dijo: “Hemos sido tolerantes a excesos
criticables”.
En Chiapas también se han
generado protestas en el sector de salud, personal de clínicas y hospitales del
estado, quienes se han manifestado por las condiciones laborales: falta de
medicamentos, insumos de trabajo y mejora de la calidad de salud para la
población.
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