Acción
Urgente: Criminalización y riesgo inminente de represión contra el pueblo nahua
de la Costa-Sierra de Michoacán
Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de medios libres
16 de noviembre de 2016
Para firmar en línea: http://redtdt.org.mx/?p=7536
La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación
Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas contamos con información en el
sentido de que se han agudizado las acciones de criminalización contra el
ejercicio del derecho a la protección autónoma comunitaria especialmente
mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las
policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan
Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra-Costa de Michoacán en los
municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. Particularmente existe
preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del
comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía
comunitario Aristóteles Flores Chávez.
Estas acciones de
criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región
realizaran como acción de protesta y llamamiento a la negociación el bloqueo de
la carretera federal 200 y la toma de las presidencias municipales de Coahuayana,
Aquila y Chinicuila. Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que
ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo
Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un
entendimiento de la realidad que se vive la región.
De acuerdo con la
información obtenida directamente en la región, y en virtud de los antecedentes
que referiremos, existe una preocupación legítima y fundada de riesgo inminente
de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o
grupos delictivos.
Recordamos que
precisamente con motivo de la detención de Cemeí Verdía, uno de los líderes de
la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo
conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal,
se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la
comunidad de Santa María Ostula que dejaron un saldo de un niño privado
arbitrariamente de la vida presuntamente por elementos castrenses, varias
personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas.
A las organizaciones de
derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas
cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a
la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las
exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto
en riesgo la vida y la integridad de los habitantes.
Tenemos conocimiento de
las múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que han
elevado las comunidades de la región sin que se hayan encontrado respuestas
efectivas por parte de las autoridades competentes. Esta omisión se extiende a
las reiteradas denuncias de las comunidades para que sean detenidos Federico
González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como
responsables de estos hechos.
Hacemos un llamado al
gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el
diálogo, atendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque
que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para
ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y
fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de
Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para
recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la
corrupción.
En el mismo sentido,
llamamos al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la
vida de miles de personas en la región Costa Sierra, así como que se asegure un
clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios
sean respetados.
Favor de mandar sus cartas con copia a:
y dirigir sus intervenciones a:
Presidente Enrique Peña Nieto.
Fax: (+52) 55 5093 4901.
Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador Constitucional del Estado de
Michoacán.
Teléfono: (+52) 443 322-90-00 ext:109
E-Mail: silvanoaureoles@michoacan.gob.mx
Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación (Ministro del
Interior).
Fax: + (+52) 55 5093 34 14.
E-mail: secretario@segob.gob.mx
Raúl Cervantes Andrade,
Titular de la Procuraduría General de la
República (PGR)
Teléfono: 53460000
E-mail: raul.cervantes@pgr.gob.mx
Roberto Campa Cifrián,
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación.
Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586.
E-mail: llimon@segob.gob.mx
Paulo Abrao;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A.
20006
Teléfono: (202) 370-9000 / Fax: (202)
458-36
E-mail: cidhoea@oas.org
Jan Jařab,
representante en México de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Correo-e: oacnudh@ohchr.org
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