Por Valentina Valle y
Michelle Carrère
Colaboración
Agencia SubVersiones
04 noviembre, 2016
Jackson Javier Montiel es un joven nicaragüense que salió de
Somotillo, en el departamento de Chinandega, en noviembre de 2010. Después de
un mes llegó a la frontera entre México y Estados Unidos y allí pidió por
teléfono dinero a sus padres, para «pagar
el coyote y pasar del otro lado». Tras esta última llamada, su familia
nunca volvió a escuchar de él. En 2015, Gonzalo Montiel Matuguadalupe-21te, su
padre, se sumó a la caravana que el Movimiento Migrante Mesoamericano organiza
cada fin de año para buscar migrantes desaparecidos. En aquella ocasión le
preguntamos sobre la situación en Nicaragua, Gonzalo respondió seguro que «la obra del presidente actual ha sido muy
buena, el pueblo está consciente, que ha sido beneficiado con muchos proyectos,
en el trabajo, en el campo, en la educación y para los jubilados que ahora
tienen una pensión, aunque reducida». El Canal Interoceánico, según
Gonzalo, es una «oportunidad para emplear
bastante mano de obra y avanzar en el desarrollo y si hay personas que se han
resistido son pocos, y el gobierno está haciendo esfuerzos para llegar a un
entendimiento, pagándoles las tierras a un precio justo o permutándolas».
«Vamos por buen camino», concluye Gonzalo con la mirada fija, como si
estuviera leyendo uno de los carteles multicolores que plagan las calles de su
país. La pregunta: ¿entonces por qué Jackson Javier se fue, si en Nicaragua el
futuro es tan prometedor?, queda en el aire.
A pesar de los datos
positivos del Banco Mundial (BM) al destacar el país «por mantener niveles de crecimiento superiores al promedio de América
Latina y el Caribe» y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que declara
el cierre de sus oficinas debido al «éxito
que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica y el
crecimiento», en el Panorama Social de América Latina 2014 de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Nicaragua sigue figurando
como el segundo país con más pobres de América Latina, con un porcentaje del
58.3% de pobres y un 29.5% de indigentes; datos nefastos superados sólo por
Honduras.
Además, el país presenta
los peores porcentajes de pobreza multidimensional con un 74% en la medición de
este índice que, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
conjunto con la Universidad de Oxford, permite identificar las personas más
vulnerables, los aspectos en los cuales se ven privados y las interconexiones
entre estas privaciones. Si se desglosan los datos según la zona de residencia
(rural o urbana), resulta que el 94% de los pobladores de áreas rurales están
en situación de pobreza multidimensional, contra un 59% en las áreas urbanas.
Para enfrentar esta
situación, en el mismo reporte se lee que la inversión nicaragüense en gasto
público social está por debajo del 15% del PIB, muy insuficiente si se compara
con el 40% de Cuba y el 25% de Brasil y Argentina. Esto, a pesar de la retórica
asistencial-populista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que
insiste en los valores cristianos y solidarios de la República. De la misma
manera, el 30.2% de jóvenes, que constituyen el grueso del electorado y hacen
de Nicaragua el país con más jóvenes de América Latina junto con El Salvador,
se ve beneficiado con una inversión social sólo del 1.4% del PIB, muy por
debajo del 2.6% de la media latinoamericana.
En este contexto, resulta
bastante claro como el espejismo de un Canal Interoceánico capaz de duplicar el
PIB nacional y generar alrededor de 250 mil empleos haya sido utilizado para
distraer la atención nacional de las reales problemáticas del país. Además de
ser una excelente cortina de humo para encubrir el enésimo proyecto de neoextractivismo
progresista, que se suma a las miles de iniciativas de semejante índole
diseminadas por toda América Latina.
El neoextractivismo
progresista
Según Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología
Social (CLAES) en Montevideo, Uruguay, el neoextractivismo progresista es «un modelo diferente de los propuestos por
los gobiernos conservadores, pero de todos modos basado en la misma explotación
masiva de la naturaleza, en las economías de enclave y en una inserción global
subordinada». En su texto Diez tesis
urgentes sobre el nuevo extractivismo, el investigador analiza el cambio en
la nueva izquierda latinoamericana que, después de alcanzar el poder gracias a
los movimientos sociales con los cuales pretendía compartir demandas de equidad
y justicia, ha regresado a un modelo exportador y explotador, aunque con una
presencia más activa del Estado y tal vez renegociando contratos, regalías o
tributos.
Así, en la Nicaragua
neoextractivista de Ortega, el Canal Interoceánico se configuraría como el
enésimo proyecto propuesto por una izquierda progresista y presentado como
motor del crecimiento económico y contribución clave para impulsar el
desarrollo. Un desarrollo que, además, no llevaría el sello de Estados Unidos
sino de China y que, en línea con el discurso bolivariano, pondría un alto a la
injerencia del “gigante del Norte” en
los asuntos internos del país. Sin embargo, según Adrián Uriarte, coordinador
de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas de la Universidad de Ciencias
Comerciales de Managua, se trataría solamente de una fachada, puesto que «[los Estados Unidos] no van a permitir que desplacen su
hegemonía, lo más seguro es que el canal ni se haga, porque sólo se sabe que
hay una ley, un montón de reglamentos y normas que afectarían a mucha gente,
pero, en concreto, no hay nada». El “gigante
del Norte” mantendría así un perfil bajo, buscando un diálogo con este
gobierno que, en público, ostenta un modelo de populismo responsable y un
discurso antineoliberal, mientras, en privado, no cambia sus redes de negocio.
Desde un punto de vista
político, Uriarte enlaza esta estrategia con el «neocolonialismo del ALBA» –la Alianza Bolivariana para América
Latina– con una participación extraordinaria de Venezuela, Cuba y Rusia. El ex
presidente Chávez habría sido un actor clave para proporcionar el capital
necesario para desarrollar «una política
asistencialista que sin este dinero nunca se habría podido cumplir». Los
casi dos mil millones de dólares que Venezuela ha invertido en Nicaragua desde
2008 hasta el primer semestre de 2015, serían la fuente de las fiestas
barriales, de las procesiones religiosas y las celebraciones de santos patronos
organizadas en conjunto con la Iglesia y financiadas por el Partido; de las
piñatas para los niños y del Internet para los adolescentes.
Entonces, si por un lado,
los petrodólares bolivarianos permitieron «ganar
los corazones y las mentes de los nicas», por el otro, Cuba habría
proporcionado la herramienta para hacerlo de la mejor manera, exportando su
organización de control barrial, municipal y departamental; mientras Rusia
habría constituido el referente del poder militar. Una hipótesis confirmada por
la compra de cincuenta vehículos blindados a un costo aproximado de 80 millones
de dólares, ocurrida el pasado mes de abril. La noticia causó mucha sensación,
aunque en realidad se trataba sólo de la última tanda de un arsenal militar
constituido por sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, helicópteros Mi-17V-5 y
lanchas patrulleras.
Desde un punto de vista
emotivo, los puntos fuertes habrían sido, en cambio, un discurso enfocado en
los valores cristianos que guían esta Nicaragua segura, distanciada de la
violencia extrema del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador,
Honduras) y una serie de metodologías lúdicas que incluyen música, conciertos,
entretenimientos y deportes, en su mayoría dirigidos a grupos jóvenes de áreas
marginales donde «no se resuelve el tema
del empleo, de la educación, de la salud pero en cada parque hay Internet Wi-Fi
para conectarse a Facebook», concluye Uriarte.
El «súper poder» del Frente
En la «Nicaragua
cristiana, socialista y solidaria» anunciada por los afiches de Daniel
Ortega, la separación de los poderes del Estado, principio fundamental de la
democracia, es cuento de otra nación. Periodistas, políticos y activistas de derechos
humanos nicaragüenses han denunciado un régimen autoritario donde la excesiva
concentración de poderes en el ejecutivo es su primera evidencia.
El pasado 8 de junio, la
Corte Suprema de Justicia invalidó la candidatura de la coalición opositora, para
las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, dejando a Ortega
como único candidato. Días antes, el presidente había señalado tajante que no
habrá observadores internacionales durante el proceso: «observadores
sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros
países»
La negación a la
posibilidad de realizar elecciones transparentes, libres y competitivas ha
conmocionado al país. Ya no hay dudas sobre la ambición de Daniel Ortega de
perpetuarse en el poder; y el mal recuerdo de la dictadura de Somoza merodea
como un verdugo en la frágil democracia nicaragüense.
Estos acontecimientos son
el jaque mate de una partida de ajedrez hace tiempo controlada por el
presidente. La dominación ejercida sobre el Consejo Electoral fue demostrada en
2008, cuando a través del fraude electoral municipal, el orteguismo logró
posicionarse como un proyecto hegemónico. De igual manera, el control sobre el
poder judicial ya había sido de conocimiento público, en repetidas
ocasiones, a través de escándalos de corrupción.
Un estudio realizado en 2012
por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES)
señala que «sólo un 2,5% de los 444
funcionarios judiciales han sido nombrados por concurso. Los demás han sido
nombrados directamente» y agrega que «la
existencia de bancadas partidarias dentro del órgano supremo del Poder Judicial
ha sido un fenómeno negativo que ha afectado, y en algunas ocasiones
paralizado, no sólo el quehacer de la Corte Suprema, sino de todo el Poder
Judicial»[1].
Por otra parte, de los 92
diputados que integran la Asamblea Nacional de Nicaragua, órgano unicameral
encargado de ejercer el poder legislativo, 69 son del FSLN; una mayoría
absoluta, si se considera que 60 son los votos necesarios para aprobar una ley.
En junio de 2013, la prensa nicaragüense dio a conocer la destitución de la
diputada oficialista Xochilt Ocampo luego de que ella se negara a votar en
favor de la concesión del canal. Una prueba contundente de lo que María Teresa
Blandón llama Frente Sandinista monolítico: «hay
un reducido grupo de gente que toma decisiones y todos los demás se callan».
Al control de los poderes
del Estado, se suma el ejercido sobre los medios de comunicación a través de lo
que Guillermo Rothschuh, fundador y director del Observatorio de Medios de Comunicación-CINCO,
señala como «libertad condicionada».
El término se traduce en «la creación de
su proprio aparato mediático por la familia gobernante, en control y entrega
parcializadas de licencias de radio, televisión y telefonía». La censura a
la libertad de prensa en Nicaragua se maneja con sutileza ante los ojos de la
comunidad internacional. Desde su regreso al poder, Daniel Ortega nunca ha
concedido una entrevista y los medios de comunicación críticos del gobierno
tienen acceso restringido a las conferencias de prensa en los Ministerios del
Estado. Así, «el gobernante se mantiene a
buen resguardo de quienes desean preguntarle sobre la ayuda venezolana, la
política económica, la creación de un Estado corporativo, las razones para
otorgar –en términos lesivos para la soberanía nacional– la concesión de la
construcción del canal interoceánico a Wang Jing», asegura Rothschuh.
El sistema comunicacional
oficialista, en cambio, enaltece los programas sociales llevados a cabo. El
sociólogo Manuel Ortega, director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC)
de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua y que en los años 80 fue
asesor del gobierno sandinista, explica que todas las acciones del FSLN «entran en una maquinaria de propaganda que
tiene un gran impacto en la población (…) y que provoca permanentemente ilusiones de que si no les ha llegado el
beneficio en algún momento les va a llegar».
De esta manera, a pesar
del creciente autoritarismo del Gobierno, el apoyo popular del presidente es
innegable. Así lo demuestra la última encuesta de M&R Consultores, fechada
enero 2016[2]:
un presidente que cuenta con un 77.6% de apoyo y un partido político que lidera
con un 89%.
El súper poder del Frente
parece así actuar como una armadura que ha logrado proteger este Gobierno de la
impopularidad, incluso ante grandes escándalos de corrupción como el probado
enriquecimiento de la familia Ortega por medio de la cooperación venezolana.
Sin embargo, Ortega no se da por satisfecho y, aunque en las últimas encuestas
pre-electorales resultara el favorito, «quiere
la seguridad y certeza de que no va a tener ninguna sorpresa», afirma el
sociólogo Manuel Ortega. Según su análisis, la derrota del año 1990, cuando las
urnas desmintieron las encuestas, es un recuerdo todavía muy vivo y la
eventualidad de que algo análogo se repita representa una amenaza suficiente
para la coacción de las elecciones libres, transparentes y competitivas.
La cita para confirmar o
desmentir suposiciones e interpretaciones es para el domingo 6 de noviembre,
cuando se abrirán oficialmente las elecciones en el país. Mientras a los y las
nicaragüenses no queda otra opción que mirar las luces de los «arbolatas» iluminar las plumas postizas
de Hugo Chávez en el centro de la capital. Y preguntarse qué pensaría Sandino
cuando Ortega descaradamente afirma «estamos
cumpliendo».
NOTAS:
[1] Aportes a una justicia al Servicio del
Desarrollo: la carrera judicial. Funides. Abril 2012.
[2] Voto 2016 Nicaragua Elige. Primera encuesta
electoral. Febrero 2016. M&R Consultores.
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