Por Gearóid Ó Loingsigh*
Fuente: El Salivión, revista de expresión cultural
Red Latina sin fronteras
Publicado: 20 noviembre,
2016
Renegociar está de moda. El
Presidente-Electo de los EE.UU., Donald Trump amenaza con renegociar todo, o
simplemente quemar los acuerdos firmados por su país. Pero la derecha colombiana le ganó en esa
carrera. Después de su victoria en el
plebiscito, Uribe y los pastores evangélicos entre otros, no perdieron tiempo
en exigir la renegociación de lo
acordado. Los temas más salientes, los
derechos de la comunidad LGBTI, la impunidad para Uribe y sus secuaces y por
supuesto, como parte de eso, la cuestión de las tierras. La izquierda,
sin embargo, guardó silencio sobre el contenido de los acuerdos y alzó su voz
para defenderlos en tu totalidad.
Casi toda la izquierda salió a pedir a la población
que se movilizara en defensa del Acuerdo
Final de Paz, incluyendo los que expresaron su rechazo o discrepancias a
varias partes del texto, es decir, los que hicieron campaña pidiendo que la
gente votara Sí, pero…
Ahora que se renegoció el
acuerdo, pudieron aprovechar la coyuntura para hacer lo mismo que la derecha; exigir
cambios en el texto. Pero no, no
pidieron nada. ¿No hay nada que les
gustaría cambiar? ¿Qué fue ese pero? Vale la pena mirar donde en el texto se pudo
pedir o por lo menos plantear cambios.
Hay muchos cambios, muy reformistas, que se pudo hacer, pero la izquierda
ni los planteó. Prefirieron defender un
acuerdo que en algunos casos criticaron duramente. Aquí se pretende mirar al Acuerdo en cuanto a
las propuestas agrarias.
Cuando firmaron el Acuerdo, era, supuestamente, un acuerdo final, es decir, inmutable, y
las FARC en Conferencia X afirmaron:
Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones
mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro
alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin
renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones
estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación
impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y
verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la
dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas
de intervención en la vida nacional.[1]
Pero es obvio, ahora que
se renegociaron puntos importantes del Acuerdo, que este no respondía a las
condiciones mínimas para dejar las armas.
Lo mínimo no existe, ni siquiera después de la muerte en combate de dos
integrantes de las FARC en medio del supuesto cese bilateral del fuego. En eso, el proceso se parece al proceso
de Irlanda, donde el IRA y Sinn Féin, anunciaban una y otra vez líneas rojas, hasta que se les agotó la
tinta roja y guardaron el silencio definitivo, sin mayores intentos de seguir
engañando a su base social. Nada en los
acuerdos de Irlanda era definitivo, y se los renegociaron una y otra vez. Nada es definitivo en el proceso de Colombia,
a pesar de que ambos acuerdos llevan el nombre de Acuerdo Final. En Irlanda,
por lo menos tenían le decencia de ponerles nombres distintos a los acuerdos,
aquí en Colombia, parece una película de vaqueros y bandidos, y sólo falta que
Humberto de la Calle, anuncie El Acuerdo
Final Cabalga de Nuevo para luego presentar El Hijo del Acuerdo Final. Todo
era negociable, y sólo la derecha decidió aprovechar la coyuntura.
Primero hay que dejar
claro, que el Acuerdo no promete ni plantea en ningún momento una verdadera
Reforma Agraria. Las FARC en su
Conferencia X reconocieron esa
realidad en su documento interno.
Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y
sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades
campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades
afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral,
que supere la escandalosa concentración
de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios…[2] (énfasis fuera del original).
Así, esa crítica la vamos a dejar de lado, por el momento.
Vamos a mirar algunos
otros puntos primero, donde hasta el más reformista, la ONG y el político
corrupto podrían estar de acuerdo, aunque no lo dicen.
Cuando se mira el texto,
uno ve una larga lista de iniciativas donde el
Estado se compromete, montar
comisiones, comités, espacios etc. para fortalecer, promover, diagnosticar y hacer un seguimiento. Si
cumplen con la mitad de lo que dicen, tendrán que crear una burocracia de la
paz sin precedentes. Por supuesto, las
ONG están salivando. Amplios sectores
del Polo que vivieron de, y robaron, el erario público en Bogotá (igual que la
derecha) también están salivando, imaginando los puestos que pueden conseguir
en esas nuevas instancias ya que perdieron la mermelada de la Alcaldía de
Bogotá. Pero hay varios ejemplos, donde
la izquierda podría plantear cosas concretas, inclusive con sus apetecidas y
lucrativas comisiones. Pero no se
atreven a hacerlo.
Salud para el
Campesinado
El punto 1.3.2.1 del Acuerdo trata el problema de salud para
el campesinado. El gobierno y las FARC
proponen:
…fortalecer la infraestructura y la calidad de la red pública
en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la pertinencia de la prestación
del servicio, se creará e implementará el Plan Nacional de Salud Rural. Para el
desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios…
Entre los criterios que
mencionan se encuentran, la construcción y mejoramiento de la infraestructura,
enfoque diferencial y de género y “un
modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas, con énfasis en
la prevención”. Hasta aquí no hay
nada que criticar, son puntos que deben formar parte del programa de cualquier
gobierno. Pero no estamos hablando de un
programa o propuesta técnica frente a la salud.
Estamos hablando de un Acuerdo que jacta de poner fin a las causas del
conflicto y no mencionan ninguna de las causas de los problemas que viven en el
campo en cuánto a la salud. El
campesinado, como el resto de la población es víctima de la legislación que
rige en la materia, es decir, la Ley 100.
Pero no la nombran en ningún momento.
No proponen una revisión siquiera de esa ley, ni una lucrativa comisión,
que tanto les gusta, para diagnosticar la situación.
Algo parecido pasa con la
educación. Existen leyes, decretos etc. que afectan no sólo al campesinado sino
a las clases populares en su conjunto, tanto urbano como rural. Pero las FARC guardaron silencio. La izquierda que ha convocado, y seguramente
volverá a convocar marchas o protestas contra las políticas de salud y
educación, no dijeron absolutamente nada y cuando salió el nuevo Acuerdo Final, lo alabaron sin siquiera haberlo leído, tal
como hicieron con el primer acuerdo.
El Agro
Si miramos al punto de las semillas, un tema que afecta
directamente al campesinado, vemos algo que se puede clarificar, modificar,
precisar. En el punto 1.3.3.2 el Acuerdo
afirma:
La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos
de semillas para que las comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder al
material de siembra óptimo y, de manera participativa, contribuyan a su
mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios. Además, la estricta
regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien
común.
Es algo ambiguo cuando
habla de promover y proteger las semillas
nativas. Existe legislación que
obliga al campesinado usar las mal llamadas semillas
certificadas o mejoradas. ¿No pudieron nombrar la legislación que toca
cambiar? Por lo menos darnos una idea de qué se trata, en qué están
pensando. Pero no. Sin embargo, incluye algo positivo, aunque
general, sobre los transgénicos y el bien común. Así se quedó para la izquierda,
algo impreciso, que dejaba muchas dudas. La ultra derecha colombiana, no se
quedó quieta, y logró una transformación más precisa y reaccionaria. En este punto, en el nuevo Acuerdo Final se lee de la siguiente manera:
La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos
de semillas, sin restringir ni
imponer otro tipo de semillas como las mejoradas,
híbridos y otras, para que las
comunidades —hombres y mujeres— puedan acceder a material de siembra óptimo y,
de manera participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus
conocimientos propios. Además, la estricta regulación socio-ambiental y
sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común (énfasis fuera del
original).
Así, se promoverán las
semillas nativas pero sin restringir ni imponer otras clases de semillas. De un
plumazo, ponen las semillas nativas a competir con las mejoradas, sin la
posibilidad de incentivos reales para esas semillas. Claro, algunos dirán que no
hay restricciones como las que existen actualmente, pero las restricciones
legales no son las únicas que cuentan. Pueden restringir el uso de las semillas
nativas, limitando, no las semillas sino los créditos para dichas semillas, o
quitando subsidios etc. Mantiene la regulación a los transgénicos. Sin embargo,
aún donde son permitidos en el mundo, son regulados, es como decir la estricta
regulación de los fármacos, algo obvio, pero no impacta su uso generalizado
frente a tratamientos distintos a los fármacos. Después de años de persecución
las semillas nativas vuelven a competir, pero ya con el daño hecho y sin
medidas para remediar la situación. Ni
siquiera pudieron prohibir los transgénicos, simplemente los regulan.
Si la izquierda no tuvo
nada que decir frente a temas, relativamente sencillos, como las semillas, pues
nada pudo decir, o nada quiso decir frente al tema del modelo agrícola. Se limitan las Zonas de Reserva Campesina a
las actuales, introducen el concepto de la “buena
fe” para los criminales que compraron los terrenos de los desplazados. En menos de tres meses, un grupo de expertos
recomendarán cambios normativos que “cuando
sea posible: Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios,
ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe”
(énfasis fuera del original).
Este último es un punto
importante, pues en muchas zonas los empresarios no actuaron directamente, sino
mandaron a los paramilitares a actuar y ellos luego compraron los terrenos, los
cuales pasaron por manos campesinas antes de finalmente reposar de “buena fe” en las sucias pero alejadas
manos de los terratenientes. Es difícil comprobar la mala fe en tales
circunstancias. La contra-reforma agraria de los paramilitares se legaliza. No
existen cifras exactas sobre la cantidad de tierras arrebatadas a los
campesinos, sino cálculos más o menos acertados, pero no hay duda alguna que la
cifra supera con creces los tres millones de hectáreas que formará parte del
Fondo de Tierras mencionado en el Acuerdo.
Es decir, los hampones que compraron de “buena fe” tienen en sus manos más tierras que el Acuerdo repartirá
y ahora con el nuevo cambio pueden quedarse con esas mismas tierras.
Además, según la reciente
publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras y Conflictos
Rurales, entre 1995 y 2012 adjudicaron 253.262 hectáreas a 85 personas en lotes
superiores a las 2.500 hectáreas. En el
mismo lapso entregaron 109.334 hectáreas a 13 personas en lotes superiores a las
5.000 hectáreas.[3] Se supone que los
baldíos de la nación solo pueden ser entregados a campesinos pero además no es
permitido entregar lotes tan grandes. ¿Podrán estos personajes alegar “buena
fe” en su adquisición de baldíos?
Seguramente que sí. Es más, el
Acuerdo no contempla cómo recuperar esas tierras y evitar la entrega de baldíos
en lotes tan grandes y a personas que no son del campo. De hecho, la política estatal actual, va en
sentido contrario. No es secreto que
Santos quiere entregar grandes lotes a multinacionales como Cargill y los
ingenios de azúcar. El Acuerdo, es sólo
un ejemplo más de esas políticas, esta vez con el apoyo de las FARC y el
silencio de una izquierda que no merece el nombre.
El modelo agro-exportador
sigue vigente. Insertaron en los
principios del Acuerdo (página 12) la siguiente perla:
Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del
campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción
existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial
de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la
inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición
para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de
encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción,
que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se
apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su
desarrollo y fortalecimiento.
Está claro que el nuevo Acuerdo clarifica que la Paz va de
la mano con las políticas actuales del gobierno de Santos y no representa
ninguna contradicción con la ley de las ZIDRES ni ninguna otra iniciativa del
Estado. Para rematar, clarifican para
los empresarios y paramilitares que “Nada
de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la
propiedad privada”.
El nuevo Acuerdo no sólo reafirma la situación actual de la tenencia y
uso de la tierra sino el modelo de producción en las zonas rurales. En varias partes habla del trabajo asociado,
es decir, donde el trabajador rural conforma una asociación para licitar su
trabajo, ya no como empleado, sino como “pequeño
empresario”. Valga la pena recordar,
que todos los izquierdosos, incluyendo los que ganan su sueldo calentando su
sillón en el congreso han denunciado una y otra vez esta forma de empleo. La
huelga de los corteros de caña dejó al descubierto este sistema de trabajo a
destajo. Pero aquí forma parte de un acuerdo
de paz, y los uribistas lograron agregar un párrafo muy importante sobre la
asociatividad y los campesinos en el punto 1.3.3.6
Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la
asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos
y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y
exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e
insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de
los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y
económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de
garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.
Este modelo de producción
donde el campesino corre con los gastos de la siembra y amarra su futuro a un
producto agro-exportable en “asociación”
con las empresas grandes es el viejo sueño de la oligarquía colombiana y es un
modelo aplicado en muchos países. En los
noventa experimentó su mayor empuje en Colombia mediante una alianza entre el
cura jesuita Francisco de Roux, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, la Unión Europea, y el mal llamado componente social del Plan Colombia
(no olvidemos este último elemento). Hoy
en día es política oficial del Estado y también del Banco Mundial, el FMI y los
gremios como Fedepalma, entre otros.
Centenares de dirigentes campesinos dieron su vida luchando contra ese
modelo a finales de los noventa y principios de este siglo, lo más notable
siendo los 500 dirigentes asesinados en el Sur de Bolívar después del Éxodo
Campesino de 1998. Quizás murieron por
nada, ahora que la izquierda y los defensores de derechos humanos alaban un
acuerdo que implementa el modelo contra lo cual lucharon. ¡Qué vergüenza! El tiempo nos dirá que harán
las organizaciones campesinas que llevaron a cabo esas luchas frente al Acuerdo
y una izquierda acomodada que los quiere traicionar.
Como paliativo anuncian al
final de ambas versiones del Acuerdo:
Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la
producción y a la comercialización, incluyendo, cuando sean necesarios, apoyos
directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía
campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos
que supongan la internacionalización de
la economía y la liberalización del comercio (énfasis fuera del
original).
Es decir, intentarán
evitar los impactos del modelo que quieren implementar. Qué bien que hayan pensado en los impactos
negativos al final, pero es dudoso que implementen esta parte, pues es poco
probable que esos subsidios directos a la producción cumplan con las reglas de
la OMC. Luego el gobierno dirá que sus
manos están atadas y ni quiero pensar que dirán las FARC y la izquierda no
armada.
Con este acuerdo las FARC
y la izquierda no armada, apoyan todo lo que criticaron durante tantos años.
Sus compañeros pelearon y fueron asesinados por el paramilitarismo para imponer
ese modelo y ahora es el modelo de la paz. Pero el nuevo
Acuerdo Final, no tiene la última palabra. Más adelante habrá más cambios y peores. El Acuerdo ya no forma parte
del Bloque de Constitucionalidad, así un simple acto legislativo puede cambiar
cualquier parte, tendremos El Acuerdo
Final Cabalga de Nuevo Sobre El Campesinado, pero a diferencia de esas
películas baratas de los años sesenta y setenta no habrá un héroe que llegue al
último momento para salvar al pueblito, o por lo menos esos personajes no
surgirán entre la izquierda callada. Corresponde a los campesinos y los obreros reorganizarse, muchas de sus
organizaciones ya no sirven, casi ninguna organización de derechos humanos
sirve, entregaron a las comunidades, sus muertos y sus demandas políticas a
cambio de nada y en varios casos lograron convencer a las comunidades que era
el camino correcto.
(*) Contactos: goloing@gmail.com
NOTAS
[1] Las 2 Orillas (25/09/2016) ¿Que discutieron
las FARC en sesión cerrada durante los 7 días de la X Conferencia? www.las2orillas.com
[2] Ibíd.,
[3] CNMH (2016) Tierras y Conflictos Rurales:
Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas, Bogotá, CNMH. Página 222.
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